Universidades: el Gobierno ofreció un 270 % de aumento para gastos de funcionamiento

El gobierno nacional confirmó el pasado lunes un ajuste por inflación del 270 % para gastos de funcionamiento de las universidades del interior del país. Es la misma cifra que había sido otorgada a la Universidad de Buenos Aires y que en su momento generó una fuerte reacción del resto de las autoridades universitarias que calificó de "discriminación" la medida, ya que desconocía la delicada situación en que se encontraba todo el sistema.

El acuerdo alcanzado ahora, sobre el que aún quedan temas pendientes de análisis y resolución, llega después de numerosos reclamos por parte de las autoridades de las casas de estudio, que venían advirtiendo desde enero sobre la imposibilidad de seguir funcionando con un presupuesto que se había quedado congelado a valores de 2023 frente a una inflación que escaló varios puntos en el arranque de la actual gestión nacional.

El reclamo se hizo bien visible con la multitudinaria marcha que se realizó a lo largo y ancho del país el 23 de abril, en defensa de la educación pública y de las universidades.

A partir de entonces, cuando el gobierno nacional pareció comprender la magnitud del planteo, se abrieron canales de diálogo que derivaron, primero, en un reconocimiento presupuestario a la UBA, por encima de las universidades del interior, y ahora al resto de las instituciones.

Apenas concluida la reunión con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se conoció un documento del Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el que se evalúa el resultado del encuentro.

"Las propuestas trasladadas el día de hoy (por el lunes) por el Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril".

Asimismo, "se acordó establecer mesas de trabajo para temas que se encuentran aún pendientes de resolución". En esa línea, enumeran resoluciones de 2023 pendientes de pago y asignación de fondos de ejecución 2024 para programas con financiamiento especifico; obras universitarias suspendidas; cálculo de presupuesto universitario 2025; programas de becas y asistencia estudiantil, y situación del sistema científico tecnológico y coordinación con las universidades nacionales.

En el listado figuran además "otros temas de interés del gobierno", como el Art. 33 de la Ley de Educación Superior, las medidas de transparencia y de rendición de cuentas de las universidades y el programa de alfabetización.

La recomendación a las autoridades del CIN hecha por el resto de los rectores son monitorear y controlar el funcionamiento de las mesas de trabajo, "de manera que permitan avanzar en soluciones que otorguen previsibilidad al sistema universitario para planificar lo que resta del año".

"Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado", reconocen los integrantes del Consejo.

Por último, ratifican su convencimiento acerca del "rol transformador de la universidad pública" y señalan que "los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación".