El protocolo para la atención integral de personas que optan por acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo quedó oficializado ayer con la publicación de su aprobación por parte de la cartera de Salud en el Boletín Oficial.
Se trata de la Resolución 1535/2021 del ministerio que, en su artículo 1, establece el Protocolo para la Atención Integral de personas con derecho a la interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, adecuada a la nueva normativa sancionada en diciembre último. A su vez, la norma dispone que el protocolo se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención médica.
La resolución señala en sus considerandos que, mediante la Ley Nº 27.610, se reguló el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.
Recuerda también que la citada ley se enmarca en los derechos consagrados en distintos Tratados Internacionales, con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo, se inspira en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Por otro lado, se resalta que la interrupción del embarazo es “una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y, con ella, sus derechos humanos”. Además, señala “una ley que desarrolla la respuesta integral de las políticas de salud sexual y reproductiva”.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. La norma, se sabe, establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce de gestación inclusive.
Protocolo para equipos de salud
A todo, el Ministerio de Salud también presentó ayer un protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas para la interrupción voluntaria del embarazo, en un acto donde se valorizó la militancia de las mujeres y la decisión política que permitieron llegar, en diciembre pasado, a la sanción de la ley que garantiza el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
En este caso, se trata del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que como se dijo quedó oficia lizado ayer.
“Es una enorme conquista, producto de lucha de muchos años y de muchas personas”, destacó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en el inicio de la presentación virtual, transmitida por YouTube, con la participación de más de 600 personas y un chat activo con expresiones de adhesión desde distintos puntos del país.
Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, resaltó que “hoy se da un pequeño gran paso en la historia por la igualdad”, y sostuvo que “el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso libre e igualitario a los derechos en todo el territorio nacional, es lo que ocurre ahora con el aborto”.
En tanto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, puso el acento en que el protocolo que comenzó a regir ayer constituye “una herramienta para ampliar derechos”. La titular de la cartera sanitaria participó en la presentación virtual desde Cuba, donde, junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini se encuentra para conocer los avances de las vacunas contra el coronavirus Abdala y Soberana 2, que desarrolló ese país.
Antes estuvieron en México, donde señalaron que la ley argentina que garantiza el derecho al aborto “impacta en toda América Latina”, según comentó Nicolini, quien se mostró “orgullosa” por los comentarios que recibió en ese país sobre la normativa argentina. Las funcionarias coincidieron en destacar “el enorme esfuerzo de los equipos en el diseño del reglamento que busca garantizar el pleno acceso de las mujeres y otras personas gestantes a los derechos sexuales y reproductivos”.
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