Axel Kicillof miró a los ojos al Presidente y comenzó a desarrollar los motivos por los que la provincia que gobierna sufre una añosa discriminación en términos del reparto de recursos federales. Apenas el Gobernador terminó de redondear la idea, Javier Milei sorprendió al coincidir con el diagnóstico, pero dijo que ahora no hay ninguna posibilidad de corregir esa asimetría. El Presidente le aplicó al pedido de más recursos para el principal distrito del país la misma receta que está utilizando para justificar recortes por allí y por allá: “No hay plata”.
El episodio se produjo el martes pasado, en la primera cumbre que los mandatarios de todas las provincias mantuvieron con Milei. El Presidente no dijo una palabra que a las pocas horas dictaría el DNU que está generando todo tipo de controversias. Sólo les anticipó que habría un paquete de leyes que llegaría al Congreso. Cuando uno de los gobernadores buscó indagar sobre el contenido de ese envoltorio legal, la lacónica contestación fue “ya se van a enterar”.
En el Gobierno bonaerense empiezan a tomar nota de un estilo de gobierno desconocido hasta entonces. “Esto no es 2016”, sostienen para hacer una comparación con el arranque de la gestión de Cambiemos. “Macri presionaba y cuando se generaba conflicto mandaba a negociar”, dicen en la Provincia. No parecen ser, por ahora, las maneras de Milei.
Esa peculiaridad se llevó buena parte del análisis que se desgranó en la cumbre del peronismo que se desarrolló el viernes en la Gobernación. “Nos va a obligar a una resistencia quirúrgica, nosotros desde la Provincia en alguna oportunidad, otros desde el Congreso cuando se debatan las leyes y los intendentes con el tema de los recursos”, dicen en el oficialismo bonaerense.
Esa reunión dejó algunas definiciones fuertes. La senadora Juliana Di Tulio aseguró que junto a diversos sectores de la oposición lograrán rechazar el DNU en el Congreso. Massa tuvo, si se quiere, una visión más apocalíptica: dijo que el ajuste ya arrancó con los jubilados y que las universidades se quedarán sin recursos allá por el mes de abril. Kicillof hizo una larga exposición y concluyó que “hay un plan de ajuste de manual”. No lo dijo con todas las letras, pero la Provincia se prepara para afrontar un escenario de alta complejidad social agravado por una notoria merma de recursos.
Una primera derivación de ese cuadro fue la suspensión de la negociación paritaria con los gremios estatales y docentes. El propio mandatario se los comunicó a los referentes sindicales y les pidió “comprensión”. No utilizó el “no hay plata” de Milei, pero merodeó esa definición.
En ese contexto de estrechez, Kicillof acaba de mandar a la Legislatura dos proyectos con los que busca mitigar en parte la prometida caída de giros de fondos federales. Uno de ellos es la ley Impositiva que incluye la novedad de un ajuste del Inmobiliario y la Patente en función a la inflación. De arranque, además, tendrán aumentos del 200% promedio con topes del 300% en el caso de los bienes de alta valuación fiscal. Hay un capítulo de la ley que tiene polémica asegurada: además de las subas y del ajuste por inflación, el Inmobiliario Rural que paga el campo tendrá una cuota extra.
El otro proyecto central para la Provincia es la autorización para tomar deuda por hasta 1.800 millones de dólares. Sectores de la oposición sacan cuentas y a ese número le suman unos 800 millones de dólares a tomar con organismos multilaterales y otros 300 millones por emisión de letras. “La deuda que quieren tomar es 18 veces mayor que la que se autorizó para este año”, analizan.
Los dos temas hacen ruido en la Legislatura, pero la crisis económica ayuda a amortiguar sus decibeles. También, la presión sobre sus legisladores de intendentes radicales y del PRO que buscan destrabar una serie de deudas que la Provincia mantiene con sus distritos. Todo forma parte de un paquete de negociación que de alguna manera encorseta rechazos furibundos. En tiempos de cinturón apretado, el bálsamo de recursos frescos es más que bienvenido.
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