Solamente la cartera educativa tiene más de 600 autos que demandan, para mantenerlos en movimiento, un flujo de dinero tan importante como difícil de controlar. “Los patrulleros tienen un GPS que indica por dónde circulan y se puede verificar, hasta cierto punto, la cantidad de kilómetros que recorren, pero con los otros vehículos oficiales es imposible”, concluyó una fuente judicial. Los organismos se proveen de combustible con tarjetas magnéticas precargables “Bapro Copres”, de las que deben rendir cuentas.
No está claro aún cómo sacaban provecho de los plásticos que tenía Cejas, aunque es posible que los utilizara cada vez que un cliente que cargaba combustible en la estación de servicio le pagaba en efectivo, quedándose con el dinero y abonando la carga del ocasional automovilista con alguna de las tarjetas que tenía en su poder.
Otra posibilidad es que los responsables de la expendedora cobraran por un servicio que no se hacía, o directamente que se lavara dinero a través de esa facturación.
Los abogados de la firma fueron el jueves a la fiscalía de Condomí Alcorta para presentarse como particulares damnificados de una maniobra que, según ellos, podría haberlos perjudicados en muchos miles de pesos (por lo menos), ya que las operaciones por débito les demandan una erogación del 5%. Cejas, dijeron fuentes oficiales, se habría quedado con el 10% de cada operación.
PROVINCIALES
COMENTARIOS