El 71 % de los caminos rurales bonaerenses tiene actualmente inconvenientes para ser transitados, lo que dificulta el trabajo de los productores agropecuarios. La queja es frecuente entre las entidades del campo. Para colmo, la situación tiende a empeorar, ya que el año pasado los problemas en las vías terrestres alcanzaba a un 63% de las mismas. A la hora de definir responsabilidades, los ruralistas apuntan a las intendencias, que son las que recaudan los fondos que deberían destinarse a los mejorados.
Los datos son parte de un informe elaborado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y que fue presentado hace algunas semanas en la ciudad de Rauch, durante el Segundo Simposio de Caminos Rurales. El primer encuentro sobre esta temática había sido en 2018. En efecto, el dato más saliente fue que de un año a otro las vías terrestres muestran un notable deterioro.
El trabajo de Carbap se realizó en base a los datos que acercó cada sociedad rural afiliada a la entidad. Hay prácticamente una por pueblo grande. Según el detalle, el 19% de los caminos rurales de la Provincia se encuentra en “mal estado” y un 52% está en condiciones “regulares”. Los principales problemas son la formación de pozos, zanjas y pantanos que dificultan el traslado de los camiones cargados con granos, animales y demás productos de las campañas agrarias. Se mezclan razones climáticas, excesos de cargas y volúmenes de tránsito cada vez más elevados.
En tanto, el trabajo registra que un 27% de los caminos está en estado “bueno” y un magro 2% se define como “muy bueno”. La provincia de Buenos Aires cuenta con una red vial de más de 120.000 kilómetros, de los cuales 4.675 kilómetros son rutas nacionales que pasan por la Provincia. De lo que sería la red provincial, sólo el 30% está pavimentado. Y hay unos 105 mil kilómetros de los llamados caminos rurales. Estos últimos dependen de las jurisdicciones municipales. Es por eso que desde Carbap apuntan, sobre todo, a los intendentes del interior de la Provincia. “No controlan que se realicen las obras de mantenimiento”, es la queja recurrente.
En las zonas rurales, existen unos 25 mil kilómetros de caminos que los productores llaman troncales. Obviamente son de tierra, son anchos, unen pueblos o llevan a las rutas asfaltadas. Los chacareros, usando una figura cardiológica, los definen como las “arterias” del sistema. Pero hay otros 75 mil kilómetros, que serían las “venas” de la red, que son más angostos y que van desde las entradas de los campos a los caminos más grandes o a las cintas asfálticas interjuridiccionales. En este último grupo, muchas veces un camión cargado no puede transitar.
Las mejoras de estas vías terrestres no debería ser un problema de plata. Es que, sólo durante 2019, se supone que hay disponibles para el mantenimiento de los caminos rurales 7.095.509.771 pesos.
¿De dónde sale esa cifra? El trabajo de Carbap lo detalla. Hay tres canales recaudatorios: -Como el mantenimiento de los caminos está a cargo de los municipios, éstos cobran la llamada tasa vial. A través del Concejo Deliberante, cada comuna determina su valor. Contando todos los distritos que la cobran, el importe recaudado para este año sería de unos 4.873.718.585 pesos.
Algo así como 40.614,32 pesos por cada kilómetro de camino rural. Representa un 69% de aquellos más de 7 mil millones totales que deberían estar garantizados.
Según fuentes rurales, los jefes comunales tienden a considerar esta tasa como un impuesto más y no le dan el destino específico de mantener las vías terrestres porque lo usan para otros gastos.
El Poder Ejecutivo provincial envía a las comunas, en forma automática, el 12% de los recaudado por el impuesto inmobiliario rural. Es por la Ley provincial 13.010 -que creó un fondo para mantener los caminos- y representa, este año, 1.250.966.587 pesos. Unos 10.424,72 pesos por cada kilómetro de camino.
Lo que el productor paga por “Guías y señales”. Se trata de un monto que el chacarero que cría ganado abona a los municipios para poder trasladar la hacienda desde los campos a los destinos finales. Según Carbap, esto sería para este año 970.824.600 pesos.
Originalmente, lo que motivó la creación de este tributo fue, justamente, atender el cuidado de calles y caminos vecinales que se iban desmejorando con el paso a pie de las tropillas de animales, que provocaban pisoteos irregulares. Se suponía que lo recaudado por esta tasa se volcaba a alisar o emparejar la vía para que pudiera usarse con vehículos. Por eso era un gravamen que se percibía “por cabeza de ganado”. Más hacienda, más recaudación.
Cuando los animales dejaron de trasladarse por arreos y pasaron a los camiones, la tasa igualmente se mantuvo. Los ruralistas denuncian ahora que ese dinero, que todavía se recauda, se deriva a otros gastos que tienen los municipios, que nada tienen que ver con el mantenimiento de los caminos.
Lo dicho: los ruralistas aseguran que la situación crítica de los caminos rurales no está vinculada a la falta de recursos de los municipios, los responsables del mantenimiento, sino a una ineficiente gestión de los mismos. Y cuestionan la desidia del gobierno provincial a la hora de controlar de qué manera los intendentes gastan esos fondos.
Piden, en definitiva, que el control de las obras para garantizar la transitabilidad debe estar en manos de la administración provincial. Y recuerdan que la gobernadora María Eugenia Vidal le prometió públicamente al sector, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, que este año se repararían 12 mil kilómetros de caminos rurales. Algo que, obviamente, no se ha cumplido.
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