
Fuerte reclamo de Carbap por las tasas municipales que pesan sobre el campo
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa volvió a pedir una baja de la presión impositiva para los productores de la Región.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), volvió a pedir una baja de la presión impositiva. Tras fracasar con sus reclamos hacia Provincia, los productores agropecuarios apuntaron contra los municipios y sus tasas para mantener los caminos rurales.
Desde la institución agropecuaria explicaron que los gobiernos locales tienen dos tributos que impactan en el campo: la tasa vial, que surgió cuando el Estado bonaerense les transfirió a los municipios la responsabilidad de los caminos rurales, y las guías que se aplica sobre el traslado de hacienda, que data de cuando los traslados de animales se hacían con arreo.
Sin embargo, según Carbap, ambas tasas “se han convertido en herramientas recaudatorias abusivas, con valores fijados de manera arbitraria y sin justificación técnica”. Para ejemplificarlo, marcaron la dispersión que hay a la hora de calcular y cobrar estos impuestos. “En algunos municipios, la diferencia en la carga impositiva entre establecimientos de 100 hectáreas y aquellos de más de 1.500 hectáreas supera el 70%, a pesar de recibir la misma prestación de servicios”, precisaron.
A esas conclusiones llegaron luego de elaborar un informe en el que se analiza la situación de las tasas municipales en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Para la entidad, en los últimos años los municipios bonaerenses “han incrementado significativamente la presión fiscal sobre el sector agropecuario”.
Es por eso que los productores consideran que “urge establecer límites y criterios claros para la creación y aplicación de tasas municipales”. Además, destacaron la necesidad de “implementar mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para aquellos funcionarios que desvíen fondos o incumplan con su obligación”.
Desde Carbap entienden que “solo a través de un compromiso firme con la transparencia, la eficiencia y una menor presión fiscal será posible garantizar el desarrollo sostenible del interior y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales”. Y sumaron: “La falta de transparencia en la administración de los recursos, el aumento descontrolado de tasas y la ausencia de controles efectivos sobre el destino de los fondos recaudados reflejan una grave irresponsabilidad de los municipios”.
Datos del informe
El informe se hizo tomando como referencia los valores de las tasas para el primer trimestre de 2025 y se los comparó con el mismo periodo del año pasado.
De ahí surge que Junín, Rojas, Chivilcoy, Colón, Necochea, Mercedes, General Pueyrredón, Salto, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen e Hipólito Yrigoyen son los que más cobran. “Llamativamente, el top ten está integrado por comunas gobernadas por todas las fuerzas políticas (PRO, radicalismo, vecinalismo y peronismo)”, advirtieron.
El segundo tributo que Carbap puso bajo la lupa es el de las guías. Se trata de un permiso que deben sacar los productores ganaderos cada vez que sacan animales de sus campos y nació para recaudar fondos que permite a las autoridades mantener los caminos rurales ya que durante los arreos se deterioraban. “Ahora se hace en camión, pero lo siguen cobrando”, cuestionaron.
En el trabajo realizado, se muestra cómo es la situación con respecto a las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, preferentemente sobre lo que es la tasa vial (mantenimiento de caminos) y la guía de traslado de hacienda,
Para Carbap, en los últimos años, los municipios bonaerenses han aumentado significativamente la presión fiscal sobre el sector agropecuario. “Además, han surgido nuevas tasas con distintas denominaciones, cuyo objetivo principal es la recaudación sin una contraprestación clara de servicios, lo que contradice el principio básico de una tasa”, cuestionaron.
Mantenimiento de caminos
Sobre la Tasa por Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales, recordaron que “surgió cuando la Provincia transfirió a los municipios la responsabilidad del mantenimiento de los caminos de tierra”. Por eso consideran que su cobro debería estar vinculado a un plan de obras específico, con costos definidos. “En la práctica, fijan valores de manera arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones, y más del 60% de los caminos tienen un estado de regular a malo”, manifestaron desde Carbap.
“En su afán por recaudar sin escrúpulos, muchos municipios han segmentado la tasa vial según la cantidad de hectáreas que, además de la ilegalidad, ha llevado a desigualdades considerables. En algunos municipios, la diferencia en la carga impositiva entre establecimientos de 100 hectáreas y aquellos de más de 1.500 hectáreas supera el 70%, a pesar de recibir la misma prestación de servicios”, expusieron.
Para el análisis de los valores en los municipios, la institución tomó los costos correspondientes a establecimientos de entre 300 y 500 hectáreas, lo que permite evaluar un promedio representativo del impacto fiscal.
El informe se realizó sobre los valores de las tasas para el primer trimestre de 2025. “Si se analiza el aumento real de la tasa vial en términos de kilogramos de productos agrícolas (trigo y soja), se observa un incremento promedio superior al 40% en la mayor parte de la Provincia. Este aumento ha afectado directamente la rentabilidad del productor, incrementando los costos operativos sin una mejora proporcional en los servicios prestados por los municipios”, detallaron.
Inclusive, en algunos distritos, la tasa vial representa más del 4% del valor de un arrendamiento, lo que agrava aún más la carga fiscal sobre el sector agropecuario. “La recaudación estimada para el 2025, solo del concepto la tasa para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales los municipios bonaerenses (unos 103), será superior a los 165 mil millones de pesos. “Con ese monto se podrían comprar unas 800 motoniveladoras de 170/180 HP por año, en promedio más de 8 por municipio, cuando hay algunos que apenas tienen 1 o 2 motoniveladoras trabajando y con más de 10 años de uso”, revelaron.
Marcas y Señales
La tasa de Marcas y Señales también presenta fuertes desigualdades. Si bien el servicio es el mismo en toda la Provincia (un simple permiso de traslado de hacienda), los valores varían enormemente. Algunos municipios no la cobran, mientras que otros imponen costos superiores a 6 mil pesos por animal enviado a faena, representando hasta el 1,2% del valor de una vaca de descarte. “No solo se cobra por el permiso de traslado, también cobran cuando se declaran los terneros nacidos (permiso de marca), o cuando un productor compra hacienda (reducción de marca)”, explicaron.
Para el caso de la producción de cerdos, donde en municipios prácticamente no se cobra, y se busca promover la producción ya que genera mano de obra más intensiva, hay extremos como el caso de Henderson, de la guía de un cerdo enviado a faena representa más del 1% del valor bruto del mismo.
Más tasas
En al menos 33 municipios de la Provincia de Buenos Aires (sin contar los del conurbano bonaerense), se han sumado nuevas tasas a las boletas de la Tasa por Conservación y Mantenimiento de la Red Vial, lo que incrementa la carga impositiva sobre los productores rurales.
El concepto más común entre estas tasas adicionales es el de “seguridad rural”, lo que, en la práctica, implica cobrar un impuesto extra a quienes viven y producen en el campo para acceder a un derecho fundamental que debería estar garantizado por el Estado con todos los impuestos ya pagados.
Para la institución, eso genera una sensación de desigualdad, como si los habitantes rurales fueran ciudadanos de segunda categoría, obligados a pagar de más por un servicio que, en muchos casos, no se ve reflejado en una mejora real de la seguridad.
Sin embargo, la lista no termina ahí. Algunos municipios han incluido en la misma boletaconceptos tan diversos como educación, servicios asistenciales, alumbrado, transporte, higiene y otras cuestiones que poco tienen que ver con el mantenimiento de los caminos rurales. “Este desvío de fondos y la incorporación arbitraria de nuevos gravámenes resultan injustificables, evidenciando una falta de transparencia en la administración de los recursos y una creciente presión fiscal sobre el sector productivo”, soslayaron.