NUEVO SISTEMA DE INCENTIVOS
Habrá reducciones de hasta 20 meses en las penas a los presos que estudien
Lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, al abrir el ciclo lectivo 2012 en el Servicio Penitenciario Federal, acompañado por el ministro de Educación, Alberto Sileoni.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, anunció ayer que este año comenzará a aplicarse un sistema de incentivos que reducirá, hasta un máximo de 20 meses, las penas de las personas privadas de la libertad que estudien y aprueben los diferentes ciclos de la enseñanza.
“La medida, que no tiene antecedentes en el sistema penal argentino, se basa en un dato comprobado: la formación de los internos durante el cumplimiento de sus condenas favorece su reinserción social plena y, en consecuencia, baja significativamente los índices de reincidencia en el delito”, destacó el funcionario.
Reinserción social
En ese sentido, Alak consignó que “sólo del 5 al 6 por ciento de los egresados del sistema penitenciario que cursaron estudios durante sus condenas vuelve a delinquir, y ese indicador cae al 0% en los casos de quienes egresan con un título universitario”.
El funcionario formuló estas declaraciones durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en las unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, que compartió con su par de Educación, Alberto Sileoni, en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Ezeiza.
“La ley 26.695, sancionada por el Congreso de la Nación en julio del año pasado, modificó el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad”, precisó el ministro de Justicia, y apuntó que “el artículo 140 de esa norma fija reducciones de hasta 4 meses, acumulables hasta alcanzar un máximo de 20 meses, en las condenas de ‘los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes’”.
El ministro destacó que “se trata de una medida importantísima que reconoce el esfuerzo de los internos que, con su decisión de estudiar y capacitarse, apuestan a reinsertarse en la sociedad como ciudadanos capaces de ejercer todos sus derechos y también todas sus obligaciones”.
“Hoy –agregó-, cerca del 65% de la población carcelaria federal trabaja y percibe el salario mínimo, vital y móvil, lo que ha generado un cambio notable: hasta el año 2003, los internos recibían alimentos que les traían sus familiares, mientras que ahora son cada vez más los internos que ayudan a sus familias a enfrentar sus gastos”.
“En tanto, el 64% estudia en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado (61.171 son los inscriptos a diciembre de 2011 y 1.634 los que el año pasado recibieron certificados por ciclos aprobados)”, apuntó Alak, lo que, dijo, constituye el nivel más alto de América Latina y tiene un altísimo impacto positivo en el índice de reincidencia en el delito”.
El ministro de Justicia advirtió que “esta estrategia sólo es posible en condiciones de alojamiento dignas, que promueven el desarrollo integral de las personas privadas de la libertad”, y en ese sentido destacó que “el Servicio Penitenciario Federal es el único sistema carcelario de América Latina sin superpoblación y con infraestructura acorde al nuevo paradigma penitenciario: hoy el sistema cuenta con 11.037 plazas y 9.644 detenidos (83,04% de la capacidad ocupada) en espacios concebidos para el desarrollo de programas de enseñanza, formación profesional, cultura y reconstrucción de lazos familiares” (ver aparte).
“Nadie puede tener como destino su pasado”
Por su parte, Sileoni, al referirse a la importancia de profundizar las políticas penitenciarias que tienen como objetivo central la re-socialización de las personas que han tenido conflicto con la ley, sostuvo que “nadie puede tener como destino su pasado”, que “el derecho a la educación no puede ser restringido” y que “el sistema educativo tiene 11 millones de alumnos y todos valen uno”, al tiempo que destacó el esfuerzo del gobierno nacional en “la construcción de un estado de derechos para todos”.
“La medida, que no tiene antecedentes en el sistema penal argentino, se basa en un dato comprobado: la formación de los internos durante el cumplimiento de sus condenas favorece su reinserción social plena y, en consecuencia, baja significativamente los índices de reincidencia en el delito”, destacó el funcionario.
Reinserción social
En ese sentido, Alak consignó que “sólo del 5 al 6 por ciento de los egresados del sistema penitenciario que cursaron estudios durante sus condenas vuelve a delinquir, y ese indicador cae al 0% en los casos de quienes egresan con un título universitario”.
El funcionario formuló estas declaraciones durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en las unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, que compartió con su par de Educación, Alberto Sileoni, en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Ezeiza.
“La ley 26.695, sancionada por el Congreso de la Nación en julio del año pasado, modificó el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad”, precisó el ministro de Justicia, y apuntó que “el artículo 140 de esa norma fija reducciones de hasta 4 meses, acumulables hasta alcanzar un máximo de 20 meses, en las condenas de ‘los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes’”.
El ministro destacó que “se trata de una medida importantísima que reconoce el esfuerzo de los internos que, con su decisión de estudiar y capacitarse, apuestan a reinsertarse en la sociedad como ciudadanos capaces de ejercer todos sus derechos y también todas sus obligaciones”.
“Hoy –agregó-, cerca del 65% de la población carcelaria federal trabaja y percibe el salario mínimo, vital y móvil, lo que ha generado un cambio notable: hasta el año 2003, los internos recibían alimentos que les traían sus familiares, mientras que ahora son cada vez más los internos que ayudan a sus familias a enfrentar sus gastos”.
“En tanto, el 64% estudia en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado (61.171 son los inscriptos a diciembre de 2011 y 1.634 los que el año pasado recibieron certificados por ciclos aprobados)”, apuntó Alak, lo que, dijo, constituye el nivel más alto de América Latina y tiene un altísimo impacto positivo en el índice de reincidencia en el delito”.
El ministro de Justicia advirtió que “esta estrategia sólo es posible en condiciones de alojamiento dignas, que promueven el desarrollo integral de las personas privadas de la libertad”, y en ese sentido destacó que “el Servicio Penitenciario Federal es el único sistema carcelario de América Latina sin superpoblación y con infraestructura acorde al nuevo paradigma penitenciario: hoy el sistema cuenta con 11.037 plazas y 9.644 detenidos (83,04% de la capacidad ocupada) en espacios concebidos para el desarrollo de programas de enseñanza, formación profesional, cultura y reconstrucción de lazos familiares” (ver aparte).
“Nadie puede tener como destino su pasado”
Por su parte, Sileoni, al referirse a la importancia de profundizar las políticas penitenciarias que tienen como objetivo central la re-socialización de las personas que han tenido conflicto con la ley, sostuvo que “nadie puede tener como destino su pasado”, que “el derecho a la educación no puede ser restringido” y que “el sistema educativo tiene 11 millones de alumnos y todos valen uno”, al tiempo que destacó el esfuerzo del gobierno nacional en “la construcción de un estado de derechos para todos”.