Piden derribar el mito de que las armas de fuego se usan poco para cometer femicidios

En Argentina, uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego que además son utilizadas para amenazar y violentar a mujeres, una realidad que organizaciones sociales investigaron y así sumaron aportes a las políticas públicas de desarme para la prevención de la violencia de género.
Las armas de fuego están diseñadas "para matar -a diferencia de las armas blancas que tienen otros usos-, tienen mayor letalidad y requieren menos esfuerzo del agresor. Son un problema grave cuando hablamos de violencia de género y femicidios. Hay que derribar el mito de que se utilizan poco para matar mujeres, ya que son usadas en uno de cada cuatro femicidios", dijo el abogado Julián Alfie.
El profesional es coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), una de las organizaciones que integra la Red Argentina contra el Desarme (RAD).
El Inecip realizó en los últimos cuatro años dos estudios analizando el uso de armas de fuego con perspectiva de género, mostrando cómo inciden en las violencias y los femicidios.
El último fue el del año pasado 'Cuando el macho dispara', una investigación "aproximatoria", con datos y análisis para "aportar a las políticas públicas".
Otro interés que despertó el informe es ver cómo interviene el Estado cuando hay riesgo evidente. La ley habilita a los jueces a ordenar el secuestro del arma y la inhibición registral" en fallos sobre violencia de género y femicidios "pero como sabemos el arma sigue en presencia del agresor", explicó Alfie.
Por su parte, Mónica Bouyssede, mamá de Alfredo Marcenac, asesinado hace 14 años a balazos por Martín Ríos -conocido como el "tirador serial de Belgrano"-, señaló que en Argentina "sólo un 2% de los usuarios de armas de fuego son mujeres; ellas son las víctimas de las armas".
Bouyssede, licenciada en Sociología, es coordinadora de la Cátedra Abierta en Educación para la Paz que lleva el nombre de su hijo, al igual que la asociación civil que crearon con Adrián, su marido, e integra también la RAD.
Recordó que el ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires constató que "no sólo se incrementaron los femicidios en el período de cuarentena por el coronavirus, sino también las situaciones definidas como de alto riesgo denunciadas en la línea 144, registrándose un 50% de casos en los que aparecen armas de fuego" en territorio bonaerense.
En este contexto, Alfie resaltó que "a nivel nacional, el 144 identificó que 26% de los agresores tienen armas de fuego".
De los 247 femicidios relevados en el registro oficial que elaboró la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en 2019 el 25% fue con armas de fuego, medio también empleado para un travesticidio/transfemicidio.
Además, la escena no es difícil de imaginar cuando el arma se usa para amedrentar, silenciar, golpear, violar: "Sólo hace falta que el agresor diga que tiene un arma o la muestre", confirmó Alfie.
Bouyssede pidió "un mayor control del Estado" y consideró "deseable" que, como parte de los requisitos para el certificado de aptitud psicofísica de los varones que soliciten un permiso para acceder a un arma de fuego o para quienes ingresan a las fuerzas de seguridad, "se evaluaran los antecedentes de denuncia por violencia doméstica u otras violencias, o se consulte a las mujeres convivientes sobre su opinión respecto de ingresar un arma al hogar".
En ese punto coincidió Alfie, ya que en otros países "se consulta a las victimas antes de dar un permiso de portación".
Si bien la ley que creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estipula como una de sus funciones "sistemas de control ciudadano para las autorizaciones, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género", para el abogado "no es efectivo".
Alfie propone, por ejemplo, revisar y cruzar otras bases de información del Estado "por ejemplo las del 911 y el 144", antes de otorgar un permiso de portación.