YPF acaba de anunciar que contrató una consultora internacional que se encargará de intervenir en una decisión de enorme trascendencia: en qué provincia se radicará finalmente la planta de licuefacción que tiene como objetivo exportar el gas de Vaca Muerta.
No se trata de una inversión cualquiera. Demanda una serie de obras como construir muelles, instalaciones para almacenar gas, ductos y todo lo necesario para el mantenimiento de buques. Es decir, la oferta demandaría el concurso de varias empresas con posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento en el mercado internacional, que a su vez exigirán garantías de parte de YPF o del Estado argentino, del que tanto se desconfía en el mundo.
Por esas causas YPF, según afirman sus directivos, optó por contratar un consultora con experiencia en los procesos de adjudicación.
Esa determinación, en primer instancia, parece postergar una definición. Se aguardaba que a principio del mes que viene la petrolera argentina y los malayos de Petronas anunciaran si Bahía Blanca o Punta Colorada (Río Negro), se quedarían con una inversión millonaria que rondaría como piso los 40 mil millones de dólares. Ahora, ese plazo podría extenderse, acaso, 30 días más.
Hay otro asunto que rodea la contratación de la consultora Arthur D. Little. Si bien YPF asegura que esa intervención apunta a dotar de “transparencia” a la elección del lugar donde se radicará la planta de gas, en la Gobernación leen que, acaso, tenga que ver con revestir de alguna forma una decisión política que sospechan podría ya estar tomada. Una ratificación, añaden, de que aquellas palabras de Javier Milei que pronunció sobre finales de la semana pasada en el sentido de que Río Negro se quedaría con la inversión, no fueron lanzadas en el marco de un arrebato dialéctico del Presidente.
Esa lectura no empaña otras. El gobierno de Axel Kicillof sigue sin mandar una ley de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que incluye una serie de beneficios impositivos nacionales y la posibilidad de que en caso de un conflicto la empresa pueda litigar en el exterior. Petronas es la mayor interesada en esa norma. Río Negro, en cambio, hace dos semanas que ya tiene esa herramienta aprobada.
Por ahora, el oficialismo bonaerense rechaza sumarse a esa ley que tiene sello y firma de Milei. Lo curioso es que ofertó a cambio una suerte de RIGI bonaerense que tampoco envió a la Legislatura.
Esas idas y venidas sumaron para que terminara fracasando la idea de llevar a todo el arco político provincial a Bahía Blanca a una reunión para respaldar a esa ciudad como sede de la planta de licuefacción. La oposición olfateó en ese convite pergeñado en una cumbre que el Gobernador y los presidentes de ambos bloques oficialistas mantuvieron en las últimas horas, una idea oficial de ganar tiempo mientras se define la cuestión de fondo: si Kicillof finalmente envía a la Legislatura la adhesión al RIGI.
“Nosotros ya nos reunimos con la gente de Bahía Blanca y apoyamos la instalación de la planta en la Provincia. No hace falta que vayamos. Lo que falta es que Kicillof adhiera”, señalan.
La sospecha de que la interna peronista está metiendo la cola en esa definición empieza a ganar terreno. Federico Susbielles es el intendente de Bahía Blanca y un dirigente kirchnerista muy cercano a La Cámpora. Lo que venía insinuando hace algunas semanas, lo dijo con todas las letras: que la Provincia debería adherir al régimen nacional. El hará lo propio: su ciudad se sumará, tal como lo hicieron varios jefes comunales del PRO.
Esos gestos generan incomodidad cerca de Kicillof. Ya no es sólo la oposición la que le reclama al Gobierno provincial que se sume al RIGI: también un intendente de su propio sector político que teme que se le escurra un emprendimiento que podría dar vueltas a su ciudad como una media. Al menos, se estima, generaría 14 mil puestos de trabajo.
Susbielles opera con un pragmatismo acorde a lo que está en juego. Le está pidiendo al Gobierno provincial que actúe de la misma manera.
Algo de eso se rumorea por estas horas. En medio de las tensiones políticas, se habla de la posibilidad de que el RIGI bonaerense que enviará Kicillof a la Legislatura incluya un artículo con la adhesión al régimen nacional. Es una versión que se alimentó luego de aquella cumbre en la que se habló de generar todas la condiciones necesarias para que la planta se quede en la Provincia.
El Gobernador está inmerso en una encerrona política. Preso por un lado, de una disputa ideológica con el gobierno libertario que acaso esté operando como un factor determinante para que no alumbren las condiciones amigables para la inversión que Río Negro ofrece a dos manos. Que podría exponerlo, además, a quedarse sin la planta de licuefacción.
Por el otro, aparecen las dudas también cruzadas por la política. Una adhesión al RIGI nacional supondría a la vista de los ideólogos de la pureza kirchnerista como una claudicación. ¿Y si aún con esa señal Petronas se va a Río Negro? Sería un costo político duplicado del que nadie quiere oír hablar en la Gobernación. El riesgo a correr, no obstante, es profundamente tentador.
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