La mala educación

La educación pública en la Argentina padece un fuerte deterioro desde hace décadas. Cuando menos, desde 1966, en ocasión de la tristemente célebre “Noche de los Bastones Largos” ocasión en que la novel dictadura militar, encabezada por Juan Carlos Onganía, redujo a cenizas la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Fue el primer paso en acabar, no con la educación pública, sino con la calidad de la educación pública.
Desde entonces, de a poco, pero sin pausa, la matrícula en los establecimientos públicos de gestión privada de educación -en todos los niveles- fue “in crescendo”. Probablemente no a causa de un accionar deliberado para aumentar el número de estudiantes “privados”, sino como una forma de control político en un mundo signado por la “Guerra Fría”.
Más allá de los antecedentes, desde aquel momento, quienes gozaban de un mejor nivel de vida comenzaron a emigrar hacia los colegios públicos de gestión privada y hacia las universidades no estatales.
Fue goteo y no catarata. La educación pública, pese a todo, conservaba un aura de prestigio que la resguardaba aún del desastre a que sería sometida en el futuro.
El deterioro arrancó en el nivel secundario. La escuela primaria aún disponía de niveles de aprobación aceptables. Y la Universidad, pese a numerosos intentos de doblegarla, aún respondía. El prestigio de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Cuyo o Litoral la mantenía vigente.

No iba a durar para siempre
Intervenciones abiertamente fascistas durante el efímero tercer gobierno del general Juan Domingo Perón con el ministro de Educación, médico cirujano Oscar Ivanissevich, y con el rector normalizador de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, sucedieron a la universidad “montonera” de Ernesto Villanueva y Mario Kestelboim.
La educación pública pasó entonces a formar parte de una interna política, la del peronismo, que adquirió características de “guerra civil”.
Y de lo malo, se alcanzó lo peor: la sangrienta dictadura militar que comenzó en 1976. Entonces, la educación pública quedó maltrecha. Muertes, desapariciones, persecuciones liquidaron, por doquier, no solo a docentes y estudiantes, sino también a la ya deteriorada “calidad educativa” del sector público.
Fue un efímero reverdecer aquel período democrático de los años 80 signado por la presidencia de Raúl Alfonsín. La libertad retornó, el tiempo perdido obviamente no. Fue un respiro, un gran respiro, pero nada más. O sí,  porque por aquella época comenzaron los paros del gremialismo docente inscripto, invariablemente, en las internas peronistas.
Luego, el peronismo menemista, con Domingo Cavallo como todopoderoso ministro de Economía, redujo la educación de gestión estatal a una simple categoría de gasto público.

Todo a las provincias
Para sacárselo de encima, Cavallo traspasó la responsabilidad a las provincias. El Estado nacional solo quedó a cargo de las Universidades Nacionales. Los restantes niveles estuvieron a merced de las siempre flacas arcas provinciales.
Fue el puntapié inicial para la multiplicación de conflictos en las 24 jurisdicciones en que se divide el país. Fue, además, un abandono de la preocupación del Estado nacional por el sistema público educativo. Es decir, por la igualdad de oportunidades.
Es más, solo la resistencia universitaria encabezada por el rector Oscar Shuberoff, de la Universidad de Buenos Aires, junto a otros rectores del interior del país, todos ellos de extracción no peronista, impidió la desarticulación planificada de la educación superior de gestión estatal.
Justo es señalar también a la CTERA –la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina- con su carpa blanca y su dirigente Mary Sánchez –fallecida hace un año-, aunque su preocupación fue, antes que nada, gremial y referida al salario docente. 
Lo prueba el desmantelamiento de la Carpa Blanca retirada tras la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, un fondo de 660 millones de pesos –con la cotización uno a uno del dólar- destinado para salarios docentes, sancionada durante el fugaz gobierno de Fernando de la Rúa.
Con la llegada del kirchnerismo, el deterioro de la educación pública alcanzó niveles impensables cuando, desde los niveles gubernamentales, los docentes eran presionados para aprobar a todos los alumnos, sin importar el nivel de conocimiento alcanzado.
El resultado fue el trasvase de alumnos del sistema educativo público al público de gestión privada, por un lado, y la inseguridad de los docentes que, fieles a su vocación, intentaron resistir semejantes directivas. Así, se sucedieron las agresiones hacia maestros y profesores por parte de alumnos y padres o madres violentos.
Nadie resultaba castigado. Todo daba igual. Parafraseando a Enrique Santos Discépolo “lo mismo un burro que un gran profesor”. En el país de Sarmiento, de Houssay, de Leloir, de Milstein, la ignorancia vencía a la sapiencia.
Fue cuando las estadísticas demostraban que el 84 por ciento de los alumnos que egresan de la escuela secundaria no están en condiciones de comprehender el significado de un texto leído.
Fue cuando el kirchnerismo no incluyó un gran número de escuelas en las pruebas PISA (Programa Internacional de Evaluación de Alumnos) para tratar de tapar la verdad sobre su desastre educativo. No solo fue descubierto, sino que los resultados no fueron tenidos en cuenta dado el bajísimo número de escuelas sometidas a prueba.

