PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011

La oposición reclama más fondos para viviendas

El proyecto que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante prevé menos del 0,2% para paliar la emergencia habitacional. Referentes de distintos partidos critican esta decisión por considerar que la partida es insuficiente. El Intendente responsabiliza a la Nación por esta situación.

En el marco de la notoria emergencia habitacional que se vive en el país -evidenciado por las usurpaciones en Villa Soldati- que tiene sus repercusiones en Junín, representantes de la oposición ponen el foco en el Presupuesto enviado por el Ejecutivo local al Concejo Deliberante que incluye apenas 195 mil pesos en el rubro correspondiente a viviendas.
Teniendo en cuenta que el total presupuestado es de 117.321.908,09 pesos, la partida destinada para viviendas implica el 0,17% del total.
Esta situación fue criticada con dureza por referentes ajenos al oficialismo por considerarlo insuficiente, dadas las condiciones actuales, en las que se denuncia una falta de viviendas de entre 3 mil y 6 mil, dependiendo de quién haga el cálculo.

El rol del Municipio

Para el intendente Mario Meoni, la responsabilidad en este ámbito es exclusivamente del Gobierno nacional, que es quien tiene la obligación de “garantizar” el derecho a una vivienda, porque “así lo establece la Constitución”.
Y amplía: “Hay recursos millonarios en el presupuesto nacional destinados a viviendas, pero tiene que haber un reparto más democrático, que llegue a todos los municipios por igual, teniendo en cuentas las necesidades básicas insatisfechas”.
En una posición similar, Rodolfo Pedernera, concejal por el MID, asevera que los planes habitacionales “los tienen que hacer la Nación o la Provincia”, dado que el presupuesto que maneja la ciudad no alcanza para atender esas necesidades y ejemplificó: “Fíjese que para obras como la construcción de la planta depuradora de gas o la pavimentación se recurre a la financiación externa”.
Desde su mirada, el Municipio “debe gestionar, golpear puertas y trabajar” en ese sentido. Además, considera que “podría ceder tierras fiscales a valores accesibles, que puedan ser pagados en cuotas”.
Magdalena Ricchini, edil de la Coalición Cívica, enfatiza que el que se envió a la Legislatura “es un presupuesto solamente de mantenimiento y esto se advierte en que se destina el 50% a pagar sueldos, el 25% a servicios, mientras que hay sólo 195 mil pesos para viviendas”.
Específicamente en el aspecto habitacional, Ricchini señala que el Municipio “debe trabajar sobre un banco de tierras, reserva de lotes, autoconstrucción, y distintas alternativas que puedan ayudar a solucionar este tema”.
La ex secretaria de Bienestar Social recuerda que durante su gestión ejecutiva se llevó a cabo un plan mediante el cual, jóvenes en riesgo social hacían bloques “que iban destinados a la autoconstrucción”, pero aclara que “para eso se necesita un equipo de gente”.
Por su parte, el coordinador provincial del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Traverso, asegura que “hay que agudizar la imaginación para encontrar una solución” a este tema.
En referencia a las competencias del Gobierno local, el funcionario señala que se podría “adquirir manzanas ociosas -que las hay-, luego urbanizar, llevar los servicios y vender los lotes en cuotas, que puede ser a través de sindicatos, cooperativas o emprendimientos similares”, dado que, según su análisis, solucionando el tema del acceso a la tierra -que es el más difícil-, se resuelve el 40% del costo de las viviendas.
Asimismo, agrega que podrían hacerse fideicomisos para esta actividad: “Acá se hizo uno para hacer el Autódromo, ¿por qué no se podría pensar en este recurso para un tema tan importante como el de la vivienda?”, se pregunta.
Para el dirigente de Tres Banderas, Andrés Rosa, el monto destinado en el presupuesto “es insuficiente”, y plantea que “se podría buscar, por ejemplo, alguna iniciativa de cogestión o fomentar planes de autoconstrucción, pero no se ven programas en ese sentido”.
Meoni, en cambio, afirma que su administración tomó medidas concretas, como la adquisición de 20 módulos de viviendas premoldeadas para familias con problemas de desalojos y la entrega de “más de 60 lotes” a familias de bajos recursos.