La Policía echó en dos años a 2.090 efectivos por delitos o faltas graves

Desde octubre de 2004 a la fecha, el ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso el desplazamiento de 2.090 efectivos policiales entre prescindibles, exonerados y cesantes.

Las causas son de las más diversas y algunas por delitos graves: casos de corrupción, gatillo fácil, maltrato familiar y abuso sexual. Pero además, muchas de las expulsiones tienen que ver con situaciones que la fuerza define como «faltas graves» a la función propia del uniformado y su rol de funcionario público, y algunas de las cuales bien podrían formar parte de un curioso anecdotario.

Estas decisiones se registran en el marco de la depuración de la fuerza, que fue acompañada por la supresión y creación de diversas estructuras administrativas, en especial Asuntos Internos, que apuntan a darles celeridad a las causas que se les inician a los efectivos.

En una fuerza que integran cerca de 47.000 agentes, los 2.090 policías que dejaron de serlo no parece una cifra voluminosa. Pero sí lo es en comparación con el período previo al segundo arribo del ministro León Arslanián a la cartera más caliente de la Provincia: durante seis años, el desactivado Tribunal de Etica había dispuesto la exoneración o cesantía de sólo 175 policías, según los datos oficiales a los que accedió este diario.

El desglose de ese número indica que 1.061 efectivos fueron declarados prescindibles; decisión que se corresponde en la mayoría de los casos con las denominadas «purgas» que define directamente el titular de la cartera, León Arslanián.

«Las primeras separaciones tuvieron que ver con poner fin a sumarios no resueltos que llevaban años y que en muchos casos hacía que el efectivo siguiera cobrando la mitad del sueldo a pesar de que estaba exonerado», se indicó en Seguridad.

Esta disposición tiene relación con la ley de emergencia policial, que ya fue dos veces prorrogada y sigue en vigencia, y que permite al ministro disponer prescindibilidades.

Pero también, como se dijo, se dispusieron 221 cesantías y 808 exonera-ciones desde octubre de 2004 hasta ahora. Ambas medidas significan el desplazamiento de los efectivos de la fuerza.

«La diferencia entre cesantía y exoneración es bastante sutil; lo que tienen en común es que ambas son sanciones disciplinarias que impiden que el personal dado de baja por estas causales pueda ser reincorporado a la fuerza, aún cuando mediare rehabilitación», se explicó.

La rehabilitación es una medida por la cual la persona puede volver a ocupar otro cargo público, con excepción del de policía de la Provincia. Es una facultad absolutamente discrecional del mismo organismo que lo sancionó el concederle la rehabilitación o no hacerlo.En ese marco, la diferencia entre las dos sanciones radica en que el cesanteado debe esperar por lo menos un año para solicitar la rehabilitación y, negada ésta, debe aguardar dos años para volver a pedirla. En cambio, el exonerado debe esperar dos para pedirla y en caso de negativa cinco para volver a solicitarla.De todos los casos dispuestos hasta el momento, en ninguno de ellos se concretó el pedido de rehabilitación, se informó oficialmente.

Nueva estructura

La gestión de Arslanián dispuso la creación de la dirección de Asuntos Internos, un organismo especialmente destinado a tramitar los sumarios, producir la pruebas y luego sugerir qué tipo de sanciones se aplicarán. Claro que no en todos los casos se disponen medidas para separar efectivos de la fuerza: en muchas ocasiones hay sanciones más benignas como suspensiones, siempre que se trate de faltas menores.

«Si se detecta algún caso de corrupción, el policía es exonerado, porque creemos que no está en condiciones no sólo de integrar la fuerza sino además de volver a la función pública», dijeron fuentes del organismo.

Las cesantías, en cambio, suelen disponerse en caso de faltas administrativas o negligencias reiteradas.

El orígen de las denuncias

Uno de los aspectos llamativos de esta depuración tiene que ver con cómo llegan las denuncias a Seguridad sobre el accionar de los policías. Si bien se admite que sigue de alguna forma funcionando una actitud corporativa que tiende a «tapar» el mal accionar policial entre los pares, en el ministerio aseguran que los nuevos efectivos surgidos tras los cambios curriculares aplicados en las escuelas de formación van mostrando otra actitud frente a estos hechos.

