D’Onofrio resiste. El ministro de Transporte bonaerense, que respondió en el pasado a Sergio Massa por pertenecer al staff del Frente Renovador, mantiene su puesto avalado por el gobernador Axel Kicillof inmerso en un juego político mayor que lo enfrenta, por estas horas, a Cristina Fernández y al kirchnerismo que milita en La Cámpora.
Kicillof es coherente con su accionar del pasado. Si no se alejó del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, denunciado por un hecho de violación, por qué lo haría por una cuestión de dinero y supuestas “cajas” políticas que involucra a Jorge D’Onofrio, que en las últimas horas salió a defenderse públicamente de las acusaciones ratificadas en sede judicial por el dueño de una empresa de fotomultas, Leandro Camani.
Sin embargo, todo tiene un límite y esa línea roja estará demarcada por las decisiones de la Justicia en torno a la evolución de la investigación.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó el jueves 12 de diciembre el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de sus allegados.
Asimismo, ordenó la misma medida de prueba contra contra Claudia Pombo, vinculada a D’Onofrio en el partido de Pilar, donde es concejala y fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante hace poco por el avance de la causa; Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del Ministerio de D’Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
El juez federal investiga el sistema de gestión de multas de tránsito y concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con acusaciones de fraude, malversación y corrupción, que pone muy nerviosos a algunos funcionarios en La Plata.
Después de todo, la relación de D’Onofrio con Massa parece ser cosa del pasado, al menos públicamente. El ministro de Kicillof trabaja de manera muy cercana con Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, y Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad.
Asesores de estos funcionarios decidieron que Jorge D’Onofrio expusiera en medios su versión de los hechos y desprestigiara al denunciante, Leandro Camani, que, a lo largo de su trayectoria, parece haber hecho méritos suficientes para ser nombrado en un agudo expediente judicial, aunque salió absuelto de complejas acusaciones.
Sin embargo, para D’Onofrio su acusador “es un proveedor de fotomultas. Primero, quien me denuncia fue imputado, procesado y milagrosamente absuelto en el caso Beara junto a dos policías porque habían perdido las pruebas”, señaló el ministro en declaraciones a los periodistas Alejandro Almendros y Candelaria de la Sota.
Además, agregó: “Tiene denuncias y procesos por estafa, se ha filmado manejando a 160km, borracho, en avenida Libertador, y realmente lo que está queriendo llevar adelante es un ataque a mi persona para sacarme de este Ministerio, debido a que empieza a funcionar en los próximos días un nuevo sistema de fotomultas”.
“No solo no ha sido alterado el flujo de cobro de multas, sino que desde 2022, en la comparación intermensual e interanual, no solo cayó, sino que se ha incrementado la recaudación por fotomulta, en pesos y en condenas. Esta empresa es la que más ha crecido”, continuó defendiéndose, utilizando el pasado controversial de su acusador.
Porque Leandro Camani, que denunció a D’Onofrio como jefe de una asociación ilícita que maneja gestores para sacar fotomultas -una metodología para recaudar dinero en cantidades industriales que tienen las intendencias y las gobernaciones, en perjuicio de los bolsillos y presupuestos de los automovilistas que sufren sanciones millonarias y arbitrarias, justificadas en la inseguridad vial que continúa produciendo muertes en todo el país a pesar de las cámaras que controlan el espacio público-, y siempre fue considerado el “rey” de las fotomultas.
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