Fue impulsada a fines del año pasado por el gobierno de María Eugenia Vidal, que la presentaba como la ley que iba a empezar a dar un marco de “sentido común” a la administración financiera de los municipios, con medidas relacionadas al gasto público, el personal y la ejecución presupuestaria. Pero a cinco meses de su sanción en la Legislatura, el “Pacto Fiscal” en la Provincia todavía es resistido por un importante número de intendentes, la enorme mayoría de los cuales son del peronismo, tanto del Interior como del Conurbano.
Según un informe elaborado en el gobierno provincial, de los 135 municipios bonaerenses, más del 40 por ciento todavía no adhirió. Se trata de 56 comunas, aunque algunas de ellas, quince más exactamente, ya tienen previsto sancionar la adscripción al programa fiscal en la próxima sesión de los concejos.
De los 41 distritos que seguirán sin adherir al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, la enorme mayoría pertenece a intendentes referenciados con Unidad Ciudadana o con el PJ: 33, más exactamente, contra cuatro de jefes comunales del Frente Renovador, dos del vecinalismo y dos de Cambiemos. En la vereda de enfrente, entre los que ya adhirieron a la norma, la enorme mayoría es de la alianza oficialista. Esto es, de los 79 distritos, 59 corresponden a Cambiemos, mientras que el resto se reparte entre vecinalistas, del peronismo y del Frente Renovador.
Esta verdadera grieta política en torno al Pacto Fiscal en la Provincia tiene, claro, matices. Como la adhesión a la norma se hace a través de una votación en el Concejo Deliberante, se presentaron casos en los que municipios con intendentes peronistas pero mayoría “amarilla” en los recintos terminaron votando afirmativamente y adscribiendo a la norma. Y también casos a la inversa.
En medio de esta situación, en el gobierno de la Provincia redoblan esfuerzos para lograr la adhesión de la mayor cantidad de municipios posibles en el corto plazo. En ese marco, trascendió, 15 comunas, algunas de Cambiemos y otras de Unidad Ciudadana/PJ, tienen en agenda votar afirmativamente al Pacto Fiscal en las próximas sesiones que realicen sus concejos deliberantes.
Pero, ¿qué significa para un municipio adherir o no al Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal? Básicamente, si podrán o no recibir asistencia financiera de parte de la Provincia. En concreto, la norma estipula que quienes no suscriban no accederán ni a adelantos de la Coparticipación provincial por parte de la Gobernación ni a Aportes del Tesoro Nacional por parte del ministerio del Interior.
Compromisos
Eso, a cambio de varios compromisos. Uno de los principales tiene que ver con el endeudamiento: los municipios que adhieren a la norma no pueden tomar obligaciones por encima del 10 por ciento de los recursos corrientes, con la única excepción de la posibilidad de refinanciamiento de deuda previa en mejores condiciones. El otro eje central está vinculado con las erogaciones, ya que los municipios no pueden aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la medición oficial de inflación.
También en cuanto a los gastos, la ley impide a los municipios aumentar su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit, absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado (como la recolección de residuos), o sean autorizados específicamente por el Ejecutivo bonaerense a hacerlo.
En materia impositiva, la ley de Responsabilidad Fiscal “invita” a las comunas a reducir las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad, Higiene, Barrido y Limpieza, al tiempo que también obliga a los distritos a acompañar sus proyectos de Presupuesto con información más detallada y a publicar (con actualizaciones trimestrales) la ejecución de ese cálculo de gastos en sus páginas web.
Finalmente, la norma incluyó una cláusula contra una jugada a la que apelan algunos intendentes que dejan sus cargos. En ese marco, prohíbe a los jefes comunales tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales en un período de seis meses antes de abandonar las funciones. Eso, para evitar el pase masivo a planta permanente de contratados que suelen ocurrir previo a los cambios de mando.
Autonomía
La cláusula por la cual los distritos no recibirían aportes nacionales ni financiamiento de la Provincia empujó a muchos intendentes opositores a impulsar la adhesión a través de los concejos a la norma. Pero muchos otros jefes comunales del peronismo hicieron pública su resistencia a una ley que, sostienen, “violenta las autonomías municipales”.
Escobar, Malvinas Argentinas, Moreno, Avellaneda, Florencio Varela, General San Martín, Cañuelas, La Matanza, Lomas de Zamora, Hurlingham, Ensenada, Ituzaingó, Merlo, Almirante Brown y Esteban Echeverría son algunos de los distritos más grandes de los gobernados por el peronismo que no adscribieron a la norma, ni lo harán según afirman sus intendentes.
“Es una intromisión lisa y llana en la definición de políticas públicas de los gobiernos locales por parte de la gobernadora”, dijeron los jefes comunales del peronismo en un documento que firmó un grupo de jefes comunales del interior bonaerense semanas atrás reunidos en San Antonio de Areco, donde el intendente Francisco “Paco” Durañona se mostró como uno de los más críticos a la norma. Entre los firmantes, destacaron Marcelo Santillán (Leandro N. Alem), Julio Marini (Benito Juárez), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Walter Torchio (Carlos Casares), Ricardo Casi (Colón), Alfredo Fisher (Laprida), Germán Lago (Alberti), Mauro Poletti (Ramallo), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).
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