El campo insiste con Kicillof por los impuestos, pero hay desconfianza

La Mesa de Enlace bonaerense irá a La Plata para plantear sus cuestionamientos a la suba del impuesto Inmobiliario Rural que aplicó el gobierno de Axel Kicillof desde este año y mover sus fichas políticamente para intentar revertir los alcances de la Ley Impositiva sancionada en diciembre del año pasado por los legisladores provinciales. 

Primero será en una conferencia de prensa que se hará el miércoles desde las 11, en la sala 9 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que conduce el peronista-kirchnerista Alejandro Dichiara, aunque la foto sería con todos los bloques opositores. Luego cruzarían la plaza San Martín para entregarle un petitorio al gobernador. Los referentes agropecuarios esperan contar con el respaldo de la totalidad de los legisladores de la oposición en ambas movidas.

La discusión de superficie se centra en las subas mayores al 200% en un grupo de partidas del Inmobiliario Rural, para las que los productores quieren que se dé marcha atrás.

Pero bajo la superficie abreva un juego de desconfianza y acusaciones políticas relacionadas con la supuesta pertenencia partidaria de los hombres y mujeres de campo. 

Horacio “Bocho” Salaverri, presidente de Carbap, encabezará la movida del miércoles. Desde los despachos oficiales apuntan contra algunos dirigentes ruralistas por una presunta simpatía partidaria con La Libertad Avanza, el armado político que llevó a la presidencia a Javier Milei, aunque aclaran que no hay conflicto con el sector. Pero en los corrillos políticos llegan a arriesgar algún coqueteo de hombres y mujeres del campo con un posible ingreso a la política partidaria que nadie se anima a confirmar. 

También trascendió que el gobierno de Kicillof se adelantaría a la jugada del miércoles con algún anuncio, pero las fuentes oficiales y oficiosas del gobierno bonaerense no confirmaron ni desmintieron la especie. 

Sí se lo escuchó días atrás al titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, afirmar que el rechazo de sectores del campo al incremento del Impuesto Inmobiliario Rural “está motivado por cuestiones políticas, y no por el aumento impositivo. El reclamo no abarca a todo el campo, sino a un grupo de dirigentes rurales que tienen motivaciones políticas, ya que muchos de ellos fueron candidatos en listas de La Libertad Avanza”. 

Para el funcionario, el peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario “no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el Gobierno provincial”. 

Al respecto, Salaverri le explicó a este diario que “nuestro reclamo es meramente técnico, no político. Primero, sacaron todos los descuentos que se daban en el impuesto.

Segundo, pusieron una cuota más para los que superan 39 millones de valuación (unos 39.000 dólares al blue). Tercero, ajustaron por un coeficiente que puede ser hasta el 100 por ciento mayor a la tasa del Banco Provincia. Además, descalzaron el impuesto inmobiliario complementario, con aumentos del 300%, 400% y hasta el 500%. A eso se suman los incrementos en las tasas municipales. El día que nos reciba el gobernador le vamos a hacer el reclamo que expusimos más lo que ellos puedan hacer con su bloque. También le pedimos al Gobierno nacional que saque las retenciones al trigo, así que los reclamos no son por color político. Esto es una realidad y desde Carbap no hacemos posicionamiento político”. 

Los números finos 

Un análisis que realizó el gobierno bonaerense revela que, según los resultados presentados, “el impuesto representa entre el 0,4% y el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria”. Con distintos ejemplos de casos puntuales estudiados que presentan diferencias significativas, revelaron que en un campo del centro de la provincia el impuesto representa hasta 132 veces menos el monto pagado por derechos de exportación (retenciones). A su vez, el impuesto Inmobiliario Rural representa apenas entre el 0,8% y el 3,6% de lo recaudado por retenciones. 

Los casos de estudio incluyen cinco ejemplos de establecimientos agrícolas de distintas escalas, desde campos de 30 hectáreas en Junín hasta campos de 1.000 hectáreas en 9 de Julio. 

“Acá lo que tenemos son solo 2.000 partidas (un 0,7% del total) donde sí, efectivamente, los incrementos están en torno al 300%. Pero para la gran mayoría, los aumentos han estado muy por debajo de la inflación”, agregó Girard. 

Volviendo al informe, se evaluó la incidencia del inmobiliario rural en los casos de arrendamientos, revelando que representa entre el 1,3% y el 5% del ingreso por alquiler en función del valor del predio. 

A decir de Girard, si el incremento se dividiera por los 12 meses del año, el 73% de los contribuyentes bonaerenses recibiría un aumento de $22.000 por mes. 

Lo que se paga por derechos de exportación es entre 28 y 132 veces de lo que se paga por el inmobiliario rural, y este tributo -revela el escrito- representa entre el 0,05% y el 0,21% del valor de mercado del predio sobre el cual se impone el tributo. 

Por ejemplo, produciendo soja, en un campo de 500 hectáreas en Alberti se obtienen unos U$S558.000 de ingresos totales y tiene U$S134.000 en costos de producción. Si el campo se alquila, el costo es de unos U$S200.000, el campo tiene un valor de mercado de U$S6.750.000, por retenciones paga U$S274.836 anuales y por Inmobiliario Rural unos U$S9.975, por lo que el impuesto Inmobiliario Rural representa entre el 0,4% y el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria, según detalla el informe del gobierno bonaerense. 

Al comparar el monto del Impuesto Inmobiliario Rural con el valor de mercado de la propiedad, tomaron las estadísticas de la revista Márgenes Agropecuarios en cuanto al valor de la tierra en cada uno de los municipios y consideraron ese valor para cada predio, y el monto del impuesto Inmobiliario Rural representa entre el 0,05% y el 0,21% del valor de mercado del predio sobre el cual se impone el tributo, dice el informe. 

Aunque desde el campo resuena la palabra “impuestazo”, desde el gobierno insisten en que solamente hay 2.138 campos que tienen una valuación superior a los 199 millones de pesos, con precios de mercado superiores a los 3 millones de dólares y no se les aplicó el tope del 200% sino directamente la variación del ajuste de la base imponible. 

Los movimientos de uno y otro lado determinarán si hay acuerdo y acercamiento o si el conflicto se profundiza y escala.