Cuando en mayo pasado se disparó la polémica por la asunción de Sergio Torres en la Suprema Corte de Justicia provincial, comenzó a ventilarse la pelea política que existe desde antes de aquel episodio entre el actual titular del organismo, Eduardo De Lázzari, y el gobierno de María Eugenia Vidal.
La reciente saga en torno a las polémicas declaraciones de De Lázzari sobre “causas armadas artificialmente” vino a acrecentar aquella disputa, a hacerla visible “hacia afuera” del mundillo judicial, y aceleró una ofensiva de la gobernadora para exponer al magistrado.
De Lázzari había sido el cuestionador de la llegada a la Corte de Torres, hasta ese momento un juez federal porteño con asiento en Comodoro Py, a pesar de que el Senado le había otorgado el acuerdo luego de que lo propusiera Vidal. Muy resumidamente, su tesis fue que no estuvo suficientemente acreditado que Torres tiene los dos años anteriores a su nombramiento como residente en la Provincia. Y sostuvo, en un escrito donde explicó su postura, que la Corte tiene atribuciones para dar un último veredicto al respecto. Lo acompañó únicamente Eduardo Pettigiani.
Según fuentes de la Corte, más allá de ese argumento siempre anidó en De Lázzari un rechazo a que un miembro de otro fuero, ajeno a la justicia bonaerense, ingrese al cuerpo. Para él sería algo así como antinatural. Una condición que también habría sentido con el desembarco de una serie de dirigentes porteños en el gobierno provincial que encabeza Vidal, explican los informantes.
Ningún funcionario dirá en público lo que se comenta en la gobernación: para el vidalismo, el actual titular de la Suprema Corte opera políticamente en contra de Vidal. Le adjudican simpatía casi militante con el kirchnerismo.
Cristina suele usar los mismos argumentos que utilizó De Lázzari para denunciar lo que, según ella, es una supuesta persecución judicial.
Sin tanto detalle, en Tribunales suelen comentar que el juez avisó a los suyos que no se jubilará porque se propone “ponerle freno” a lo que considera modos prepotentes del macrismo, al menos hacia la Justicia. Ya elevó varias quejas por demoras en nombramiento y falta de presupuesto.
Para abonar la tesis de su supuesta postura opositora, en el oficialismo resaltan ahora que las declaraciones de De Lázzari objetando la Justicia Federal y sugiriendo que también se estarían armando causas en el fuero bonaerense -donde, curiosamente, él mismo es la principal cabeza-, fueron replicados de inmediato por Cristina Kirchner. Su cuenta oficial de twitter viralizó el video de la conferencia donde el juez hizo esas declaraciones, ocurrida en junio.
Cristina, en efecto, suele usar los mismos argumentos que utilizó De Lázzari para denunciar lo que ella dice que es una supuesta persecución judicial de la que es víctima: los 13 procesamientos y los 7 pedidos de prisión preventiva que tiene en su contra.
Sin ánimo aquí de juzgar el contenido de los dichos del juez, lo que dijo De Lázzari terminó siendo absolutamente funcional a la ahora candidata a vicepresidenta. Es un dato objetivo.
Últimamente, las sospechas del gobierno con el juez supremo se habían profundizado a propósito de un fallo de la Junta Electoral de la Provincia, que organiza las elecciones, realiza el escrutinio y demás. Ese organismo es presidido por quien sea titular de la Suprema Corte -este último, un cargo rotativo- en el año del proceso comicial. O sea, este año De Lázzari preside la Junta.
Pues bien, allí Juntos por el Cambio acaba de tener un revés. Es que la Junta habilitó las candidaturas bonaerenses del Frente Despertar, que postula a la presidencia a José Luis Espert.
El tramo provincial de ese frente había quedado en duda cuando el oficialismo logró que Alberto Assef, que con su partido le daba sustento legal a Espert, se retirara a cambio de una diputación nacional. La jugada buscaba ahogar a un espacio que puede sacarle algunos votos por derecha al macrismo. Lo irónico es que al final el candidato a gobernador de Espert será Guillermo Castello, que era oficialista y se cruzó al espertismo porque no lo dejaron dar pelea interna por la candidatura aintendente de Mar del Plata. Notables borocotizaciones.
Las diferencias entre De Lázzari y el vidalismo se habían profundizado también cuando el gobierno inició una fuerte presión para conseguir la renuncia de la ex Procuradora General ante la Suprema Corte, María del Carmen Falbo. De Lázzari y Falbo comparten pasado en el duhaldismo y una amistad de años. Encima, Vidal propuso para ese cargo clave -jefe de todos los fiscales provinciales- a otro porteño: Julio Conte Grand.
Como en la puja por la asunción de Torres, fue otra batalla perdida para De Lázzari. Conte Grand es el actual Procurador y fue quien el lunes instruyó al fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, a que inicie una investigación para estipular si los dichos del juez supremo sobre maniobras espurias en los tribunales bonaerenses tienen asidero.
Pareció la respuesta a los dichos televisivos de Vidal, el domingo, exigiéndole a De Lázzari que, dado su alto cargo, debía denunciar la existencia de delitos o de lo contrario sería cómplice. Jugó fuerte la gobernadora y motivó que, al otro día, De Lázzari sacara un comunicado diciendo que con lo de las causas “armadas” no se refería a las que se le siguen a los kirchneristas.
Por cierto, Vidal sabe del malestar del resto de los magistrados de la Corte -seis más- por las declaraciones de su presidente: un alto funcionario de su gabinete hizo una ronda de llamadas para recoger opiniones y comprobó los enojos. Fue antes de que el juez Héctor Negri, el de más antigüedad, sacara un comunicado en el que sentenció: “Ni a esta Suprema Corte ni a su presidente le caben, entre sus atribuciones, emitir juicio sobre la actividad de otros tribunales de la jurisdicción federal ni de ninguna otra jurisdicción que le sea ajena, ni tratar de influir de algún modo sus respectivas decisiones.”
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