María Eugenia Vidal transita la época de mayor tensión con la Casa Rosada desde que asumió en la gobernación. Esa situación será negada en público, se hablará de “negociaciones” en lugar de “tironeos”, pero lo cierto es que la gobernadora y el grupo de funcionarios nacionales más influyentes libran una pulseada por dinero que se parece mucho a una pelea política.
El motivo central es el monto del ajuste fiscal que deberá hacer la Provincia en el marco del achique que impulsa el presidente Mauricio Macri y que ella, como integrante central de Cambiemos, avala convencida.
Vidal hizo trascender que aceptará un recorte notable en la obra pública prevista para el año próximo, un golpe a la estrategia electoral que inicialmente se había planteado su equipo. Es que mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, en aspectos centrales como provisión de asfalto y cloacas, iba a ser uno de los principales caballitos de batalla en el camino por la reelección de la gobernadora.
En el marco del traspaso de las empresas eléctricas a la órbita provincial como una forma de colaborar con la Nación para aliviarle la carga que suponen los subsidios a ese sector, el límite del ajuste que aceptará Vidal es “que la provincia siga siendo viable”. Eso trasmiten sus funcionarios cada vez que se les pregunta hasta dónde ayudarán al Presidente.
No es una frase tirada al azar. Subyace detrás la pelea por los números. El gobierno nacional ya avisó que el recorte global será de unos 300 mil millones de pesos. A grandes rasgos, la mitad de ese monto, según lo planeado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, deben recortarlo las provincias. O sea, 150 mil millones. Fue en este punto donde, según fuentes provinciales, comenzó la tensión entre Vidal y la Rosada: inicialmente, a la gobernadora le habrían pedido que recorte –entre guadañazos al presupuesto y absorción de subsidios- unos 80 mil millones de pesos anuales. Esto es: más de la mitad del recorte que le corresponde a los distritos.
Para la gobernadora eso es imposible. Por eso la alusión a que su colaboración con lo que pide el Gobierno debe estar atada a un criterio de viabilidad económica para la provincia que le toca gobernar. Hubo reuniones realmente tensas entre funcionarios nacionales y bonaerenses. En varias, estuvo la propia Vidal. El monto que estaría dispuesta a aceptar la gobernadora es de entre 35 y 40 mil millones de pesos de recorte. La Rosada le sigue sugiriendo que sean al menos 60 mil millones.
Desde Nación la corren con el argumento de que, en 2019, Buenos Aires se verá beneficiada con un dinero extra producto de la actualización del Fondo del Conurbano, unos 65 mil millones de pesos. Casi lo mismo que esgrimen los mandatarios peronistas para pedir el sacrificio bonaerense. En el vidalismo responden que eso es, en verdad, un acto de justicia y temen un “efecto licuación” de ese dinero. Es decir, que sea absorbido por el ajuste, sin poder destinar ni siquiera una parte a la gestión propia.
Vidal tiene de aliado en este tironeo con la Nación al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que otrora fuera su mentor político. Él también deberá ajustarse –unos 20 mil millones- pero lo asiste otra realidad: su distrito tiene una holgura económica que no ostenta la gigantesca y pobre Buenos Aires.
Vidal y Larreta pergeñaron la estrategia de aliarse tácitamente con los intendentes justicialistas del Conurbano –Martín Insaurralde, Fernando Grey, Gustavo Menéndez y otros- para formar un frente de resistencia a la fuerte presión que le meten los gobernadores del PJ al gobierno nacional, para que éste prácticamente le exija a la Ciudad y a la Provincia que absorban los costos de mantener Edenor y Edesur, Aysa y los subsidios al transporte metropolitano.
La idea de la dupla de Cambiemos era dejar en soledad al cordobés Juan Schiaretti, que fue el primero en plantear la cuestión.
Según las fuentes consultadas, esto tensó la relación entre Vidal y Larreta, por un lado, e importantes funcionarios nacionales, como Rogelio Frigerio, por el otro. En reserva, en el vidalismo acusan al ministro del Interior de tratar de boicotear esos acuerdos. Y también se apunta al titular de la Cámara de Diputados nacional, Emilio Monzó, que volvió a tener juego político cerca del Presidente. Un dato: el lunes hubo un fuerte cruce entre Monzó y Larreta justamente por este tema.
El detalle es que detrás del ministro del Interior, o en alianza interna con éste, se ubicaría nada menos que Marcos Peña, el jefe de gabinete nacional. Cuentan que Vidal y Larreta pidieron los buenos oficios mediadores de Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Macri, para que todo no vuele por los aires.
TRASTIENDA POLÍTICA
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