Una competitividad selectiva entre Trump y los manteros

El Gobierno hizo trascender que su nueva meta para el año en curso es lograr mejorar la competitividad de la producción argentina. Sin embargo entra regularmente en contradicciones que ponen en duda su capacidad para alcanzar la nueva meta propuesta.
Un elemento central para mejorar la competitividad reside en bajar el gasto público, algo que apenas se susurra hace temblar a quienes consideran que para ganar las elecciones de octubre próximo es necesario hacer todo lo contrario.
Y de ese análisis no se aparta el Gobierno aunque su novel ministro de Hacienda jure y perjure que de bajar el gasto público se trata.
Para la administración Macri, el peligro callejero quedó atrás tras ser superado diciembre. Para el usuario que circula por las grandes ciudades y sobre todo por Buenos Aires, no. Los manteros del Once se encargaron de recordarlo.
El problema, para el gasto público, no es la ocupación del espacio público, ni el desalojo. Es la decisión política de “arreglar” con dinero, público, claro, a cuánto infractor se junte o establezca por ahí.
Así, no hay gasto público que baje, ni competitividad que se alcance, al menos por el lado de reducir la voracidad fiscal que afecta los costos de producción y espanta a la inversión.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri presentó como un logro el acuerdo al que llegaron la provincia de Neuquén, la empresa estatal YPF y el sindicato de petroleros.
En rigor se trató, efectivamente, de una reducción de costos por el lado de resignar algunas de las mal llamadas conquistas sindicales como ser el pago de horas extras nocturnas a los operarios cuando duermen en el yacimiento.
Horas extras por dormir, algo que no se ve a menudo en ninguna parte del mundo. Y algo, indudablemente, a lo que se llega cuando del otro lado del mostrador, el patrón es el Estado administrado por el populismo político.
No se conoce a ciencia cierta a cuánto bajará el costo de producción con estas modificaciones de los convenios colectivos de trabajo. En todo caso, muestra una intención sana de liquidar abusos.
Claro que el caso de Vaca Muerta en Neuquén es especial. Primero, porque se trata de una potencial riqueza hidrocarburífera que, según especulaciones, convertirá al país en un gran productor de petróleo.
Segundo, porque sin una reducción de costos, el petróleo de Vaca Muerta no es rentable, dado que se trata de convertir en solubles a los esquistos bituminosos del yacimiento. Es decir, una explotación mucho más costosa que la tradicional.
Tercero, porque la explotación de Vaca Muerta representa una esperanza de abundancia para la provincia de Neuquén y de un importante incremento de aportantes al SUPEH, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos.
Todo este conjunto de “circunstancias” es cuanto determina esta “buena voluntad” de todas las partes a la que hizo alusión el propio Presidente cuando presentó el acuerdo.
No necesariamente ocurrirá lo mismo con otras áreas. Es posible en algunos renglones en dificultades como la electrónica fueguina, los textiles y los juguetes. Posible, pero no sencillo. En particular, en los textiles donde proliferan “empresas” al margen de cualquier formalidad.
Con todo, en los tres sectores, la competencia externa determina la necesidad de flexibilizar si se pretende una continuidad en la fabricación nacional. Caso contrario, se trata de renglones casi condenados a la desaparición.
¿Cabe aquí la pregunta si es esto malo, neutro o bueno? La respuesta se debe buscar por el lado del realismo. ¿Es posible pagar 12 por lo que en otros países vale 8? Y no se trata, en muchos casos, de países con regímenes laborales regresivos.
Quizás la respuesta la ofrecieron los miles de argentinos que, por estos días, compran sin aliento en los países limítrofes todo aquello por lo cual aquí pagarían el doble o más.
Guste o no. Se la mencione como se la mencione, la flexibilidad laboral es una secuencia de los tiempos que corren. Ni el agro, ni la industria requieren la mano de obra que requerían décadas atrás.
Por el contrario, los servicios emplean los mayores porcentajes de trabajadores. Desde la informática hasta el turismo, el comercio o las finanzas o el transporte, los requerimientos de personal serán mayores a poco de la anhelada recuperación de la economía argentina.

¿Y el Estado?
