A pesar de no contar con una Ley Fiscal Impositiva para el 2025, la provincia de Buenos Aires aliviana la presión tributaria sobre el campo. Según los registros actualizados de la Agencia de Recaudación bonaerense, desde que asumió Axel Kicillof hasta 2024, la carga del inmobiliario rural sobre los productores agropecuarios se redujo más de un 16%.
La reconfiguración de la estructura tributaria provincial anclada en la progresividad como hizo la diferencia. De esta manera, quienes tienen mayor capacidad contributiva pagan más que los que tienen menos. Además, el anuncio tiene como contexto el reciente fallo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Azul que resolvió de manera definitiva y de fondo un reclamo de productores rurales contra el método para calcular el inmobiliario rural. El juez le dio la razón a la Provincia y echó por tierra los argumentos que impulsaba la “rebelión fiscal” que convocó José Luis Espert.
Desde la Agencia pusieron en valor esta decisión porque terminó de legitimar la manera en la que calcula el impuesto. Además, permitió darle continuidad a un proceso que demuestra una mayor progresividad a este tributo desde 2019 pero, puntualmente, desde 2022.
Así las cosas, el mecanismo diseñado por el organismo que lidera Cristian Girard para calcular este tributo posibilitó que, en los últimos cuatro años, la mitad de las partidas rurales de la provincia tuvieran una disminución del 87% en el impacto de este impuesto en su devenir económico.
¿Por qué? En la provincia de Buenos Aires hay 309.400 partidas rurales que abonan este impuesto. De esta manera, promediando todas las partidas, entre 2019 y 2024 a valores reales, la reducción del impuesto fue del 16,3% por ciento para el campo. En la Provincia, se celebra el número, pero aún más la política fiscal que llevó a que los pequeños productores paguen cada vez menos.
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