PROYECTO DE LEY EN EL SENADO BONAERENSE
Presupuesto: impulsan la autarquía de la Justicia
La Corte definiría recursos y gastos y no podrían sufrir «modificaciones de ninguna naturaleza» por parte del Ejecutivo.
Un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense impulsa la autarquía del Poder Judicial, disponiendo que sea la Suprema Corte la que defina su propio presupuesto anual, el cual podría ser de hasta el 7% del total de gastos y recursos de la Provincia y no podría sufrir «modificaciones de ninguna naturaleza» por parte del Ejecutivo.
En el año en curso, los recursos asignados al Poder Judicial fueron pautados en 1.008 millones de pesos, que representan el 4,2% del total del Presupuesto provincial, recientemente ampliado de 22.418 millones a 23.873 millones de pesos. En cambio, con la modificación impulsada, el Poder Judicial hubiese contado con 1.671 millones de pesos.
El proyecto de ley de autarquía fue presentado por el presidente del bloque del PJ, Federico Scarabino, con la firma de sus compañeros de bancada Mónica Litza, Hebe Maruco, Edda Acuña y Eduardo Amalvy, y establece que la Corte bonaerense «elaborará el presupuesto de gastos y cálculo de recursos del Poder Judicial», que comprende la Administración de Justicia, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.
El presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo a lo que determina el proyecto, estará conformado por «obligaciones del tesoro y créditos de emergencia» del ministerio de Economía provincial y por «recursos específicos propios».
La iniciativa señala que los «recursos específicos» del Poder Judicial estarán compuestos por «la tasa retributiva de servicios judiciales, los honorarios y gastos devengados por la actuación de peritos oficiales, los fondos provenientes de multas y depósitos de recursos extraordinarios que queden perdidos, el fondo especial de infraestructura de justicia de paz letrada y las multas de tribunales del trabajo».
Los «recursos específicos» también se conformarán con «las multas penales, herencias vacantes, el 50% de las rentas de depósitos judiciales en cuentas del Banco Provincia, las donaciones, legados y/o subastas de bienes muebles e inmuebles y todo otro recurso de cualquier naturaleza, existente, eventual o a crearse, no previsto en la presente remuneración».
El proyecto prevé que «una vez percibidos, los recursos específicos serán depositados en forma automática en una cuenta especial a nombre del Poder Judicial» y la Corte administrará esos fondos «de acuerdo con las pautas establecidas en la ley de presupuesto».
En los fundamentos de la iniciativa se aclara que «en materia de recursos específicos, se han mantenido vigentes todos aquellos que rigen en la actualidad, incorporándose aquél que contempla la determinación de un porcentaje de las rentas obtenidos sobre depósitos judiciales, ya que se trata de recursos de administración exclusiva del Poder Judicial cuyas utilidades no ingresan actualmente al mismo, representando una desviación de recursos propios que es necesario revertir».
Presupuesto inmodificable
La iniciativa prevé que «el proyecto de presupuesto del Poder Judicial será remitido por la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo, para su inmediata elevación a la Legislatura «sin modificaciones de ninguna naturaleza».
Scarabino precisó que «la prohibición de modificarlo apunta a la necesidad de garantizar que el mismo represente fielmente la intención del Poder Judicial plasmada en la elaboración, y en nada obsta las facultades de los demás Poderes al tiempo de su tratamiento y promulgación».
En los fundamentos del proyecto, el senador remarcó que «respecto de los recursos asignados, se ha establecido un límite equivalente al 7% del Presupuesto de la Administración Pública provincial» y destacó que «ese porcentual guarda razonable simetría con los previstos en los presupuestos de los últimos diez años, variando desde un 3,62% en 1998, hasta un 5,84% en el año 2002».
Al explicar los motivos por los cuales considera necesaria la autarquía del Poder Judicial, señaló que «uno de los atributos imprescindibles que posibilitan la real y concreta independencia de los Poderes, lo constituye sin lugar a dudas la inexistencia de un condi-cionamiento económico o, dicho en otras palabras, la amplia libertad de programar, administrar y aplicar los recursos asignados».
El legislador sostuvo además que el proyecto de ley impulsado «tiene por objeto asimilar las disposiciones y procedimientos para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, a las ya existentes para el Poder Legislativo, otorgando a la Suprema Corte la competencia para su elaboración, distribución del gasto e inversión».
