LUCES DE ALARMA EN EL CAMPO
Temen que se prohíba el uso del glifosato
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación de agroquímicos.
Sensibilizados por cualquier nueva medida del Gobierno que pueda afectar al campo, productores y sectores vinculados con la provisión de insumos rechazaron la posibilidad de que se suspendiera el uso del glifosato, un herbicida clave para el avance de la producción de soja.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfán (insecticida).
La entidad mencionó un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires sobre el supuesto trastorno para la salud humana que produce el glifosato.
En el agro se encendió la alarma. "Estamos ante una arremetida de fondo contra el sector", dijo una fuente de la industria de agroquímicos. "Sería demasiado disparatada la suspensión. Sería como que no se pudiera usar gasoil para los tractores", señaló Guillermo Cal, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Cal destacó que no hay estudios científicos serios en la Argentina y el mundo que invaliden el glifosato.
Junto con la soja transgénica y la siembra directa, en la que no se remueve la tierra para facilitar su conservación, el glifosato es una de las patas clave de producción de la oleaginosa. Es un principio activo herbicida cuyo objetivo es el control de las malezas que compiten o pueden llegar a competir con los cultivos por recursos vitales, como luz, agua y nutrientes.
Registrado ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se usa en la Argentina desde hace 33 años. En el mundo son más de 140 países los que lo emplean. En la Argentina se venden unos 160 millones de litros por año en un mercado que factura más de US$ 600 millones. La multinacional Monsanto tiene cerca del 40% del mercado y compite con Atanor y otras que importan el producto.
Una fuente del Senasa dijo que se solicitó al laboratorio que hizo el estudio sobre el glifosato una copia del informe, pero "hasta ahora no lo mandaron". Otros actores del sector también lo pidieron, pero no lo consiguieron. Según Cal, de suspenderse el uso del glifosato "los rindes caerían no menos de un 30/40 por ciento". Santiago del Solar, productor, advirtió que ello llevaría a volver a labranzas con baja productividad y erosión. "Disminuiría la superficie", acotó el productor Arnolfo Calvo.
Mariano Aguilar, director ejecutivo de la entidad que se presentó ante la Corte, respondió: "No tenemos nada contra el campo; buscamos el desarrollo sustentable y que no se haga una suerte de indiscriminada contaminación. Consideramos que el glifosato es contaminante para la vida humana".
La ministra de Defensa, Nilda Garré, prohibió a las Fuerzas Armadas cultivar soja transgénica en campos propios ubicados en zonas urbanas y suburbanas, así como en adyacencias de barrios e instalaciones residenciales militares, como, por ejemplo, Campo de Mayo.
La resolución apunta a "la protección del medio ambiente y a la salud de las personas", según el comunicado oficial. Las Fuerzas Armadas producen soja y otros cultivos que venden en el mercado para obtener recursos que destinan a gastos operativos, como son los alimentos para la tropa y rodeos vacunos y equinos del Comando de Remonta y Veterinaria.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfán (insecticida).
La entidad mencionó un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires sobre el supuesto trastorno para la salud humana que produce el glifosato.
En el agro se encendió la alarma. "Estamos ante una arremetida de fondo contra el sector", dijo una fuente de la industria de agroquímicos. "Sería demasiado disparatada la suspensión. Sería como que no se pudiera usar gasoil para los tractores", señaló Guillermo Cal, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Cal destacó que no hay estudios científicos serios en la Argentina y el mundo que invaliden el glifosato.
Junto con la soja transgénica y la siembra directa, en la que no se remueve la tierra para facilitar su conservación, el glifosato es una de las patas clave de producción de la oleaginosa. Es un principio activo herbicida cuyo objetivo es el control de las malezas que compiten o pueden llegar a competir con los cultivos por recursos vitales, como luz, agua y nutrientes.
Registrado ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se usa en la Argentina desde hace 33 años. En el mundo son más de 140 países los que lo emplean. En la Argentina se venden unos 160 millones de litros por año en un mercado que factura más de US$ 600 millones. La multinacional Monsanto tiene cerca del 40% del mercado y compite con Atanor y otras que importan el producto.
Una fuente del Senasa dijo que se solicitó al laboratorio que hizo el estudio sobre el glifosato una copia del informe, pero "hasta ahora no lo mandaron". Otros actores del sector también lo pidieron, pero no lo consiguieron. Según Cal, de suspenderse el uso del glifosato "los rindes caerían no menos de un 30/40 por ciento". Santiago del Solar, productor, advirtió que ello llevaría a volver a labranzas con baja productividad y erosión. "Disminuiría la superficie", acotó el productor Arnolfo Calvo.
Mariano Aguilar, director ejecutivo de la entidad que se presentó ante la Corte, respondió: "No tenemos nada contra el campo; buscamos el desarrollo sustentable y que no se haga una suerte de indiscriminada contaminación. Consideramos que el glifosato es contaminante para la vida humana".
La ministra de Defensa, Nilda Garré, prohibió a las Fuerzas Armadas cultivar soja transgénica en campos propios ubicados en zonas urbanas y suburbanas, así como en adyacencias de barrios e instalaciones residenciales militares, como, por ejemplo, Campo de Mayo.
La resolución apunta a "la protección del medio ambiente y a la salud de las personas", según el comunicado oficial. Las Fuerzas Armadas producen soja y otros cultivos que venden en el mercado para obtener recursos que destinan a gastos operativos, como son los alimentos para la tropa y rodeos vacunos y equinos del Comando de Remonta y Veterinaria.