El problema queda sin resolver en el Estado propiamente dicho. En su natural función administrativa, de seguridad, de defensa, de diplomacia y de justicia. O en su habitual prestación de servicios educativos y sanitarios.
Y aquí flexibilizar es el verbo a conjugar. Ocurre, y lo repetimos hasta el cansancio, que la productividad en el empleo público está por debajo del requerimiento menos exigente. Los abusos están a la orden del día. No de ahora, sino desde hace mucho.
Obviamente, todo se agravó a partir del crecimiento del empleo público durante los doce años del kirchnerismo. Más de un millón de personas se incorporaron al Estado.
Un millón de personas que no mejoraron las prestaciones en salud, en justicia, en educación, en seguridad, en nada.
Difícilmente el gobierno del presidente Macri se atreva a revisar la cuestión. Casi no lo hizo de entrada, cuando todo resultaba factible, es altamente improbable que lo encare ahora, aunque más no sea con la excusa del tiempo electoral.
La administración provincial de María Eugenia Vidal dispuso ahora el correspondiente descuento para quienes no concurran a trabajar por adhesión a los paros que disponen la Cicop que nuclea al personal médico de los hospitales públicos, a filiales disidentes del Suteba docente y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La respuesta fue un rechazo bajo el argumento de “no nos van a amedrentar”. En otras palabras, para estos muchachos es válido hacer huelga y además que se les pague por no ir a trabajar. Que se les pague con los impuestos que pagamos los vecinos. Casi como que redescubrieron “la dolce vita” o, mejor dicho, “el dolce far niente”.
Es por ello que el Gobierno busca competitividad en otras áreas como por ejemplo en el sector financiero, con la eliminación de las últimas restricciones a la circulación de capitales. O con la eliminación del arancel del 35 por ciento que protegía la ineficiente industria electrónica.
Queda, claro, la cuestión social. Aquí parece que nada se puede hacer si se tiene en cuenta que casi un tercio del país vive por debajo de la línea de la pobreza.
En cierta medida es así. Impensable, de momento –y no por razones electorales- suprimir los subsidios que atienden situaciones de gravedad. No así, en cambio, acordar subsidios con organizaciones piqueteras como se hizo en diciembre o pagar salarios a los manteros –aunque sea por dos meses- para que cumplan con la ley, como acordó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Parece que cuanto se intenta ahorrar por un lado, se lo gasta –o malgasta- por el otro.

Eternos piquetes
El caso de los manteros de Once merece algún párrafo aparte. No se trata solo del erario público porteño. Va más allá de la competencia desleal hacia el comerciante establecido y que cumple –o es deudor- con sus obligaciones impositivas, es decir con la solidaridad forzosa de vivir en sociedad, aun con un Estado ineficiente.
Se trata de cuanto en otros países se denomina crimen organizado. Más conocido aquí por “mafias”. El mantero del Once es la  punta del iceberg de una o varias organizaciones delictivas que juntan evasión impositiva, comercio ilegal, distribución de drogas, reducción de objetos robados, blanqueo.
El mantero del Once no se diferencia en demasía con el “trapito” o con el “barra brava” apto para todo servicio. Resultan personajes que trabajan para mafias que, cuando menos, gozan de impunidad policial, judicial y política. Se trata de otro aprovechamiento más de las necesidades del “pobre”.
Así el desalojo debe ser visto como un acto de lucha contra las mafias. Y, en tal sentido, merece apoyo. En todo caso, la pregunta es por qué se tardó tanto y la incógnita es si los manteros volverán o no.
Tal vez la respuesta deba buscarse por el lado del traspaso de la policía a la comuna de Buenos Aires. Solo, tal vez. Un ahora se puede cuanto antes no se podía. Cuestión de tiempo para confirmar o no.
Mientras tanto flota en el aire la demanda de actuación –represión- de los cortes ilegales de la vía pública. Pasó enero, pero los cortes continúan. Los manteros en Once, algunos autotitulados vecinos de Sarandí que cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata con la excusa de un corte de energía.
