Un equipo de trabajo encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, con la colaboración de la subsecretaría de Política Penitenciaria, de Salud Penitenciaria y del Servicio Penitenciario Bonaerense, formó el Comité de Crisis que se ocupará de supervisar la aplicación de medidas de seguridad sanitarias en las cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires para reducir la propagación del COVID-19.
Entre las medidas anunciadas tras su puesta en funcionamiento, se destaca la suspensión de las actividades educativas de todos los presos. Aunque en contraposición se instruyó a los directores de las unidades a que brinden información sobre los cuidados y prevenciones ante la pandemia. También existe la posibilidad de que los docentes envíen los materiales de estudio físicamente con los recaudos de bioseguridad detallados oportunamente por los organismos oficiales.
Por otro lado, se informó que se limitarán transitoriamente el ingreso de las visitas de mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos, en tratamiento oncológico o que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida o insuficiencia renal.
Estas disposiciones fueron acordadas un día después de que el SPB informara que 44.832 personas privadas de su libertad en las cárceles de la Provincia, casi la totalidad de la población, solicitaran por decisión propia limitar las visitas de sus familiares luego de mantener reuniones con las autoridades penitenciarias y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria.
La resolución firmada por el Comité de Crisis estableció que cada dependencia cuente con un sector de aislamiento para los presos y las presas que sean considerados “casos sospechosos” de manera temprana o que hayan sido afectadas por el virus, a la vez que se dispuso reforzar las medidas de seguridad sanitaria y extremar la higiene habitual que se realiza en los espacios de las cárceles, precisaron los voceros consultados.
Pedido para internos con riesgo
En tanto, un abogado presentó una acción de amparo para que se disponga la “inmediata” prisión domiciliaria de todos los encarcelados con más de 65 años de edad y quienes sean más vulnerables al contagio del coronavirus, informaron fuentes judiciales. El pedido, que incluye a las mujeres embarazadas que cumplen prisión con sus hijos menores de edad, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según se indicó, fue realizado a través de un ‘per saltum’ por el letrado Carlos José Díaz, quien se basó en el decreto de necesidad y urgencia 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que declaró la emergencia sanitaria.
En esta línea, señalaron que Díaz solicitó también que se disponga la libertad de los detenidos sin sentencia firme. En la demanda -dirigida contra el PEN y la Corte-, el abogado reclamó que “para quienes no cuenten con vivienda donde cumplir la prisión domiciliaria, se les proporcione una ‘digna’”.
Por otra parte, solicitó a la Corte Suprema que, “al efecto de evitar la reincidencia de las personas que recuperen la libertad con motivo de la presente acción”, imponga al Estado que “disponga para cada una de ellas un subsidio mensual que, al menos, supere el nivel de pobreza” que informa en forma mensual el INDEC.
Además sostuvo que, para “evitar perjuicios irreparables”, se deben actuar con urgencia “salvo que alguien esté dispuesto a garantizar que, sin tomar las medidas que peticiono en esta acción, no se corre riesgo que entre la población carcelaria se desate una afección masiva de coronavirus”.
Fabrican barbijos en los penales
En el marco de las medidas que se llevan adelante en relación con la pandemia del coronavirus en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), hombres y mujeres que conforman la población de distintas cárceles de la Provincia comenzaron a fabricar barbijos en los talleres textiles en los penales. Se estima una producción mayor a los 3 mil por día.
Los barbijos serán destinados al autoabastecimiento tanto para el uso de los privados de libertad y del personal penitenciario, así como para familiares y allegados que los necesiten, con la finalidad de prevenir el ingreso del virus en las cárceles bonaerenses.
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