La muerte del pequeño Lucio Dupuy, de tan solo 5 años, conmovió a poco de ser conocido el caso a toda la sociedad, lo que volvió a colocar en el centro de la escena los distintos tipos de violencias a los que son sometidos los menores y que muchas veces no son detectadas a tiempo por los sistemas de protección existentes. Y para que ello ocurra, muchos especialistas coinciden sobre distintas razones, entre ellas el ocultamiento de pruebas físicas por parte de familiares, los errores ante las situaciones de alarma que deben despertar en los efectores de salud o escolares, o la naturalización de una situación de violencia, que en muchos casos se confunden con prácticas de crianza.
Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, señala sobre el tema que “el Estado no puede actuar cuando no hay denuncia, es imposible que se haga un monitoreo en cada familia para detectar casos de violencia intrafamiliar, pero son los efectores de salud y la escuela quienes deben estar atentos. Por ejemplo en el caso de Lucio, es raro que no haya surgido la alarma de la escuela o del hospital. La violencia contra los niños está invisibilizada por un lado y naturalizada por otro, y habría que preguntarse que está pasando en el mundo adulto que avasalla los cuerpos de tal manera, porque llegan cada vez más casos de abuso intrafamiliar, de incesto”.
“Y así como las mujeres conseguimos que haya más conciencia social sobre nuestros cuerpos -agrega Graham- todavía no lo hemos conseguido sobre los niños, posiblemente porque los niños no marchan. También muchas madres o padres nos dicen que no ejercen violencia sobre sus hijos, cuando los zamarrean o les pegan una bofetada o los insultan, nos dicen que no los pueden corregir sin esa práctica, Son microviolencias que se ejercen como algo cultural”.
Por su parte, Pilar Molina, secretaria general de gestión del Ministerio Público Tutelar porteño, señala que “hay una estructura burocrática que hace que muchas veces la gente siga las recomendaciones y la denuncia no se encamina. No basta con difundir canales de denuncia, hay que ir a la raíz de la violencia para no tener más casos como el de Lucio. Hay que ir a buscar a las niñas y niños que son hijas/os de madres víctimas de violencia de género. Los chicos también sufren violencia porque un niño que está en una dinámica violenta en su familia, en su adultez tenderá a seguir los parámetros violentos”.
“Este circuito de retroalimentación de las violencias -añade Molina- se muestra con el hecho de que el 61% de los padres que van a los talleres son hijos de padres violentos. Por otra parte, la escuela y los hospitales son los grandes detectores de casos, aunque si no fortalecemos esos apoyos y nos dedicamos a abordar solo los casos más graves, no vamos a llegar a tiempo en casos como el de Lucio”.
LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA
Entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas recibidas por el Programa “Las Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia a través de la Línea Nacional 137 y la línea de WhatsApp, fueron 15.118, para un total de 20.520 víctimas (pueden existir más de una víctima por consulta), de las cuales 9.989 fueron niños, niñas y adolescentes.
En la cuarentena, mientras tanto, los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019, y la cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23%, mientras que hubo un aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual.
Pero además, en los últimos años, y a raíz de la difusión de distintas líneas telefónicas y canales de WhatsApp, son los propios niños quienes se animan a denunciar los abusos y el maltrato a que son sometidos, aunque en muchas ocasiones las prácticas burocráticas y la invisibilización de sus derechos en ciertos sectores de la Justicia, hace que el Estado llegue tarde para protegerlos.
La Ley 26.061 sancionada en el 2005 que derogó el viejo Patronato de la Infancia vigente desde 1919, estableció un sistema de protección a la niñez en el que instruye a toda persona a denunciar cualquier situación de maltrato físico o abuso y, en este sentido, los médicos y las docentes se convirtieron en los principales detectores de esta alarmas, mientras que luego cada provincia adoptó para su territorio una ley de protección similar y la obligación de denunciar situaciones de maltrato se extendió para todo funcionario de la administración pública. Sin embargo, casos como el de Lucio se reiteran ya con demasiada frecuencia.
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