Gendarmería rastrilló el campo donde mataron a un militante

Peritos de la Gendarmería Nacional rastrillaron ayer sábado en busca de pruebas el predio de la localidad bonaerense de Ciudad Evita donde el militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Rodolfo Orellana fue asesinado el jueves durante un intento de toma de tierras, informaron fuentes judiciales.
El despliegue de efectivos se inició poco después de las 11 sobre el perímetro situado en la Ruta 4 (ex Camino de Cintura) y autopista Riccheri, en la mencionada localidad del partido de La Matanza, oeste del conurbano.
Las fuentes precisaron que se intentó encontrar algún casquillo tirado en el campo y otros elementos que ayuden a la investigación que lleva adelante el fiscal Jorge Yametti, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza.
La bala que mató a Orellana, según la autopsia, ingresó por un omóplato y salió por la nariz, de manera que no pudo ser hallado dentro del cuerpo del militante y dificulta determinar si pertenece o no al calibre que utiliza la Policía Bonaerense. Además, la autopsia confirmó que fue asesinado de un disparo y no producto de un puntazo, tal como difundió el gobierno de María Eugenia Vidal.
Ante la posibilidad de que esa fuerza pueda estar involucrada en el hecho, se dispuso que todos los peritajes los realice Gendarmería e integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, la fiscalía tomó declaración testimonial en las últimas horas a agentes policiales que estuvieron en el predio y que aseguraron que "hubo una refriega entre personas que portaban armas", aseguró el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

Llegaron refuerzos armados
El jefe de los fiscales reiteró que los policías que estaban custodiando el predio no tenían armas de fuego sino postas de goma y que se está investigando si la muerte de Orellana se produjo "antes o después" de que se hiciera el pedido de refuerzos y llegaran al lugar patrulleros de distintas comisarías con armas de uso habitual.
Conte Grand dijo que "Asuntos Internos aportó los nombres de los policías que estaban custodiando el predio y los que llegaron con posterioridad, información de las armas que tenían, su identificación y características". Además, aseguró que los efectivos entregaron las armas que portaban en ese momento para que sean sometidas a los peritajes correspondientes.
Por otro lado, el procurador ante la Suprema Corte dijo que "por el momento" no se logró la declaración de militantes de la CTEP que estaban en el predio cuando se produjo el crimen y aseguró que "hay una enorme resistencia porque tienen temor a quedar detenidos", lo cual descartó.
Sobre la historia del predio tomado, Conte Grand explicó que "una señora reivindica la titularidad dominial, hizo cesiones de derechos y después, ante reclamos y conflictos en el lugar, intervino la justicia federal, porque es predio nacional".
Tras el crimen, integrantes de movimientos sociales, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos acusaron a las fuerzas de seguridad y repudiaron el supuesto ataque policial. 

“Fue un fusilamiento”
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y Abuelas de Plaza de Mayo afirmaron que la muerte del militante de la CTEP fue "un fusilamiento" de las fuerzas de Seguridad y que el Gobierno "quiere desfigurar el asesinato".
La titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, aseguró que la muerte de Rodolfo Orellana, militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fue "un fusilamiento" de las fuerzas de Seguridad.
Luego de que la Procuración General bonaerense descartara la versión inicial de una herida de objeto punzante y confirmara que según la "autopsia preliminar" Orellana recibió un impacto de "un proyectil de arma de fuego" en la espalda, los organismos de derechos humanos responsabilizan al Gobierno bonaerense.
"Lo caracterizamos como un asesinato en el marco de la represión a una situación de conflictividad social. La trayectoria del disparo no deja ninguna duda respecto de que se trató de un fusilamiento", sostuvo Verdú.