La disputa interna que libran Axel Kicillof y La Cámpora apenas si concede lugar para cierto margen de distensión. Cada vez menos subterránea, ofrece desafíos mutuos en distintos teatros de operaciones. Dos de esas batallas se están librando por estas horas en la Legislatura.
La organización que lidera Máximo Kirchner reafirmó su intención de avanzar con la sanción de una ley que actualiza el cálculo de las indemnizaciones laborales. Esa reforma es rechazada por distintos sectores empresarios y el campo con el argumento que llevará a la quiebra a cientos de Pymes que no podrían hacer frente a resarcimientos millonarios. También terminó aglutinando una mayoría opositora en el Senado que parece en condiciones de cerrarle el paso.
El Gobernador rechaza esa iniciativa aunque no lo ha dicho en público. Sospecha que detrás de esos movimientos de La Cámpora existe la intención de hacerle pagar un costo político, de forzarlo a vetar el proyecto para el caso de que sea aprobado. Funcionarios de su confianza se desentienden de la autoría de la reforma y señalan que “es cosa de los legisladores”.
En el Ejecutivo empieza a tomar forma la idea de no ceder a la tentación y dejar que la ley se promulgue, con la esperanza de que sea la Justicia la que se encargue de tacharla de inconstitucional. Se amparan en un fallo de la Suprema Corte que se expidió con ese temperamento frente a una reforma similar que se intentó en 2012 en la Provincia.
Pero La Cámpora, aún en un escenario en el que no abundan las manos para votarla, insistirá con la ley. “El coeficiente de actualización propuesto es exactamente el mismo que se encuentra vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace ya más de dos décadas”, señala Maite Alvado, la diputada que presentó el proyecto que se sancionó hace varias semanas en la Cámara baja. Y menciona que al tomarse como parámetro la tasa activa para el cálculo de la indemnización, se evita que el monto quede licuado cuando efectivamente sea cobrado por el trabajador despedido.
Las declaraciones de Alvado fueron la señal más contundente en el sentido de que La Cámpora tiene decidido acelerar para llevar el tema al recinto del Senado.
Allí esperan la oposición, que promete juntar 25 senadores para bloquear la ley, y el propio Kicillof. Como ya se contó aquí, distintos emisarios tantean que ese número no sufra erosiones repentinas.
Esa tensión se trasladó a otro de los debates fuertes que se libra en la Legislatura. El Ejecutivo acaba de enviar 129 pliegos de designación de jueces y fiscales que esta semana iban a comenzar a ser debatidos por la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Llamativamente, la reunión no se hará.
Circulan distintos trascendidos respecto de la postergación. Uno de ellos tendría que ver con los candidatos propuestos para ocupar cargos en el Departamento Judicial Lanús-Avellaneda donde se libra una puja política entre el intendente del primero de los distritos, el camporista Julián Alvarez, y Jorge Ferraresi, enfrentando a La Cámpora y uno de los alcaldes más cercanos al Gobernador.
Habría otros asuntos sin resolver. Como el que tiene que ver con la postulación de Carlos Baccini como fiscal general de Lomas de Zamora. Baccini fue denunciado por los senadores libertarios que le pidieron un jury por fallar en favor de un funcionario judicial acusado por una presunta violación. El trámite aún está en curso pero el pliego de todas formas se envió. Algunas fuentes señalan que cierta influencia del ex intendente lomense Martín Insaurralde habría empujado la postulación. Pese a los avatares judiciales que afronta, Insaurralde sigue siendo un socio político clave de Máximo Kirchner.
Esa disputa política en el oficialismo no es la única que se libra en la Legislatura. Como rebote de la semana agitada que se vivió en el Congreso, asoman diversos reacomodamientos en la oposición.
Los seis diputados libertarios están muy cerca de ir hacia la fusión con el sector del PRO que lidera Patricia Bullrich que anota cinco legisladores en sintonía con el distanciamiento definitivo de la ministra de Seguridad con Mauricio Macri. La Libertad Avanza está en busca de sumar a dos libertarios sueltos (Guillermo Castello y Jazmín Carrizo). Y en otro movimiento de alto impacto, buscaría birlarle un diputado al PRO macrista.
Las versiones que circulan en la Cámara baja indican que el apuntado es Martiniano Molina, de buena llegada con dirigentes cercanos a Javier Milei. De hecho, el ex intendente de Quilmes tiene su programa de cocina propio en la Televisión Pública.
Todo vuelve sobre la Justicia. Si se concretaran todos estos movimientos, los libertarios podrían quedar en condiciones de reclamar un lugar en el Consejo de la Magistratura. El mismo que el PRO macrista le birló, hace apenas unos días, al bloque de Bullrich.
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