La reforma a la ley de Ministerios que podría presentar el lunes ante la Legislatura el gobierno bonaerense, viene rodeada de polémicas hacia adentro del gabinete, cruza algunos sectores del propio oficialismo y se traslada a diversos sindicatos que resisten algunas de las medidas contenidas en esa iniciativa.
La posible caída en desgracia de la Asesoría General de Gobierno se ha transformado en un sainete. Y el despido de quien hasta hace horas era su titular, Marcelo López Mesa, en una historia que comenzó a escribirse hace varios meses y que encontró un epílogo intempestivo en el que se conjugaron hartazgo y necesidades políticas.
En su declarada intención por achicar estructuras que persigue la intención de reducir el gasto político en unos 500 millones de pesos en 2018, María Eugenia Vidal le puso el ojo a una serie de reparticiones que desempeñan funciones que, en ciertos casos, se superponen.
Desde hace un tiempo en la Provincia habían reparado en las labores “simultáneas” que realizan la Asesoría General y la Secretaría Legal y Técnica. Y con el recorte entre ceja y ceja, decidieron avanzar. Favorecieron esa decisión algunas otras cuestiones. La personalidad de López Mesa, dicen diversas fuentes oficiales, habría sido determinante.
El ahora ex Asesor General llegó de la mano del Procurador de la Suprema Corte, Julio Conte Grand. Pero a poco de asumir habría comenzado a tener conflictos con la “línea” del organismo y con los empleados.
No sería todo. También, algunas de sus actitudes y su particular estilo, le habrían hecho ganar no pocos enemigos en el gabinete de Vidal. Incluso, se dice, encumbrados ministros con alto poder de decisión.
Cuentan un episodio que se habría producido hace algunos días, antes de que Vidal emprendiera su largo periplo a China. Dicen que la mandataria citó a López Mesa con la intención de que el funcionario le presentara la renuncia. “Le hizo alguna sugerencia”, contaron las fuentes consultadas, pero el abogado, que llegó con alguna robustecida intención de quedarse con un sillón en la Suprema Corte, no se dio por enterado.
La cuestión alcanzó otros ribetes cuando estalló el conflicto con los empleados que virtualmente están paralizando la labor de la Asesoría en rechazo a que sea absorbida por la Legal y Técnica que lidera Fernanda Inza, una funcionaria muy cercana a Vidal.
La conducción
Algunos integrantes del gabinete bonaerense interpretan que López Mesa no habría sabido conducir el conflicto. Incluso, le achacan haber dejado trascender su rechazo a la virtual desaparición de la Asesoría, contrariando los deseos y el plan oficial.
Sin esperar su retorno del periplo por el Lejano Oriente, la Gobernadora ordenó entonces el desplazamiento de su ahora ex Asesor que se concretó el jueves por la tarde.
Con la salida de López Mesa, ¿habrá marcha atrás con la virtual liquidación de la Asesoría? A esa esperanza se aferran algunos sectores de la política y sindicales. Sin embargo, la realidad parecería ser otra: Inza convocó para el martes a los diputados y senadores del oficialismo para explicarles cómo será el funcionamiento de la nueva estructura de su Secretaría que terminaría absorbiendo a la Asesoría.
No es el único conflicto por estos cambios. Por caso, otro de los más notorios es el de la secretaría de Tierras que depende del ministerio de Infraestructura. Tierras sufrirá un desmembramiento que depositará sus funciones entre la cartera de la que actualmente depende y Desarrollo Social.
Sus empleados están que trinan y vienen realizando protestas que paralizan la actividad del organismo. Hay una cuestión central en juego: al depender de Infraestructura, los trabajadores cobran un plus salarial que perderían en el pase a Desarrollo Social.
Ese ministerio que conduce Santiago López Medrano fue uno de los primeros en achicar estructuras. La guadaña del ajuste se llevó puesta una dirección de Descentralización que incluía coordinaciones en cada una de las secciones electorales y que eran una suerte de pago político a referentes del oficialismo.
No serán, se dice, las únicas estructuras que desaparecerán en el Ejecutivo bonaerense.
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