El caso Maldonado ahora es “desaparición forzada”
El giro en los tribunales provino de un pedido de la fiscal y agrava los cargos bajo los cuales se investiga el caso ocurrido en Chubut el 1 de agosto. La causa sigue bajo secreto de sumario. En el Ministerio Público admitieron la gravedad del asunto.
La Justicia Federal de Chubut cambió la carátula y ahora la desaparición de Santiago Maldonado será investigada como “desaparición forzada”, un giro que agrava los cargos contra el Estado por el misterio que envuelve el caso desde el 1 de agosto.
La fiscalía federal de Esquel pidió al juez Guido Otranto la nueva carátula que explicite que se investiga la “desaparición forzada” de Maldonado, el joven al que testigos vieron por última vez el pasado 1 de agosto durante un operativo de la Gendarmería en tierras la comunidad mapuche Lof en Resistencia-Cushamen, en el noroeste de Chubut.
Un comunicado de la fiscalía informó que, “sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como Expte. FCR 8.232/2.017 ‘N.N. s/desaparición forzada de personas art. 124 ter del Código Penal’”.
La fiscalía federal de Esquel informó, además, que “se continúa investigando la desaparición (...) como así también otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial (con una compañía del grupo empresarial Benetton) desde el 15 de marzo de 2015”.
“Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto”, puntualizó.
En este contexto, se ordenaron “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos” utilizados en ese operativo por la Gendarmería.
También “se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado (...) y testimoniales en esta dependencia”, además de solicitar al Juzgado Federal medidas “que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas”, precisó la fiscalía.
El comunicado informó que en esta investigación “se encuentran cooperando (...) diversas dependencias de la Procuración General de la Nación” y menciona “la activa participación del fiscal general Felix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (Dovic), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado”.