La inseguridad crece en todo el territorio provincial y las cárceles están superpobladas, no entra ni un preso más. Frente a esa realidad, el Ministerio de Justicia bonaerense puso en marcha un plan para facilitar que la Justicia otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a los 1.421 reclusos que por ley podrían estar en sus casas con tobillera electrónica. En paralelo, hay un operativo para devolver a sus países de origen a los extranjeros que cumplieron más de la mitad de la condena y que también les corresponde ser deportados.
Los números del pico de sobrepoblación en las cárceles hablan por sí solos: en los penales de Buenos Aires hay lugar para alojar a 28 mil detenidos y de acuerdo con cifras proporcionadas por autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, actualmente hay 41.267 personas presas en las prisiones. Incluso, hay cárceles como la Unidad 49 de Junín, que tiene capacidad para 400 presos, donde viven casi 1.000.
¿Cuál será el criterio para mandar a los presos a terminar de cumplir la condena en sus casas? El ministro Gustavo Ferrari explicó que entregarán a la Justicia un informe con la clasificación por tipo de delito de los reclusos. Luego, será tarea de cada juez decidir en cada caso particular si le corresponde o no acceder al beneficio.
El funcionario remarcó que muchos reclusos están en las cárceles cuando por ley les correspondería la prisión domiciliaria, como es el caso de los enfermos terminales, mayores de 70 años, embarazadas y madres con hijos menores de cinco años según el Código Penal.
Los extranjeros
Ferrari informó que hay cerca de 300 extranjeros en condición de volver a sus países y que 12 ya fueron devueltos. “La gobernadora María Eugenia Vidal está de acuerdo siempre que sea acorde con la ley. Cuando cumplen más de la mitad de la condena deben volver a su país. De lo contrario, los ciudadanos deben terminar por pagar su mantenimiento en la cárcel”, agregó.
Según denuncias de organizaciones LGBT como OTRANS y organismos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la Defensoría de Casación de Mario Coriolano la superpoblación y las graves condiciones de encierro provocaron una crisis humanitaria en los penales.
En tiempo de crisis, además de reordenar hay un motivo fuerte para que los detenidos a los que les corresponde la prisión domiciliaria vuelvan a sus casas: el ahorro. El alquiler de una tobillera a las empresas que las proveen cuesta mucho menos que los más de $33 mil que gasta el Servicio Penitenciario en mantener a un preso por mes.
El ministro de Justicia remarcó que hace 18 años que no se construye una cárcel grande en la provincia de Buenos Aires y afirmó que solucionar la situación a largo plazo excederá a su gestión. “De acá en adelante habrá que mantener un ritmo creciente en la condición de alojamiento. No es solo tarea de este Gobierno: no hay forma de hacerlo ni por presupuesto ni por tiempo”, concluyó.
Cada uno cuesta más de $ 33.000 mensuales
Con una partida presupuestaria desde la Gobernación para cada detenido calculada por fuentes oficiales en 33.300 pesos por mes a principio de este año, "ahora es un poquito más", dijo un funcionario.
Los siete muertos de la masacre de Pergamino en marzo de 2017 fueron el fenómeno final de un problema recurrente: los detenidos terminan hasta en dependencias departamentales que no tienen calabozos, y hay 1198 personas en las dependencias policiales de la Provincia que hoy tienen dictada la prisión preventiva. Fuentes en La Plata responsabilizan a la falta de cupo que viene desde el SPB.
Hay sólo 1900 presos con arresto domiciliario en todo el sistema provincial. El SPB calcula que unos 24 mil presos pasaron por sus paredes desde apenas dos días a menos de un año durante los últimos ocho años.
La idea del Servicio Penitenciario Federal de este año es buscar la salida de presos de sus cárceles. En abril, el ministro de Justicia, Germán Garavano había señalado, “la prisión preventiva tiene que ser algo excepcional” que en octubre de 2017 era cerca del 40 por ciento del total de presos bonaerenses imputados por robo o hurto con algún agravante como el uso de armas de fuego.
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