El interventor hizo la purga de 2.000 efectivos y se fue

Por incumplimientos de horarios, ausencias injustificadas y otras faltas disciplinarias, dispuso cerca de dos mil cesantías en el marco de un proceso de depuración en la fuerza que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal. Ahora, luego de un año y medio de gestión, el interventor del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Rozas, decidió abandonar el cargo.
Rozas, un hombre de confianza al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, volverá a ocupar el cargo de asesor en esa cartera. Ex diputado provincial, asumió la intervención del Servicio Penitenciario el 25 de octubre de 2016. Un año y medio después, deja esa función.
La salida del ahora ex interventor genera otras movidas de piezas en la cartera de Justicia. Es que Vidal dispuso nombrar a Xavier Areses como nuevo jefe del Servicio Penitenciario en reemplazo de Juan Baric, quien seguirá desempeñándose como subsecretario de Política Penitenciaria en el Ministerio de Justicia.
Areses es Magister en Derecho Administrativo y se desempeñó anteriormente como Coordinador General de Gestión de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia. También fue concejal de San Martín por Unión-Pro durante el período 2009-2013.
Tanto Ferrari como Rozas y Areses formaron parte en su momento del sector de Francisco De Narváez. Rozas asumió con la misión de depurar las filas del Servicio Penitenciario, una fuerza de cerca de 23.000 efectivos. Durante su gestión, como se dijo, fueron dados de baja cerca de 2.000.
El interventor se encontró con cosas curiosas. Por caso, detectó que figuraban en la plantilla de personal un decorador de interiores, tres chefs internacionales, un antropólogo y siete guías y técnicos en turismo.
También, que en todo el SPB trabajaban 228 odontólogos, de los cuales 200 eran de La Plata. Y 517 médicos. “Pero encontramos que hay unidades (carcelarias) sin prestaciones de este tipo”, se extrañaban los funcionarios.
Uno de los lugares apuntados fue el área de Salud Penitenciaria. “Muchos no van y otros no pueden hacerlo porque tienen otros trabajos”, dijeron los funcionarios cuando comenzó la auditoría. Médicos, abogados y psicólogos, entre otros, integraban la larga lista de 2.057 agentes con que contaba esa repartición.
Como caso curioso, se contó en su momento que había un médico que hacía un año que estaba con carpeta en el Servicio Penitenciario, pero que al mismo tiempo trabajaba en la actividad privada y hasta daba clases en la prestigiosa universidad de Harvard.