«Los oficiales jóvenes se animan más», dicen. Por ejemplo, se atrevieron a denunciar a un superior que hacía las veces de tutor y que pretendía obligarlos a que les entregara la mitad de las horas Cores que se les liquidaba.

Una mujer policía de las nuevas camadas, además, denunció a un superior que intentó abusar de una vecina en la comisaría.

Otras de las usinas de denuncias son los foros de seguridad integrados por los vecinos, que dan inicio a inspecciones en las comisarías. Pero también se actúa de oficio. Por caso, en los últimos días un empleado del ministerio detectó un auto lujoso estacionado frente a una comisaría y que pertenecía al jefe de la unidad.

Así, se inició una investigación que sigue su curso y que derivó en que el efectivo en cuestión estaba viviendo en un barrio cerrado en una propiedad que, en principio, no podría haber adquirido con sus ingresos.

Pero además, Asuntos Internos habilitó dos vías para hacer denuncias, una telefónica y otra por mail. Así, quienes quieran denunciar alguna presunta irregularidad policial, podrán llamar en forma gratuita al 0800-9998358 ó enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: denunciasai @ mseg.gba.gov.ar.

Por esas vías, se reciben unos 7 mail diarios y cerca de 50 llamadas por día.

Corrupción y otras yerbas

Gatillo fácil, extorsión y corrupción son sólo algunos de los casos que derivan en la separación de la fuerza de los policías. Hay algunos hechos graves y otros que parecieran no serlos tanto, pero que igualmente generan sanciones que implican la exoneración.

Por caso, varias causas tienen que ver con los «souvenires» que algunos efectivos se llevan de los allanamientos. Por ejemplo, hubo dos desplazamientos de policías, uno por quedarse con un juego de bochas y otro por apropiarse de una taba.

Es común el tema de los denominados «presos vip», que se van de la comisaría a la casa y vuelven, pagando hasta 2.000 pesos semanales. En muchos casos, a los investigadores les resulta complicado detectar ciertos hechos de corrupción y reconocen que los uniformados «son muy creativos». Y añaden: «Antes, por ejemplo, eran más ostentosos, mostraban sus propiedades sin preocuparse. Ahora, se han vuelto menos obscenos».

Hay varios casos de extorsión.

Uno de ellos se registró en Tres Arroyos, donde algunos agentes solicitaron 6.000 pesos en forma personal y a través de llamados telefónicos a una persona a la que le habían secuestrado su camión.

Le exigieron aportes para hacer valer la influencia que supuestamente tenían sobre el fiscal actuante.

Entonces, Asuntos Internos intervino los teléfonos y se realizó un operativo en el cual instaló un micrófono oculto entre las ropas del camionero para gravar las futuras conversaciones.

Así, se probó la solicitud de dinero y se detuvo a un oficial policial con los billetes marcados. Como resultado, dos efectivos fueron exonerados.En otro caso, fueron separados de la fuerza dos efectivos que actuaban en la seguridad de las islas del Delta, por cometer actos de corrupción con vales de combustible. Solicitaban refuerzos en las partidas de vales para el aprovisionamiento de combustible de todas las embarcaciones, pero omitían distribuirlos entre los ocho destacamentos de la zona. Pero además, los canjeaban -presumiblemente por dinero- en una estación de servicio. También se comprobó que solicitaban vales de combustible para embarcaciones que se hallaban inactivas en guarderías y otras en total estado de abandono. De acuerdo a estimaciones de Asuntos Internos, la defraudación al fisco habría sido de unos 50.000 pesos.

Abusos y violencia familiar

Además, se registran casos de exoneraciones por abusos sexuales. Unos de ellos se registró en Pilar, donde varios efectivos violaron a una joven que poseía un retraso madurativo que le impedía consentir sus actos, síndrome depresivo y síndrome epiléptico.En Lanús, un capitán fue echado de la fuerza por abusar sexualmente de una comerciante vecina en el interior de la seccional. Y lo mismo ocurrió con dos efectivos de Tres de Febrero que violaron a una menor que vivía en la calle. También se registraron exoneraciones por violencia familiar que en algún caso terminó con la muerte de la mujer de un efectivo.