Miles de maestros suplentes y provisionales de toda la provincia podrían ser cesanteados en los próximos días. Educación dice que “sólo se cumple con lo previsto en el Estatuto del Docente”. Al recibir la noticia, gremios y docentes entraron en alerta y allí se inició un conflicto que tiene varios interrogantes.
“¡A esta altura del año!”; “nos enteramos de la noche a la mañana”; “no hay explicaciones claras, ¿es un ajuste?”, son algunos de los planteos y preguntas que se hacen. Aún no tienen respuesta. Fuentes oficiales dijeron que “se está trabajando sobre el tema” y que “no hay todavía una resolución firmada”.
Debido a ello, hubo movilizaciones en varias ciudades, entre ellas aquí en Los Toldos donde docentes de nuestro pueblo exigieron se revea la medida, que afectaría a cerca de 15 trabajadores.
La medida se basa en los artículos 109 y 110 del Estatuto del Docente en su inciso C, que dice: Artículo 109-C: “El personal docente provisional cesará al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar, en los casos que el docente no haya contado, en el momento de su acceso, con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeña”. El artículo 110-C expresa lo mismo para el “personal docente suplente”.
Es decir, provisionales y suplentes cesarían cada fin de año en sus cargos si lo hubiesen tomado sin titulación y, al 31 de diciembre, aún no se hayan titulado.
Vale subrayar que la cobertura temporal de un cargo sin título es una práctica legal, que contempla el propio estatuto: cuando aquel no es tomado por alguien del “listado oficial” se pasa, dicho de un modo grosero, a un plan B, luego a un C, y así hasta que el cargo quede cubierto.
Ejemplo. ¿Un cargo no es cubierto por el listado oficial? Se abren otros. Primero, “A in fine”, donde están aquellos que no pudieron inscribirse en el listado oficial, y los profesionales sin carrera docente (estos últimos cubren cientos y cientos de cargos en escuelas técnicas, agrarias, especiales, algo que se explica más adelante).
Luego, el listado B, compuesto por los que tienen el 50% o más de la carrera.
Después, “B in fine”, con los que se apuntaron durante el ciclo lectivo en curso.
Por último, si el cargo sigue sin cubrirse, se recurre a un listado de emergencia integrado por quienes todavía no tienen el título habilitante o están cursando su carrera.
POSICION OFICIAL
En Educación dijeron “hace años que los artículos 109 y 110 del estatuto no se aplican. Cada fin de año esos cargos cubiertos por no titulados se renovaban automáticamente. No se está haciendo otra cosa que cumplir con la ley”.
También anticiparon que para las maestras de grado “se está trabajando en la posibilidad de prorrogar el vencimiento del cargo hasta el 28 de febrero. Ese día sería el plazo final. Y se haría una excepción con aquellos alumnos regulares (de magisterio)”.
Respecto a los secundarios, no se sabe nada aun.
POSICION DE LOS DOCENTES
Dicen los gremios: “Durante 2017 no fuimos convocados con la sistematicidad que corresponde a reuniones de Cogestión, señaló la secretaria adjunta del Suteba, María Laura Torre, quien anticipó el rechazo a “la intención de Educación de dejar cesantes a miles de docentes que accedieron a sus cargos por listados complementarios y de emergencia”.
Aunque aclaró: “Por supuesto que no nos da lo mismo, los docentes deben tener título que acredite su formación inicial, pero Educación no puede, de buenas a primeras, cambiar las reglas de ingreso a la docencia sin el seguimiento correspondiente para anticipar esta situación”.
Por otra parte, la Secretaria General de FEB Mirta Petroccini propuso “con la aceptación de todos los gremios presentes, que la aplicación se difiera en el lapso de un año, mediante el cual los docentes que se encuentran cursando la carrera puedan completar su régimen de estudios y acreditar".
GENERAL VIAMONTE
Docentes en alerta por cese de cargos suplentes y provisionales
Los gremios lo señalan como un “ajuste”. Desde Educación responden “sólo se cumple con lo previsto en el Estatuto del Docente”. En nuestro distrito, la medida afectaría a alrededor de 15 trabajadores de la educación.
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