Axel Kicillof ha sido durante los largos meses parlamentarios que aún transita la manoseada ley Bases, el dirigente opositor que con más énfasis se opuso a ese proyecto oficial. Declaraciones filosas, actos convocados con ese objetivo y movilizaciones que él mismo encabezó, formaron parte de la artillería política que se desplegó desde la Gobernación para combatir el paquete de medidas que contiene esa norma que abraza Javier Milei.
Esa embestida robusteció la imagen de principal líder opositor que busca potenciar el mandatario bonaerense con la mirada puesta en su proyección nacional. El próximo jueves, si no aparece un cisne negro, el gobierno libertario tendrá en sus manos la primera ley que le liberará el Congreso. Y acaso, para Kicillof, comience un nuevo tiempo en relación a uno de sus contenidos más sensibles.
Si bien todo el paquete de disposiciones genera el rechazo del Gobernador bonaerense, hay un aspecto en especial que endurece su posición: el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un mecanismo por el cual el gobierno de Milei prevé aplicar un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que, a las compañías que inviertan más de 200 millones de dólares en el país, se les garantice estabilidad fiscal por 30 años.
Esa posición estaría chocando contra la millonaria inversión que proyecta realizar en el país la petrolera Petronas, de capitales malayos. En acuerdo con YPF, prevé radicar una planta de licuefacción para exportar el gas que se produce en Vaca Muerta. Petronas debe elegir entre Bahía Blanca o Punta Colorada, en Río Negro. Pero al parecer, toda la operatoria estaría atada a que la provincia sede de la futura planta otorgue las ventajas impositivas que contempla el RIGI.
Puede que Kicillof esté ingresando en una encerrona. Que su férrea posición en contra de la ley Bases en general y del RIGI en particular acaso se transformen en un boomerang que lo termine dejando en una posición incómoda y de cara a retroceder sobre sus pasos.
En Bahía Blanca la presión es fuerte para quedarse con la inversión malaya que representaría la friolera de 50 mil millones de dólares y que podría generar cerca de 16 mil puestos de trabajo, además de revitalizar diversas actividades de esa ciudad portuaria. El gobierno de Kicillof viene hablando del tema con funcionarios de YPF y con empresarios de Petronas sobre las ventajas comparativas que tendría el puerto bahiense por sobre la zona de Río Negro alternativa, a la que habría que dotar de infraestructura casi desde cero.
En la Provincia abrigan esperanzas de poder gambetear la incómoda adhesión a un sistema de incentivo a la inversión privada que empuja Milei. El enorme interrogante que se abre es si se podrá convencer a los inversores malayos de poner una carretilla de dólares en esas condiciones. Se sabe que el ministro de la Producción, Augusto Costa, lidera esas conversaciones. En la Gobernación dicen contar con una ventaja: la supuesta decisión de Petronas de haber optado de antemano por Bahía Blanca.
Mientras tanto, el frente interno peronista sigue generando chispazos. La disputa entre La Cámpora y el kicillofismo en formación escribe capítulos casi a diario. La furia de la intendenta camporista quilmeña Mayra Mendoza contra su par de Avellaneda Jorge Ferraresi es apenas uno de esos tantos episodios. Revelan un escenario de tensión que encuentra pocos espacios de tregua. Ferraresi arma para si, pero se sienta a la mesa chica del Gobernador, de ahí que el sector de Máximo Kirchner termine cargando contra el propio Kicillof. Es parte de una disputa que apunta al armado de listas para el año que viene, un trámite al que el mandatario no quiere volver a ser convidado de piedra.
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