Pese a que el derecho a recibir una educación inclusiva tiene desde hace años rango constitucional en nuestro país, muchas escuelas de la Provincia están lejos de poder asegurarle ese derecho a los niños y niñas con discapacidad. Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo sobre un total de 4.400 establecimientos primarios de gestión estatal y privada de las 25 regiones educativas reveló que los dispositivos de inclusión y los recursos humanos destinados a garantizarla no logran cubrir adecuadamente la demanda aún.
El relevamiento -realizado por intermedio de la Dirección de Educación Especial- abarcó un universo de 1.461.563 alumnos, en el que se registran 39.519 estudiantes con diversas discapacidades, 21.046 de los cuales se insertan en las propuestas de inclusión en el nivel primario (un 1,3% de la matrícula general). Mientras que tres cuartas partes de esos chicos concurren a establecimientos de gestión estatal, el cuarto restante lo hace a instituciones privadas.
Como se desprende del estudio, “la cantidad de Maestros de Educación Especial (MEE) que acompañan las trayectorias escolares de los alumnos con Planes Pedagógicos Individuales (PPI) alcanza a 17.273 docentes que dan cobertura al 82% de la matrícula con discapacidad en la totalidad de los servicios relevados, especialmente en las zonas del interior provincial y en las escuelas de gestión estatal”.
La investigación surgió a partir de la gran cantidad de reclamos recibidos en la Defensoría que dan cuenta de las dificultades que tienen algunas instituciones educativas para sostener la inclusión de niñas y niños con discapacidad más allá de la matriculación. Esto se expresaría tanto “por la negación de rematriculación” como “por situaciones conflictivas entre la familia y la escuela”.
“La inclusión de nuestros chicos y chicas con capacidades diferentes es esencial para su integración social”, señaló el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien presentó los resultados del sondeo a las autoridades educativas de la Provincia con el objetivo de alertar sobre la necesidad de consolidar el sistema de inclusión.
NO CUBRE LA DEMANDA
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