El 3 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, medios gráficos, digitales y televisivos argentinos realizaron posteos simbólicos para defender el valor del periodismo profesional en las plataformas tecnológicas. La campaña es impulsada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), institución que nuclea a 200 medios de todo el país.
El foco de la campaña es la defensa del periodismo profesional como el mejor antídoto contra las noticias falsas. En ese sentido, Adepa reclama que las redes sociales y los buscadores no confundan la información periodística de calidad -que cuenta con la figura del editor responsable-, con la propalación de noticias falsas, el anonimato y la difamación, que alimentan la violencia y hasta alteran procesos políticos.
Aun en redes sociales y plataformas tecnológicas el periodismo profesional sigue teniendo editores que responden por lo que publican. “La libertad de prensa implica que el periodismo profesional sea reconocido por las plataformas digitales”, señala Adepa.
La campaña hace un fuerte llamado a que redes y buscadores reconozcan el rol de los contenidos periodísticos y los distingan de los generadores de noticias falsas que desinforman a los usuarios, afectando el debate público, los lazos comunitarios y la dinámica institucional. Al no hacerlo, la sociedad pierde calidad informativa. Y ello afecta al presupuesto básico de toda democracia, que es una ciudadanía informada.
La campaña de Adepa es la primera de una serie de acciones de los medios argentinos tendientes a preservar el valor del periodismo profesional y de la propiedad intelectual frente a las crecientes controversias relacionadas con las redes sociales y otras plataformas de internet.
En efecto, el pasado 6 de abril los principales medios de la Argentina se reunieron para comenzar a analizar estrategias ante el escenario planteado por la difusión de noticias falsas, el uso indebido de contenidos de terceros o la manipulación de bases de datos, entre otras cuestiones.
Referentes de sitios periodísticos de todo el país -tanto con origen en medios gráficos y audiovisuales como nativos digitales-, exploraron caminos para abordar estos temas a través de consensos de industria y otras alternativas, teniendo en cuenta las respuestas que se ensayan en otros países.
Los medios presentes acordaron formar dos comités de trabajo, uno con foco en cuestiones jurídicas y otro orientado a contenidos y mercado, que recabarán antecedentes, formularán propuestas y buscarán consensuar estrategias y planes de acción.
Los editores señalaron que el contexto de la reunión no casualmente coincide con los crecientes cuestionamientos que recibe Facebook. La red social de mayor alcance mundial está siendo investigada por las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos por haber facilitado bases de datos con información de perfiles de sus usuarios, para ser utilizadas en campañas de marketing político. Se sospecha, además, que esa información fue usada para difundir noticias falsas que podrían haber influido en procesos electorales como los que desembocaron en la elección de Donald Trump en Estados Unidos o el triunfo del Brexit en Reino Unido.
También preocupan a los editores, recientes decisiones de esa empresa como la modificación del algoritmo de su newsfeed o mecanismo para compartir noticias. Facebook decidió de modo unilateral bajar los contenidos de los sitios de noticias de medios profesionales y con editor responsable, asimilándolos a generadores de noticias falsas, lo que afecta el derecho a la información.
Otras cuestiones que forman parte de la agenda de trabajo son el rol de los productores de contenidos en la distribución de los ingresos derivados de la publicidad digital, la cuestión del uso de la propiedad intelectual de los sitios periodísticos y su retribución por parte de plataformas dominantes como Google y otros mega-intermediarios globales.
En la reunión, se acordó un esquema de objetivos que incluirá además el intercambio con especialistas internacionales, consorcios de medios globales como la News Media Alliance, de Estados Unidos y las asociaciones de medios europeas, expertos locales en derecho de la propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho a la información, funcionarios, legisladores y referentes jurídicos.
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