Quiebre en la UCR y la oposición no tendría los votos para voltear el veto

Mientras los bloques opositores daban casi por descontado que llegarán a reunir el quórum para habilitar la sesión especial en la que hoy la Cámara de Diputados volverá a insistir con la ley de movilidad previsional, más difícil les resultaba pensar en poder alcanzar los dos tercios que se necesitan para rechazar el veto presidencial que anuló el aumento a los jubilados. Esa posibilidad quedó prácticamente abortada con el giro que tomaron ayer cinco legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), que en junio votaron a favor de la reforma jubilatoria y ayer se juntaron con Javier Milei en la Casa Rosada.

A la reunión con el mandatario, que quedó inmortalizada en una foto, asistieron Pablo Cervi (Neuquén), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y José Tournier (Corrientes). La cumbre terminó de blindar así la posición a favor del veto del Presidente, a la par que sirvió para escenificar la crisis que se vive al interior del bloque que lidera Rodrigo De Loredo, que meses atrás impulsó la ley que apunta a recomponer las jubilaciones y modificar la fórmula de movilidad previsional, pero que ahora se divide dejando a la oposición sin los dos tercios para poder insistir con el proyecto que, según el Gobierno, compromete el equilibrio fiscal.

Con la fractura del bloque radical, el oficialismo está más cerca de alcanzar el tercio de las voluntades que requiere para bloquear la ofensiva opositora, sostener el veto y alzarse (por primera vez en semanas) con una victoria legislativa. Si todos los legisladores están presentes en sus bancas, deberá reunir 86 votos. De lograrlo, será un triunfo para la Casa Rosada y un golpe mayúsculo para el partido centenario, que no solo perderá cohesión, sino que también se verá obligado a explicar el viraje de los al menos 10 diputados que votarían en sintonía con el oficialismo.

Ya ayer, apenas trascendió la foto de la reunión de Milei con el grupo de cinco radicales, el presidente de la UCR, Martín Lousteau; su par bonaerense, Maximiliano Abad y Gastón Manes, titular de la Convención radical, exigieron a sus diputados que mantengan el voto de junio y que insistan para volver a poner en pie la ley que aumenta los haberes jubilatorios.

“Por los principios históricos de nuestro partido, esta Convención Nacional rechaza el veto presidencial, hace un llamamiento a los diputados y diputadas para que sean coherentes con la iniciativa que nuestro mismo partido había presentado y con sus propios votos que la habían apoyado, y pide enfáticamente que preservemos los valores de la Unión Cívica Radical hacia la dignidad de nuestros jubilados”, advirtió un comunicado firmado por Manes y el secretario general de la Convención, Hernán Rossi.

Además, avisaron que, “en caso de un eventual incumplimiento a lo resuelto, se dará inmediato traslado de lo acontecido al Tribunal Nacional de Ética de la UCR para el tratamiento de la conducta de sus afiliados que incurrieran en tal actitud”.

Con el anunciado giro copernicano de los radicales, lo único seguro hasta anoche era que se alcanzaría el quórum con al menos 129 diputados. En bloque bajarían Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Izquierda y la Coalición Cívica, más una porción de la UCR, Innovación Federal, Encuentro Federal y del Movimiento Popular Neuquino.

Con quórum pero sin el número para poder avanzar contra el veto, en el radicalismo proponían como “plan B” avanzar con un veto parcial que asegure el artículo que recompone el 8% de suba a los jubilados y que se acompañe el veto en los artículos de mayor impacto fiscal.

Esto es, rechazar el pago de los juicios y un aumento anual que sea del 50% de la variación salarial, si es que los sueldos le ganan a la inflación. Con esta estrategia, el radicalismo pretende “salvar la ropa” frente al resto de los correligionarios y la opinión pública en un tema con alto costo político.

El problema es que los demás los bloques de la oposición no lo acompañarían y, como también hacen falta dos tercios, no tendría el número. Además, en el kirchnerismo compartían acá la posición del oficialismo y consideraban que como el veto de la ley fue total, “no se puede” abrir el dictamen en el recinto porque tal cosa iría en contra del reglamento de la Cámara.

“Que se definan por el rechazo o la aceptación del veto”, desafiaban en Unión por la Patria, obligando al resto de los espacios a tomar una posición y buscando exponer, especialmente, al radicalismo.