Preparan el rescate de clínicas privadas

“En estado crítico”, “al límite”, “en terapia intensiva” son algunas de las metáforas que se utilizan en las clínicas y los sanatorios privados bonaerenses para diagnosticar la dramática situación que enfrentan en medio de la segunda ola de coronavirus. Tanto que diez de esos centros de salud, entre ellos el Instituto Médico de la Comunidad -IMEC- de Junín, se vieron obligados a cerrar en territorio provincial y temen que otros cientos puedan correr la misma suerte. 
Con ese panorama oscuro, el Gobierno de Axel Kicillof planea avanzar en un “plan de rescate” a través de IOMA y PAMI, como sucedió con IMEC en Junín que reabrió para la atención de jubilados del PAMI, para garantizar sustentabilidad a la hora de afrontar esa crisis.
La alarma de la crisis, según reportó la Cámara Argentina de Prestadores del Conurbano (Capresco), se disparó con el cierre -desde marzo pasado a la fecha- de diez clínicas y sanatorios distribuidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Centros que -en su mayoría- no se financian a través de prepagas sino con obras sociales del Estado, como IOMA y PAMI. Algunos fueron auxiliados tras bajar las persianas, como la Clínica Nueva Comahue de Temperley, que quedó en manos del IOMA, y la Clínica San Carlos, de Escobar, bajo la órbita del municipio, además del señalado IMEC de Junín, a cargo del PAMI.
“Todos los días nos llegan noticias de prestadores que están en peligro de cierre y que están ofreciéndose a la venta”, alertó por su parte la presidenta de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), Teresita Ithurburu, a la vez que preguntó: ¿Qué pretende el Gobierno provincial? ¿Estatizar todas las clínicas privadas? Es lo que algunos dicen que se está buscando”. Esa alternativa, consideró en declaraciones periodísticas, sería “inviable” y “pondría en jaque el sistema”.

Problemas que vienen de lejos
La crisis es “prehistórica y prepandemia”, sostienen en el sector, pero reconocen que se agravó con la irrupción del Covid-19, cuando el temor al contagio se impuso y empezaron a bajar las consultas en los sanatorios. A la par, los centros se reestructuraban para capear la primera ola de la pandemia, los costos se disparaban y los valores se actualizaban muy por debajo de lo pretendido.
A eso se suma que el paciente Covid “no es rentable” y que requiere de más días de internación que, por ejemplo, una cirugía programada. Las cirugías, justamente, fueron unos de los tantos tratamientos que se postergaron el año pasado.  
“De 200 clínicas, unas 170 están en situación de crisis”, advirtió el presidente de Fecliba, Néstor Porras, y que “ya sea en el Interior o el Conurbano, el panorama complicado en cuanto a ocupación de camas y capacidad de respuesta”. En esa línea, enumeró el agotamiento del personal de salud tras un año de pandemia, la incertidumbre de los profesionales ante la crisis sanitaria y financiera y la urgencia de no percibir siquiera el valor de lo que prestan.
 “La idea es volver a relanzar este rescate a través de PAMI y el IOMA en conjunto con los establecimientos sanitarios, incluyendo a las clínicas que cerraron. Aún estamos trabajando, pero vamos a anunciarlo lo antes posible”, anticiparon desde el Ministerio de Salud que conduce Daniel Gollán.