No son días tranquilos para la familia judicial bonaerense, sacudida por la detención del ex juez César Melazo, la suspensión del presidente de la Sala V del Tribunal de Casación, Martín Ordoqui, y la difusión de nombres “pesados” que surgieron de las escuchas a la llamada “megabanda”.
En ese clima arrancó una sorpresiva inspección a todos los juzgados de Garantías de La Plata, que ordenó la Suprema Corte bonaerense mediante la resolución 485.
Ese acuerdo ordinario data del 15 de agosto. El 23, el presidente del máximo tribunal, Julio Pettigiani, dispuso efectivizar la medida. Y dos días después Melazo era detenido en su mansión de Gorina, sospechado de integrar una organización delictiva en sociedad con policías, barrabravas y convictos.
Especie de auditoría
Fuentes oficiales explicaron que esta suerte de auditoría se ejecuta a través de dos organismos de la Corte: la Secretaría de Control Disciplinario, que analiza posibles sanciones administrativas, y la Subsecretaría de Control de Gestión, que releva la productividad o rendimiento en función de los estándares que establece el máximo tribunal de la Provincia.
Según los mismos voceros, en la resolución no se especifican los motivos por los que se ordenó la medida, y aunque explicaron que “se fundamenta en el ejercicio de las atribuciones que tiene la Corte”, no es posible pasar por alto que un ex juez de Garantías está preso y que ese mismo tribunal confirmó la suspensión de Ordoqui por 90 días.
La medida alcanza a los seis juzgados de Garantías de La Plata y a uno de Cañuelas. Precisamente, los inspectores comenzaron su trabajo en el Juzgado 8 de esa localidad, a cargo de Martín Miguel Rizzo, y en el 4 de La Plata, cuyo titular es Juan Pablo Masi.
Luego avanzarán sobre el resto: el 1, a cargo de Guillermo Federico Atencio; el 2, encabezado por Jorge Moya Panisello; el 3, con Pablo Raele como titular; el 5, a cargo de Marcela Inés Garmendia; y el 6, en el que actúa Florencia Butiérrez, que es el que interviene en la causa de la megabanda que instruye la fiscal Betina Lacki.
Fuentes inobjetables informaron que en los registros realizados -hasta ahora -que demandaron varios días y la intervención de entre 2 y 5 inspectores-, se relevaron discos rígidos, documentación e información de los juzgados en causas de los últimos dos años.
La medida es inusual, aunque en los convulsionados pasillos de los tribunales algunos recordaron que el año pasado hubo una inspección similar en el TOC 4. “El escándalo no surge de las inspecciones, las inspecciones son el emergente del escándalo”, reflexionó una altísima fuente judicial.
De mal en peor
Hace poco más de una semana la Corte bonaerense suspendió por 90 días al juez de Casación Ordoqui, sospechado de “vender” beneficios procesales y garantizar el amparo judicial a la megabanda presuntamente liderada por Melazo y el comisario Gustavo Bursztyn. En otras palabras, lo acusan de tráfico de influencias.
A pedido del procurador Julio Conte Grand, la Corte dispuso una “licencia forzada” por tres meses para el juez que aparece mencionado en varias escuchas telefónicas, conversaciones de WhatsApp y hasta en fotos de redes sociales junto a uno de los integrantes de esta supuesta asociación ilícita, por la que hay 14 imputados y 13 detenidos, 10 de ellos con prisión preventiva.
En su planteo, Conte Grand tuvo en cuenta que Ordoqui habría “incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento del servicio de Administración de Justicia”.
El mismo día en que a Melazo lo sacaban con esposas de su chacra con lago artificial, Ordoqui era notificado de las sospechas, pero -por ahora- se mantiene a resguardo por los fueros que le garantiza su condición de juez.
Las últimas licencias que ordenó el tribunal terminaron con los funcionarios judiciales apartados de sus cargos, como sucedió con el ex fiscal de La Plata, Fernando Cartasegna; el ex juez de Ejecución penal de Dolores, Luis Esteban Litti, el ex juez Antonio Cayetano Saladino, de Olavarría, y el de San Isidro Julio Novo.
El proceso de enjuiciamiento avanzó esta semana con el ingreso del sumario en el Senado, para que en los próximos días se designen por sorteo a los legisladores de ambas cámaras que revisarán la acusación.
“Su permanencia en el cargo podría producir nuevos hechos reprochables, perjudicar o entorpecer la investigación en curso”, dijo el pedido del Procurador en su pedido de apartamiento.
En 1994 Ordoqui fue clave en las gestiones que evitaron que el por entonces intendente de Quilmes, Aníbal Fernández, fuera preso y terminara sobreseído. Ordoqui era abogado externo del Municipio de Quilmes y trabajaba en el estudio jurídico con la ex procuradora María del Carmen Falbo y el fallecido ex presidente de Casación, Federico Domínguez.
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