Más de 40 intendentes a juicio por el dinero para residuos

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu), informaron fuentes judiciales. 
En el mismo fallo, el tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito de 42 intendentes imputados y sobreseyó a otros dos, según indicaron las fuentes consultadas en los tribunales federales de Comodoro Py.
Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.
La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”, indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron también que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos”.
Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.
En febrero pasado, el juez Claudio Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.
Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los $600 millones.
“Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en aquel el fallo de 347 páginas.
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de $604.529.670”, sostuvo el juez. 
“Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Pmgirsu al que se habían obligado”, había asegurado Bonadio.