Preocupan las estafas en ofrecimientos de alquileres falsos por redes sociales

Una investigación por fraude informático y una serie de allanamientos en la Unidad Penitenciaria N°13 de Junín, en la que se desarticuló una operatoria de estafa carcelaria con ofrecimiento de alquileres de quintas falsos en la ciudad, vía MarketPlace, generó preocupación y volvió a poner en foco el proyecto de desregulación de la actividad de martilleros y corredores, que busca llevar adelante el Gobierno.

Democracia consultó al presidente del Colegio que regula la actividad en nuestra ciudad, Daniel Di Palma, quien brindó detalles de las tareas que se llevan adelante contra el ejercicio ilegal de la profesión, desde muchísimo tiempo y la preocupación por una eventual “desprofesionalización” de los matriculados y los riesgos que conlleva.

Problemática de larga data

En detalle, sobre las estafas recientes, fuentes policiales informaron que los estafadores publicaban anuncios de alquileres temporarios de quintas en MarketPlace (de Facebook) y solicitaban una seña o reserva para alquilar estas propiedades mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales. Luego de que las víctimas realizaban el pago, ya no tenían respuesta por parte de los delincuentes o eran bloqueados.

Situaciones como estas, que no son nuevas, vuelven a poner sobre la mesa el debate y los cuestionamientos en torno al proyecto del Gobierno nacional para desregular la profesión de martilleros y corredores.

Consultado el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, aseguró: “Nosotros venimos trabajando contra el ejercicio ilegal de la profesión, porque es una ilegalidad que perjudica a toda la población, a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, desde hace muchísimo tiempo”. 

En ese sentido, detalló que llevaron adelante “una serie de actividades y políticas establecidas por la Comisión Directiva del Colegio Departamental en cuanto al ejercicio ilegal de la profesión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en torno a las incumbencias propias del corredor inmobiliario”. 

Consideró que “es una problemática que enfrenta el sector profesional desde hace mucho tiempo y que es llevada adelante por personas inescrupulosas. Se detecta con frecuencia casos de personas que ejercen actividad sin matrícula, lo cual está penado por la ley”, y agregó que “las modalidades más comunes incluyen la oferta de servicios de corretaje inmobiliario a través de redes sociales y plataformas digitales”. A ello se suma, según Di Palma, “la existencia de inmobiliarias ilegales que operan sin cumplir con los requisitos legales”. 

Asimismo, destacó que existe dentro del Departamento Judicial de Junín una Comisión Fiscalizadora en el Colegio departamental que controla rigurosamente redes sociales, publicaciones en medios gráficos, audiovisuales, en forma continua y aseguró que “se realizan actos administrativos en los cuales se llevan adelante expedientes internos que luego, en algunos casos, terminan con denuncias penales, en las fiscalías locales”.

Perjuicios económicos

“Nuestra lucha contra el ejercicio ilegal requiere también del compromiso de la sociedad en cuanto a la denuncia por parte de las personas que vean en redes sociales la presencia de gente que pretende ejercer el corretaje sin matrícula”, advirtió el presidente del Colegio. 

“Debemos concientizar a la sociedad que el ejercicio ilegal perjudica a todos no solo afecta a los corredores inmobiliarios matriculados sino también a quienes confían en personas sin habilitación y terminan expuestos a riesgos legales y económicos en cuanto a sus activos inmobiliarios y sus bienes que con tanto trabajo y esfuerzo han preservado a través de muchísimos años o son bienes de una sucesión, bienes familiares y se ven perjudicados por personas inescrupulosas que ejercen una actividad ilícita y se ven con un daño económico”, señaló. 

Asimismo, llamó a recurrir al Colegio profesional y asegurarse a través del listado oficial de matriculados habilitados.

“Los colegios profesionales y los colegios como delegados del Estado están para cuidar a la sociedad toda y a la ciudadanía. Muchas veces se ven los colegios profesionales como entidades que nuclean a colegiados habilitados y en realidad la delegación del Estado es para salvar los derechos de la ciudadanía en su totalidad”, señaló Di Palma. 

“La única persona que está habilitada para ejercer el corretaje inmobiliario en la Provincia son los corredores inmobiliarios matriculados y por eso decimos que deben recurrir a los listados del Colegio profesional, a través de la plataforma vía internet o la consulta personal en Belgrano 74 (Junín), donde van a recibir asesoramiento en cuanto a quiénes son los matriculados habilitados, los que son publicados en los medios gráficos en forma habitual en la ciudad y en redes sociales, a través del colegio y en la página misma de nuestra institución”.

De esta forma se puede garantizar que el ejercicio profesional “es transparente y seguro y está en manos de una persona matriculada, habilitada para el ejercicio profesional y queda exenta de toda posibilidad de incurrir en una maniobra de fraude a través de forma personal o a través de redes sociales como ha ocurrido y están a la vista”.

“Desregular es desprofesionalizar”

Ante un panorama de ilegalidad de larga data contra la que pelean los Colegios profesionales, la intención del Gobierno Nacional de avanzar con un proyecto de desregulación de la actividad con la posibilidad de promover transacciones - hoy con habilitación exclusiva para los martilleros- más allá de las inmobiliarias con matrícula del colegio profesional resulta más que contradictorio.

La iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger generó alarma en inmobiliarias y cámaras que las integran a nivel local, provincial y nacional.

Si bien Di Palma aclaró que se desconoce aún el proyecto definitivo del Ejecutivo, destacó que “particularmente desregular es desprofesionalizar. Es habilitar a ejercer el corretaje inmobiliario en manos de personas no habilitadas y no profesionales, es decir, poner en riesgo a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires en el ámbito de nuestra jurisdicción”.

“Los colegios profesionales de la Provincia tienen la potestad de arbitrar los medios necesarios y las regulaciones pertinentes a los ejercicios profesionales dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es potestad de la Provincia y no de la Nación”, argumentó Di Palma. 

Reiteró que “es un proyecto pero no sabemos finalmente qué es lo que pretenden llevar adelante desde el Ejecutivo Nacional. Pero estamos atentos, estamos alerta, siempre. En el mismo sentido de la regulación y el control de la matrícula y la fiscalización del ejercicio ilegal”. 

Por último, señaló que se solicitó audiencia en forma directa con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el ministro de Economía, Luis Caputo, pero sin respuesta aún.