La idea de llevar a la Justicia el congelamiento divide a los empresarios

El congelamiento de los precios que el Gobierno decidió implementar a través de una resolución a falta de un acuerdo con las empresas proveedoras, generó disidencias internas en el seno de la Copal, la cámara que agrupa a las principales empresas alimenticias del país. Sucede que aunar posiciones en un tema tan sensible se torna una tarea por demás complicada para una entidad que -además- agrupa a 35 cámaras que representan a unos 14.500 fabricantes.

Las empresas ya venían sensibilizadas por el tema: consideraban que ya habían cedido lo suficiente durante la gestión de la exsecretaria de Comercio Paula Español, por la implementación del programa Precios Cuidados. Por eso, la idea de congelar los precios de otros 1240 hasta enero, terminó escindiendo aguas entre los fabricantes.

Algunos se muestran más dispuestos a resolver con la secretaria de Comercio las diferencias que mantienen sobre los precios de sus productos. Es decir, son más propensos a continuar el diálogo para revertir las distorsiones planteadas en el nuevo escenario. En esta línea,  estaría ubicado el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, más inclinado a sostener el diálogo con los funcionarios, al menos hasta las elecciones de noviembre, según la idea que además manejaría la Unión Industrial (UIA).

Del otro lado, hay otras empresas que no están decididas a acatar el congelamiento compulsivo aplicado por el secretario de Comercio Roberto Feletti y ya pusieron a trabajar a sus departamentos legales para analizar posibles acciones (amparos) en la Justicia.