¿Y ahora, qué?
Cierto es que, por aquel entonces, los gremios docentes paralizaron en varias ocasiones sus tareas. Siempre, por salarios. Tan cierto como que a ninguno se le ocurrió protestar por cuanto sucedía en la educación argentina.
Y la discusión salarial servía para dos objetivos. El de la interna peronista para deteriorar al gobierno del genuflexo Daniel Scioli y el gremial para evitar discutir sobre calidad educativa.
Poco o mucho, más vale poco, los aumentos se sucedieron pero la calidad no solo no mejoró, sino que empeoró. Es que nunca se tomó el toro por las astas. Ni entonces, ni ahora. Antes por la lógica populista. Ahora…
La resistencia gremial docente ni siquiera se ve amenazada. Nadie habla de revisar el famoso estatuto que representa un catálogo de excusas para no trabajar.
Nadie dice nada respecto a la cantidad de docentes que no prestan tareas porque se refugian en alguno de los artículos estatutarios, mientras cobran el sueldo que la sociedad solventa con sus impuestos.
Poco se habla de la evaluación de los docentes. Algo que, al no llevarse a cabo, obviamente perjudica a aquellos –y no son pocos- que prestan tareas digna y esforzadamente, que no faltan nunca, que sienten compromiso.
Nada importa. Si el docente es bueno o si es malo. Si falta o si concurre. Si se actualiza o no. Todo pasa por una negociación salarial teñida de política partidaria y de facilismo populista.
Recién ahora, tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, esbozan alguna reacción. Los gobiernos provinciales, por su parte, ofrecen cuanto consideran que están en condiciones de ofrecer. No más.
Otro sería el cantar, si los sueldos corrieran parejos con el presentismo y con la evaluación del docente. A mejor y más cumplidor docente, mayor sueldo. Como debe ser. Como debiera ser en un país que resuelve no igualar para abajo, sino alentar lo mejor.
Seguramente, el paro de los gremialistas docentes que comienza mañana y se extiende hasta el martes, perjudicará a muchos padres –en las escuelas públicas- que contaban con las “clases” para “depositar” a sus hijos. Más aún, a aquellos cuyas condiciones socio-económicas los hace depender de una alimentación escolar.
Pero, la educación pública no debe ser un depósito de niños, ni un mero comedor o merendero. 
Aun cuando deba continuar con dichas prestaciones dadas las condiciones en que está el país en materia de pobreza, su función es la de educar, la de formar a los estudiantes para ingresar al mundo laboral y productivo. La de garantizar igualdad de oportunidades para todos.
Tal vez este paro docente constituya una oportunidad para llevar la discusión adonde debe llevarse. Al terreno de una educación pública de prestigio.

