El mismo, explicaron, establece que los domicilios registrados serán utilizados para realizar notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos, comprensivas del traslado de la demanda, la intimación de pago, la citación como tercero, las diligencias preliminares, las cautelares anticipadas y en su caso la sentencia definitiva o equiparable a tal. Dichos domicilios podrán emplearse para el diligenciamiento de oficios.
Las personas jurídicas y organismos que suscribieron convenios de colaboración tecnológica con la Suprema Corte, como así también actas de aceptación para el uso del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas deberán inscribir sus respectivos domicilios electrónicos en el Registro para recibir las notificaciones electrónicas de los actos procesales enunciados.
Entre ellos, se encuentran los siguientes sujetos: a) El Fiscal de Estado. b) El Asesor General de Gobierno. c) Los órganos o entidades descentralizadas de la Provincia de cualquier especie cuya representación en juicio no estuviere a cargo del Fiscal de Estado o de la Asesoría General de Gobierno. d) Los municipios de la Provincia y sus entidades descentralizadas de cualquier especie. e) Los bancos y las demás entidades financieras. f) Las compañías de seguros. g) Las aseguradoras de riesgos del trabajo. h) Las prestatarias de servicios públicos y las concesionarias de obras públicas. i) Las personas públicas no estatales de la Provincia. j) Los establecimientos regulados en el régimen establecido en la Ley 12.573 y sus reformas. "En caso que los sujetos mencionados no cumplieran con la carga de inscribir el domicilio electrónico en el Registro, se considerará inscripto por defecto el domicilio electrónico que hubieran consignado en el marco de los convenios de colaboración tecnológica o de las actas de aceptación del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas firmados, hasta tanto den cumplimiento a dicha carga.
En cuanto al Fiscal de Estado se inscribirá por defecto, como domicilio electrónico del organismo, el establecido en su normativa interna en la materia", explicaron al respecto desde el Poder Judicial de la Provincia. En las mediaciones previas obligatorias regladas por la Ley 13.951 y sus modificatorias, las partes también deberán inscribir un domicilio electrónico. Asimismo, cualquier persona jurídica o humana podrá inscribirse voluntariamente, a los fines de la actuación judicial en los fueros pertinentes. "Adicionalmente, se realizarán las gestiones necesarias tendientes a la suscripción de convenios de colaboración con el Correo Argentino; la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; la Inspección General de Justicia; AFIP; ARBA; la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y el Ministerio de Trabajo provincial, con el fin de facilitar la inscripción de domicilios electrónicos", agregaron en el comunicado de prensa.
En los fundamentos de la decisión se señala que el nuevo sistema satisface los principios de celeridad, economía, eficacia y transparencia de los procesos, al tiempo que contribuye a facilitar la trazabilidad y auditoría de sus trámites.
La medida se sustenta, asimismo, en la necesidad de adoptar mecanismos que posibiliten la producción de los actos procesales de comunicación por medios telemáticos, teniendo en cuenta la grave crisis sanitaria en curso y las limitaciones que afectan al quehacer jurisdiccional. Con relación a ello se señala que desde el comienzo de la pandemia de COVID19, la Suprema Corte profundizó el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que permitió alcanzar un razonable grado de actividad con la reanudación progresiva de los plazos. Sin embargo -se añade- en los partidos en los que se mantiene el régimen de aislamiento social, ciertas diligencias esenciales se han visto limitadas. Se concluye que, a la luz de estas circunstancias y la experiencia acumulada, resulta necesario afianzar la referida línea de trabajo con un régimen que, en síntesis, hace viable la notificación del traslado de la demanda (o de actos similares o equivalentes) a una apreciable cantidad de sujetos relevantes en domicilios electrónicos registrados, lo cual, además de favorecer la prosecución de los procesos, consolida el expediente digita
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