“Es una decisión criminal. Vamos a analizar los pasos para seguir y no descartamos medidas de fuerza”. De esa forma, desde gremios docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salieron ayer a rechazar el anuncio con los detalles para la vuelta a clases 100 por ciento presencial el próximo 17 de febrero que hizo por la mañana el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Ademys, uno de los gremios más combativos que confrontan con el Gobierno porteño, se opuso al regreso a las aulas por el nivel de contagios de coronavirus en la Ciudad y definió las medidas presentadas como un “plan criminal”. “Están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”, sostuvo el secretario adjunto Jorge Adaro.
El sindicalista se mostró en disconformidad con la decisión de que cada escuela defina el esquema de presencialidad a partir del próximo 17 de febrero y que las autoridades de cada establecimiento “se hagan cargo” de presentar un plan ante la ministra de Educación, Soledad Acuña. En contraposición, propuso que el Estado afronte los gastos de higiene como alcohol en gel y de traslado, como garantizar el transporte con micros escolares hacia cada edificio.
“Es una locura”, insistió Adaro. “Es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública”, expuso, y concluyó: “Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer. No descartamos tomar medidas de fuerza”.
La reacción gremial se produjo luego de que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentara ayer el plan “Primero la escuela”, con el objetivo de garantizar la mayor cantidad de clases presenciales desde el próximo 17 de febrero.
El Plan Primero la escuela está basado en “cuatro pilares”, que entre otras medidas incluyen “considerar la educación como una actividad esencial”, poner “todos los recursos” de la administración de la Ciudad “en función de cumplir este objetivo”, establecer protocolos “escuela por escuela”, “rediseñar el plan de movilidad” para el transporte público y testear a los docentes cada quince días, anunció Rodríguez Larreta.
Por el momento, los únicos exceptuados serán los alumnos que pertenezcan a grupos de riesgo o convivan con un familiar en esa situación.
El resto de los sindicatos de la Ciudad tienen visiones diferentes, algunos con una postura más moderada sobre la cuestión. Desde ese espectro, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, se mostró más afín a la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de que “exista un relevamiento escuela por escuela” para revisar los esquemas de presencialidad, aunque se trata de una situación que está pendiente de ser resuelta.
UNA POLÉMICA QUE SUMA CAPÍTULOS
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