En un momento en que preocupa la escalada de episodios violentos que tienen por protagonistas a jóvenes, el Gobierno nacional dispuso bajar de 21 a 18 años la edad para poder ser legítimo usuario de armas de fuego. Así lo establece el Decreto 1081/2024, que comenzó a regir ayer tras ser publicado en el Boletín Oficial.
El decreto presidencial, que coincide con el primer año de gestión de Javier Milei, dispone la modificación del artículo 55 de la Ley N° 20.429, el cual establecía que una persona podía ser dueño de un arma recién a sus 21 años de edad.
“Corresponde modificar el citado artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 aprobada por el mencionado Decreto N° 395/75 y sus modificatorios, a efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los dieciocho (18) años”, detalla el Boletín Oficial.
La modificación de la norma establece además que el usuario no debe presentar “anormalidades psíquicas o físicas que lo incapaciten para la tenencia de armas de fuego” y tiene que “acreditar ante la dependencia policial de su jurisdicción, su identidad, domicilio real y medios de vida lícitos”.
Constatados esos requisitos, la autoridad policial correspondiente “emitirá certificación al respecto así como de la no existencia de antecedentes policiales o penales e imprimirá un juego de fichas dactiloscópicas con destino al Registro Nacional de Armas”, establece el Decreto, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
SUS POSIBLES EFECTOS
La evidencia internacional sugiere en general que bajar la edad para portar armas puede tener efectos negativos en términos de seguridad pública. Los riesgos asociados a esta política van desde un aumento en la violencia interpersonal hasta una mayor exposición de los adolescentes a situaciones de peligro. De ahí que los estudios apuntan a la necesidad de políticas de control de armas que prioricen la prevención y la reducción de la circulación de ellas en la sociedad.
En Argentina, la flexibilización en la portación de armas y la reducción de la edad para portarlas se ha asociado históricamente con un posible aumento de la violencia. En este sentido se argumenta que la presencia de más armas en la sociedad tiende a generar un ciclo de violencia, donde los conflictos se resuelven con mayor frecuencia de forma violenta.
Diversos actores sociales, incluidos líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil, han advertido que una mayor portación de armas por parte de jóvenes no sólo expone a los adolescentes a más riesgos, sino que también puede agravar la violencia general en la sociedad.
Un estudio sobre la portación de armas en adolescentes realizado recientemente en Perú mostró que factores como el consumo de alcohol, tabaco y la exposición a la violencia en el hogar aumentan la probabilidad de que los jóvenes usen armas y que la baja en la edad para portarlas podría facilitarlo aún más, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.
Aunque algunos sectores defienden la idea de que permitir que los “buenos ciudadanos” porten armas incrementa la seguridad, la evidencia sugiere que la percepción de seguridad no siempre mejora.
En Argentina, la mayoría de la población (77%) se opone a la libre portación de armas, ya que se percibe que la mayor cantidad de armas en manos de civiles no reduce necesariamente la inseguridad, sino que puede incrementar los riesgos de violencia doméstica, accidentes y uso indebido, según muestra un relevamiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
De acuerdo con el mismo instituto, el acceso a armas por parte de hombres jóvenes podría incrementar a su vez la violencia de género. Y es que en nuestro país, el 97% de los usuarios legales de armas son hombres, pero las mujeres son las principales víctimas de la violencia con armas de fuego. De hecho, 1 de cada 4 femicidios en el país se comete con un arma de fuego.
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