Unos 25 mil millones de pesos al año es el déficit que registra el Instituto de Previsión Social bonaerense. Con el objetivo de evitar que se profundice ese agujero, la gestión de Axel Kicillof adoptó una decisión: frenar el sistema de jubilaciones de oficio que imperó durante buena parte del gobierno de María Eugenia Vidal.
La idea es que la plantilla de casi 300 mil beneficiarios del IPS no se engrose por decisión del propio Estado. Y que los empleados estatales y docentes ya no cesen en el cargo en forma obligatoria cuando cumplan la cantidad de años y aportes previsionales requeridos por ley. El gobierno de Cambiemos fue taxativo en esa cuestión: intimaba a los agentes y los notificaba de que debían acogerse a la jubilación. De hecho, quedó una tanda de casos para ejecutarse en enero que ahora Kicillof tendrá que frenar. Algunos números no oficiales dan cuenta de que Vidal habría propiciado el retiro de cerca de 80 mil trabajadores, lo que en su momento había generado el reclamo de diversos sectores sindicales, en especial los docentes. También se quejaron otros ámbitos gremiales que denunciaron que la medida generó el desmantelamiento de diversas áreas de la administración.
En el caso de los docentes al frente de grado, el beneficio jubilatorio se obtiene con 50 años de edad y 25 de aportes. Los estatales alcanzan la pasividad con 60 años de edad y 35 de servicio.
Pero a partir de ahora la decisión es que el empleado que está en condiciones de jubilarse, si lo desea, pueda seguir trabajando y postergar su retiro. Así se lo comunicó en las últimas horas a diversas organizaciones gremiales la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.
La cuestión es que la reducción de la planta de personal que se persiguió entonces impactó sobre las finanzas del IPS. “Hace cuatro años había una relación de 3,3 activos por cada pasivo: ahora es de 2,70 agentes en actividad por cada jubilado”, dijo el presidente del organismo, Eduardo Santín.
PARA ACHICAR EL DÉFICIT
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