RECLAMOS AL GOBERNADOR SOLA
Inmobiliario: avanza la movida para frenar el cobro con los servicios
Consideran que esa norma transgrede no sólo el marco regulatorio eléctrico de la Provincia sino también la ley de Defensa del Consumidor.
Dirigentes de asociaciones que representan a usuarios y consumidores y el Defensor Ciudadano platense reclamaron ayer al gobernador Felipe Solá que vete la ley que establece que empresas de servicios públicos podrán cobrar en sus facturas el impuesto Inmobiliario bonaerense, por considerar que esa norma transgrede no sólo el marco regulatorio eléctrico de la Provincia sino también la ley de Defensa del Consumidor.
Las entidades enviaron ayer una nota al mandatario pidiéndole que deje sin efecto el proyecto sancionado la semana pasada en la Legislatura por impulso del Poder Ejecutivo, y advirtieron que en caso de que sea promulgado, plantearán su presunta inconstitucionalidad en la Justicia.
Concretamente, las asociaciones y el ombudsman local, Luis Malagamba, sostienen que la ley impulsada por la dirección de Rentas provincial choca con la ley 11.769, que establece el marco regulatorio eléctrico de la Provincia, y que estipula que sólo podrán incluirse en las facturas conceptos ajenos a la prestación del servicio público siempre que medie una expresa e individual autorización del usuario. La ley aprobada elimina directamente esa exigencia y establece que las empresas de servicios públicos actuarán como agentes de recaudación del Inmobiliario. El planteo ante Solá fue realizado por el titular de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), Pedro Bussetti; Ignacio Laborde, de DEUCO La Plata; Olga Cerletti, presidente de CADUCLP (Comisión Asesora en Defensa de Usuarios y Consumidores), a los que se sumaron el Centro de Orientación en Defensa de Usuarios y Consumidores (CEODECO); Protección de Consumidores del Mercosur (PROCONSUMER) y Consumidores y Usuarios de San Nicolás (COYUSIN), acompañados por Malagamba.
Bussetti sostuvo que la ley 11.769 «establece que para incorporar todo concepto ajeno en cualquier factura de servicios se hace necesaria la aprobación fehaciente e individual del usuario y esta ley elimina esa obligación, ya que autoriza a Rentas a poder designar como autoridad de cobro a las empresas, sin necesidad de requerir el consentimiento de los consumidores».
La norma permite que Rentas pueda suscribir convenios con empresas de servicios públicos (luz, gas, teléfono, TV cable y telefonía celular) para que incorporen en sus facturas el cobro de un 25% del Inmobiliario para los casos de titulares de viviendas que tienen valuaciones fiscales superiores a los 180 mil pesos ó 100 mil pesos si son comercios o urbanizaciones cerradas.
«Se está cercenando el derecho a decidir, cuando en la Nación se está por aprobar una ley para otorgarle más derechos a los consumidores», se quejó el titular de DEUCO. Y añadió: «Se le quita decisión al usuario sustituyendo y supliendo su voluntad».
Además, el dirigente dijo que la cuestionada norma «deja al descubierto la incapacidad de la Provincia para recaudar», ya que «cuenta con las normas legales para perseguir el cobro del Impuesto Inmobiliario, que permite intimar y hacer juicio, entre otros mecanismos». Las entidades cuestionaron además el hecho de que, por ejemplo, un contribuyente de un municipio que paga la tasa de Alumbrado con la boleta de luz puede pedir sólo pagar el concepto de eléctrico de la factura, es decir, el consumo. «En cambio, en este caso se deberá pagar sí o sí la factura con el impuesto y esto afecta las garantías constitucionales», disparó Bussetti.
La iniciativa, impulsada por el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, busca reducir la evasión del impuesto cobrándolo junto a las boletas de gas, luz, agua o teléfono, que los usuarios suelen pagar en término para evitar inconvenientes o cortes en los servicios. La oposición, en tanto, también se sumó al reclamo de las entidades que representan a usuarios y consumidores. En ese marco, el diputado bonaerense de Recrear Sergio Nahabetian cuestionó la inclusión del pago del Inmobiliario en las facturas de servicios al asegurar que «viola la división de Poderes, avanza sobre los derechos de los ciudadanos y evidencia la ineficacia del Ejecutivo para recaudar». Nahabetian añadió que «así como el gobierno nacional mezcla y confunde las funciones del Ejecutivo con las de los poderes Legislativo y Judicial, violando el principio básico de la división de Poderes, ahora el gobierno bonaerense mezcla y confunde un servicio con un impuesto». El diputado indicó que «el Gobernador avanza cada vez más sobre los derechos de los ciudadanos y, con el mero afán de recaudar, confunde a su antojo un servicio, muchas veces esencial, con un impuesto», y agregó que «de esta manera queda al descubierto la ineficacia de esta administración provincial en su política recaudatoria y una voracidad fiscal inagotable que busca, a costa de la gente, paliar el terrible déficit y endeudamiento de la Provincia».