Errores
El manejo de las oportunidades no parece ser una materia en la que el Gobierno del presidente Macri sobresalga. Hace ya rato que perdió la iniciativa con sus increíbles y famosos “errores no forzados”.
Temas como la reducción insignificante pero absolutamente inapropiada de las jubilaciones o la indemnización no cobrada por el gobierno anterior al padre del Presidente por el incumplimiento del contrato del Correo, tapan cuestiones de mayor relevancia –sin quitar méritos a nada- como es la educación.
Y es que en la “filosofía” duránbarbista de la no confrontación y las buenas nuevas, el Gobierno comenzó el 2016 catalogando como un mérito la iniciación en términos de las clases en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las jurisdicciones.
Nadie habló entonces de calidad educativa. Bastaba con comenzar a tiempo. Y para ello había que pagar casi todo cuanto los gremios reclamaban ¿Y después? Después, veremos.
Por supuesto que es mejor el dictado de clases que lo contrario. Pero es malo cuando el árbol tapa el bosque. Porque al año siguiente…
Y así llegamos al ahora. A la confrontación.
Más allá de Durán Barba, lo cierto es que la política equivale a confrontación. Civilizada, pacífica, no violenta para quienes se definen como republicanos, pluralistas, tolerantes. Pero confrontación, al fin.
Aún si se debe avanzar con prudencia y con sentido de la oportunidad. Hubiese sido mejor, el año anterior, cuando la imagen del Gobierno no sufría deterioro alguno. Es más difícil ahora. Pero, nunca es tarde.
Ni siquiera, electoralmente. Llegó la hora para el Gobierno de demostrar que puede ganar una elección porque enfrenta los problemas para materializar transformaciones. Más allá de especular con alquimias electoralistas.

CGT
¿Es buena la situación económica? No tan mala como algunos pretenden pintarla, pero no es buena. De la recesión, solo escapan las prognosis de una reactivación futura que siempre se posterga un trimestre o un semestre. Pronósticos que no solo repiten los funcionarios, sino que corroboran muchos economistas. Y algunos sectores reactivados, como el agro.
Pero la recesión está. Algunas industrias cierran, muchas suspenden personal. Algo que, de por sí, contradice la ansiada e “inminente” reactivación.
Da ello motivo para una marcha contra “las políticas del Gobierno”. Difícil de precisar. ¿Es la CGT un partido político? No lo es, aunque se mimetiza con el peronismo.
Ese dato de la realidad, desde hace más de medio siglo explica en buena medida la vigencia del populismo en la Argentina. Para definir las cosas: en la Argentina populismo es sinónimo de peronismo.
Y el peronismo está en crisis. Como en la década del 80, cuando el peronismo político también entró en crisis, lo suple el peronismo sindical. Algo así como un ordenador del mientras tanto.
Ese mientras tanto consistió en 14 paros generales contra el presidente Raúl Alfonsín. Es ahora una marcha contra el gobierno de Mauricio Macri y un posible paro general para el próximo 30 de marzo.
¿Defienden al Gobierno de Cristina Kirchner? Decididamente no, aunque los kirchneristas intentarán participar de la marcha.
¿Defienden los recursos de los sindicatos? No, el Gobierno de Macri les reconoció la totalidad de la deuda del Estado para con la obras sociales.
¿Defienden los salarios de los trabajadores o las condiciones de trabajo? No, porque las paritarias de los sectores privados son absolutamente libres.
¿Defienden a los desocupados? No, porque las organizaciones piqueteras perciben con el actual Gobierno mucho más de cuanto percibían con el kirchnerismo.
¿Defienden a los jubilados? No, porque más allá de la estupidez del 0,2 por ciento de la semana anterior, es este el Gobierno que reconoció los derechos negados durante el kirchnerismo en los cálculos jubilatorios.
Párrafo final para el próximo miércoles, el paro internacional de las mujeres con “ruidazo” ¿Para qué? Para hacer visible el mapa de trabajo femenino, para exigir el aborto legal, seguro y gratuito –esto último significa que lo pague toda la sociedad-, para defender las disidencias sexuales y de género, para decir basta a las violencias y femicidios, para denunciar que el Estado es responsable (sic) y para exigir un estado laico; para construir el movimiento de mujeres como sujeto político.
Si usted está de acuerdo con todo eso, pare. Si no, reflexione. Porque de reflexionar se trata.