Se oficializó el protocolo ILE y la Iglesia manifestó repudio

El Ministerio de Salud oficializó ayer el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, decisión que calificó como “un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva” y que la Iglesia reaccionó con dureza.
“No sorprende porque el ministro González García es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el Protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que se adhieran. Y así ya se instala el aborto libre en la Argentina”, expresó el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, monseñor Alberto Bochatey.
Y agregó: “La táctica es clarísima y era muy previsible, evitando que se genere todo tipo de discusión y un debate democrático. La ciudadanía no está a favor del aborto en la Argentina, como quedó demostrado democráticamente en el Parlamento, en 2018”.
En este contexto, el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, además, cuestionó con dureza que la Casa Rosada y puntualmente el ministro González García hubiera autorizado que las adolescentes de entre 13 y 16 años pudieran realizar una interrupción legal del embarazo sin necesidad de presentar la autorización de sus padres. “Esto es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba desde los 14 años”, aseguró monseñor Bochatey.
Alberto Fernández ya había asumido que la Iglesia cuestionaría su decisión de publicar el protocolo en el Boletín Oficial y, entonces, ordenó a todos sus funcionarios evitar responder a la cúpula eclesiástica, priorizar la “agenda positiva” de trabajo social con los curas villeros y rescatar la figura del papa Francisco.
Según se explica en los considerados, el nuevo protocolo se orienta por los “objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada, proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan”.
La resolución explica que el protocolo es “una guía” para que los equipos de salud “cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino”.
También se aclara que “se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”.