Las entidades enviaron ayer una nota al mandatario pidiéndole que deje sin efecto el proyecto sancionado la semana pasada en la Legislatura por impulso del Poder Ejecutivo, y advirtieron que en caso de que sea promulgado, plantearán su presunta inconstitucionalidad en la Justicia.
Concretamente, las asociaciones y el ombudsman local, Luis Malagamba, sostienen que la ley impulsada por la dirección de Rentas provincial choca con la ley 11.769, que establece el marco regulatorio eléctrico de la Provincia, y que estipula que sólo podrán incluirse en las facturas conceptos ajenos a la prestación del servicio público siempre que medie una expresa e individual autorización del usuario. La ley aprobada elimina directamente esa exigencia y establece que las empresas de servicios públicos actuarán como agentes de recaudación del Inmobiliario. El planteo ante Solá fue realizado por el titular de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), Pedro Bussetti; Ignacio Laborde, de DEUCO La Plata; Olga Cerletti, presidente de CADUCLP (Comisión Asesora en Defensa de Usuarios y Consumidores), a los que se sumaron el Centro de Orientación en Defensa de Usuarios y Consumidores (CEODECO); Protección de Consumidores del Mercosur (PROCONSUMER) y Consumidores y Usuarios de San Nicolás (COYUSIN), acompañados por Malagamba.
Bussetti sostuvo que la ley 11.769 «establece que para incorporar todo concepto ajeno en cualquier factura de servicios se hace necesaria la aprobación fehaciente e individual del usuario y esta ley elimina esa obligación, ya que autoriza a Rentas a poder designar como autoridad de cobro a las empresas, sin necesidad de requerir el consentimiento de los consumidores».
La norma permite que Rentas pueda suscribir convenios con empresas de servicios públicos (luz, gas, teléfono, TV cable y telefonía celular) para que incorporen en sus facturas el cobro de un 25% del Inmobiliario para los casos de titulares de viviendas que tienen valuaciones fiscales superiores a los 180 mil pesos ó 100 mil pesos si son comercios o urbanizaciones cerradas.
«Se está cercenando el derecho a decidir, cuando en la Nación se está por aprobar una ley para otorgarle más derechos a los consumidores», se quejó el titular de DEUCO. Y añadió: «Se le quita decisión al usuario sustituyendo y supliendo su voluntad».
Además, el dirigente dijo que la cuestionada norma «deja al descubierto la incapacidad de la Provincia para recaudar», ya que «cuenta con las normas legales para perseguir el cobro del Impuesto Inmobiliario, que permite intimar y hacer juicio, entre otros mecanismos». Las entidades cuestionaron además el hecho de que, por ejemplo, un contribuyente de un municipio que paga la tasa de Alumbrado con la boleta de luz puede pedir sólo pagar el concepto de eléctrico de la factura, es decir, el consumo. «En cambio, en este caso se deberá pagar sí o sí la factura con el impuesto y esto afecta las garantías constitucionales», disparó Bussetti.
La iniciativa, impulsada por el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, busca reducir la evasión del impuesto cobrándolo junto a las boletas de gas, luz, agua o teléfono, que los usuarios suelen pagar en término para evitar inconvenientes o cortes en los servicios. La oposición, en tanto, también se sumó al reclamo de las entidades que representan a usuarios y consumidores. En ese marco, el diputado bonaerense de Recrear Sergio Nahabetian cuestionó la inclusión del pago del Inmobiliario en las facturas de servicios al asegurar que «viola la división de Poderes, avanza sobre los derechos de los ciudadanos y evidencia la ineficacia del Ejecutivo para recaudar». Nahabetian añadió que «así como el gobierno nacional mezcla y confunde las funciones del Ejecutivo con las de los poderes Legislativo y Judicial, violando el principio básico de la división de Poderes, ahora el gobierno bonaerense mezcla y confunde un servicio con un impuesto». El diputado indicó que «el Gobernador avanza cada vez más sobre los derechos de los ciudadanos y, con el mero afán de recaudar, confunde a su antojo un servicio, muchas veces esencial, con un impuesto», y agregó que «de esta manera queda al descubierto la ineficacia de esta administración provincial en su política recaudatoria y una voracidad fiscal inagotable que busca, a costa de la gente, paliar el terrible déficit y endeudamiento de la Provincia».