Detengámonos por un instante. Pocos, muy pocos, sospechosamente pocos eran los “vecinos” de Sarandí que impidieron la circulación por la autopista. Casi nula la relación con los 1.700 hogares perjudicados por la interrupción del suministro. Pero mientras el corte se producía, los automovilistas bloqueados eran asaltados a punta de pistola ¿Y el Estado? Bien gracias.  
El Estado goza del monopolio del empleo de la fuerza para hacer cumplir la ley. Es así, desde que el Estado moderno fue creado hace ya varios siglos. Parece que algunos funcionarios no lo entienden ¿O será que los paraliza la posibilidad de consecuencias fatales?

La inserción en el mundo
A todo esto, un grupo de ministros –algún nombre en plural hace falta darles- viaja esta semana a Davos, Suiza, al foro que reúne a los principales empresarios y banqueros del mundo.
El flamante Nicolás Dujovne, de Hacienda; Francisco Cabrera, de Producción; Esteban Bullrich, de Educación; Susana Malcorra, de Relaciones Exteriores y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Objetivo: demostrar que la gobernabilidad en la Argentina está asegurada, que no hay marcha atrás sobre la decisión de aceptar las reglas del mercado y de la comunidad internacional ¿Para qué? Para atraer capitales. Algo que hasta aquí, llega con gotero.
Claro que aun si la desconfianza perdura, dados los esfuerzos del justicialismo en su conjunto que nunca termina de arrepentirse de su populismo intrínseco, este año el Gobierno puede mostrar avances significativos.
El arreglo con los holdouts, la liberación del mercado cambiario –esencial para las multinacionales que remiten utilidades a sus casas matrices-, la reducción de aranceles, la normalización del comercio exterior, la eliminación de la casi totalidad de las retenciones a las exportaciones, el exitoso blanqueo de capitales, conforman logros impensables hace un año cuando al Foro concurrió el presidente Macri.
Pero, siempre hay un pero, ese pero es… Trump. A cinco días de su asunción como presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos, las incógnitas persisten. No sobre sus intenciones, sino sobre su capacidad para materializarlas.
La mirada de Trump será una mirada hacia adentro de los Estados Unidos. Si hace falta con proteccionismo o si hace falta levantar un muro de separación con México, Trump parece predispuesto a llevarlo a cabo.
Ya consiguió algún éxito con la industria automotriz, en particular con la marcha atrás de Ford en su proyecto de construcción de una terminal en México. Todo indica que el mercado de capitales será menos abundante y que, por ende, el costo del dinero puede encarecerse.
Algo que no es favorable para la Argentina que, de momento, financia su déficit fiscal y su plan de obras públicas con endeudamiento externo. Fondos conseguirá, solo que deberá pagar tasas de interés menos ventajosas.
Sin embargo, no todas son pálidas. La información indica que el nuevo presidente de los Estados Unidos mantuvo una reunión sobre Latinoamérica y que fueron tres los temas tratados: Venezuela, el arribo de menores sin sus padres a Estados Unidos y… la Argentina.
Los trascendidos señalan que Trump está al tanto del cambio operado en el país y que ve con buenos ojos la colaboración entre ambos Estados.
Claro que si una cualidad –o lo contrario- caracteriza a Trump es ser impredecible.
A tal punto que, de momento al menos, fomenta los disensos entre los miembros de su futuro gabinete. Y no se trata de disensos entre ellos, sino con él mismo.
Acaba, por ejemplo, de mostrarse satisfecho por la contradicción entre su pensamiento sobre Rusia y el de su futuro Secretario de Estado, Rex Tillerson. Para el presidente electo, Rusia merece crédito y colaboración. Para Tillerson, y para el secretario de Defensa, el general retirado del cuerpo de Marines, James Mattis, Rusia es un peligro que busca quebrar la OTAN, el pilar defensivo de Europa y Estados Unidos.
Se verá, pero entre Rusia, Siria, Irak, la inmigración ilegal, Corea del Norte y, sobre todo, China, no parece quedar mucho espacio para la región. Y, en todo caso, Cuba y Venezuela, a priori, parecen candidatas a concentrar la atención.
Cualquier cambio en los Estados Unidos repercute en toda la geografía del planeta. Más aún cuando ese cambio lo protagoniza, a priori, un populista Donald Trump que reemplaza a un multirateralista convencido como es Barack Obama.