Con el envío a la Legislatura del proyecto de Presupuesto 2019, María Eugenia Vidal acaba de propinarle un golpe a los intendentes del Conurbano, en especial a los del peronismo, que fue inesperado para ellos: les transfiere, en el marco de la absorción de costos que antes pagaba la Nación, una serie de gastos para el año próximo que hasta ahora no tenían contabilizados.
“No cayó nada bien”, admite una fuente de una poblada comuna del Oeste del Gran Buenos Aires. Y agrega: “Igual está abierta la negociación. Y hay canales abiertos todo el tiempo”. Es parte de la tensión propia de la negociación para lograr un esquema de recursos y gastos provinciales que, en el marco del ajuste general, siempre resultará una frazada corta.
El grupo de intendentes del peronismo reúne un bloque de siete diputados provinciales que juega por afuera de la bancada definidamente kirchnerista, que agrupa a 22 almas. Los K ya anunciaron que votarán en contra del presupuesto de Vidal. Por eso, los hombres del gobierno mantienen diálogo con el PJ territorial y, claro, con el Frente Renovador de Sergio Massa, quien dice que puede aportar 16 votos.
Los intendentes justicialistas aparecen en una situación incómoda: en términos electorales, hasta el momento, sí están alineados con Cristina Kirchner, cuya intención de voto en sus respectivos distritos es considerablemente alta. Pero por estas horas en que comienzan las negociaciones en la Legislatura, aparecen bastante presionados por el principal operador de la ex presidenta en Buenos Aires: su hijo Máximo.
El grupo de intendentes del peronismo reúne un bloque de siete diputados provinciales que juega por afuera de la bancada definidamente kirchnerista, que agrupa a 22 almas. Los K ya anunciaron que votarán en contra del presupuesto de Vidal. Por eso, los hombres del gobierno mantienen diálogo con el PJ territorial y, claro, con el Frente Renovador de Sergio Massa, quien dice que puede aportar 16 votos.
El diputado nacional impulsa la tesis de que el bloque de legisladores de los jefes comunales no debe acompañar el presupuesto vidalista para estar en línea con lo que sucederá a nivel nacional; y, además, es absolutamente refractario a la idea que fogonean desde Cambiemos de abolir las Primarias Abiertas. Algo que, se admite en el PJ fuera de micrófono, seduce a algunos intendentes.
Subsidios y fondo educativo
Conviene volver al enojo de los jefes comunales del PJ con Vidal. El presupuesto enviado por el Ejecutivo contempla que los municipios se hagan cargo de la tarifa social de electricidad, un beneficio para la gente más necesitada. El resto de los subsidios a la energía, más los beneficios al agua, los absorberá la Provincia.
Pero además, se estipula que las comunas se tienen que encargar del subsidio a las líneas locales de colectivos, en aquellos casos en que se preste ese servicio. En la mayoría del Conurbano hay líneas locales. En caso de que se apruebe la iniciativa el monto global que deberían comenzar a desembolsar los intendentes asciende a 2500 millones de pesos. Contando todos los subsidios que pasan a manos municipales la cifra asciende a unos 10 mil millones de pesos durante 2019.
Y existe un tercer motivo que es visto con malos ojos por intendentes como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín), Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros. El Presupuesto estipula la obligatoriedad para las comunas del Gran Buenos Aires de gastar el 100 % del llamado Fondo de Financiamiento Educativo en obras de infraestructura escolar.
Es claramente un coletazo de la explosión en la escuelita de Moreno, distrito gobernado por el peronista-kirchnerista Walter Festa, en la que murieron dos personas. Aquella vez, en medio del dolor de la comunidad educativa, se asistió a la irrespetuosa discusión de cómo se gastaba el dinero que enviaba la Provincia: desde La Plata decían que el intendente la invertía mal; la defensa local aseguraba que la plata no era suficiente.
El problema ahora es que los intendentes aseguran en sus reuniones privadas que el mentado Fondo Educativo tiene otro fin que no es el de los ladrillos: alimentación de los alumnos, talleres, salarios a algunos maestros por afuera de lo que cobran en Provincia, etc. Los jefes comunales creen que esta nueva obligatoriedad apunta a financiar pequeñas obras que deberían pagarse con dinero de otro lado y por eso pusieron el grito en el cielo.
Lo dicho: la negociación recién comienza y las conversaciones no están para nada cortadas porque, en definitiva, Vidal necesita una mayoría especial para lograr uno de los puntos más ríspidos del proyecto enviado a la Legislatura: la autorización para tomar nueva deuda por 77 mil millones de pesos.
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