Por último, afirmó que «la tan declamada y ansiada autarquía judicial posee en el texto propuesto la oportunidad histórica de convertirse en la piedra fundamental de una reforma profunda, solucionando graves y anacrónicas situaciones por todos conocidas, que están colocando al Poder Judicial al borde del colapso».
En el año en curso, los recursos asignados al Poder Judicial fueron pautados en 1.008 millones de pesos, que representan el 4,2% del total del Presupuesto provincial, recientemente ampliado de 22.418 millones a 23.873 millones de pesos. En cambio, con la modificación impulsada, el Poder Judicial hubiese contado con 1.671 millones de pesos.
El proyecto de ley de autarquía fue presentado por el presidente del bloque del PJ, Federico Scarabino, con la firma de sus compañeros de bancada Mónica Litza, Hebe Maruco, Edda Acuña y Eduardo Amalvy, y establece que la Corte bonaerense «elaborará el presupuesto de gastos y cálculo de recursos del Poder Judicial», que comprende la Administración de Justicia, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.
El presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo a lo que determina el proyecto, estará conformado por «obligaciones del tesoro y créditos de emergencia» del ministerio de Economía provincial y por «recursos específicos propios».
La iniciativa señala que los «recursos específicos» del Poder Judicial estarán compuestos por «la tasa retributiva de servicios judiciales, los honorarios y gastos devengados por la actuación de peritos oficiales, los fondos provenientes de multas y depósitos de recursos extraordinarios que queden perdidos, el fondo especial de infraestructura de justicia de paz letrada y las multas de tribunales del trabajo».
Los «recursos específicos» también se conformarán con «las multas penales, herencias vacantes, el 50% de las rentas de depósitos judiciales en cuentas del Banco Provincia, las donaciones, legados y/o subastas de bienes muebles e inmuebles y todo otro recurso de cualquier naturaleza, existente, eventual o a crearse, no previsto en la presente remuneración».
El proyecto prevé que «una vez percibidos, los recursos específicos serán depositados en forma automática en una cuenta especial a nombre del Poder Judicial» y la Corte administrará esos fondos «de acuerdo con las pautas establecidas en la ley de presupuesto».
En los fundamentos de la iniciativa se aclara que «en materia de recursos específicos, se han mantenido vigentes todos aquellos que rigen en la actualidad, incorporándose aquél que contempla la determinación de un porcentaje de las rentas obtenidos sobre depósitos judiciales, ya que se trata de recursos de administración exclusiva del Poder Judicial cuyas utilidades no ingresan actualmente al mismo, representando una desviación de recursos propios que es necesario revertir».
Presupuesto inmodificable
La iniciativa prevé que «el proyecto de presupuesto del Poder Judicial será remitido por la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo, para su inmediata elevación a la Legislatura «sin modificaciones de ninguna naturaleza».
Scarabino precisó que «la prohibición de modificarlo apunta a la necesidad de garantizar que el mismo represente fielmente la intención del Poder Judicial plasmada en la elaboración, y en nada obsta las facultades de los demás Poderes al tiempo de su tratamiento y promulgación».
En los fundamentos del proyecto, el senador remarcó que «respecto de los recursos asignados, se ha establecido un límite equivalente al 7% del Presupuesto de la Administración Pública provincial» y destacó que «ese porcentual guarda razonable simetría con los previstos en los presupuestos de los últimos diez años, variando desde un 3,62% en 1998, hasta un 5,84% en el año 2002».
Al explicar los motivos por los cuales considera necesaria la autarquía del Poder Judicial, señaló que «uno de los atributos imprescindibles que posibilitan la real y concreta independencia de los Poderes, lo constituye sin lugar a dudas la inexistencia de un condi-cionamiento económico o, dicho en otras palabras, la amplia libertad de programar, administrar y aplicar los recursos asignados».
El legislador sostuvo además que el proyecto de ley impulsado «tiene por objeto asimilar las disposiciones y procedimientos para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, a las ya existentes para el Poder Legislativo, otorgando a la Suprema Corte la competencia para su elaboración, distribución del gasto e inversión».
Por último, afirmó que «la tan declamada y ansiada autarquía judicial posee en el texto propuesto la oportunidad histórica de convertirse en la piedra fundamental de una reforma profunda, solucionando graves y anacrónicas situaciones por todos conocidas, que están colocando al Poder Judicial al borde del colapso».