Polvareda por freno a designación de jueces
La decisión del oficialismo de “congelar” el envío de pliegos al Senado para la designación de jueces y fiscales a la espera de contar con mayoría a partir del 10 de diciembre empezó a generar polémica en ámbitos de la Justicia provincial, donde se dice que esta situación agravará las “dificultades” que ya se vienen generando en su funcionamiento a partir de que resulta imperioso cubrir 142 vacantes. “Así, la tutela judicial garantizada por la Constitución resulta una mera declaración”, añadieron.
En el mecanismo de designación de jueces intervienen varios estamentos. En primer lugar, es el Consejo de la Magistratura el que toma examen y define una terna de postulantes para los cargos vacantes. El Ejecutivo elige uno de los integrantes de esa terna y remite el pliego al Senado para su aprobación.
Producto de no contar con mayoría en la Cámara alta, Cambiemos debe ingresar en complejas negociaciones con el Frente Renovador y el peronismo para conseguir número en las que en general debe ceder designaciones.
Pero esa relación de fuerzas podría cambiar a partir del 10 de diciembre cuando se produzca el recambio legislativo. Si se repitiera en octubre el resultado de las PASO, Cambiemos tendrá mayoría propia en el Senado y estará en condiciones de aprobar los pliegos sin sobresaltos. De ahí, la decisión de parar la pelota y esperar para avanzar con las designaciones.
Acusaciones cruzadas
En el Consejo de la Magistratura acusaron recibido de esa decisión. El titular del cuerpo, Eduardo de Lázzari, defendió el accionar de ese organismo y rechazó que fueran escasas las ternas giradas al Ejecutivo. “Durante el año 2016 se elevaron ternas para cubrir 254 cargos, y en lo que va del año 2017 se elevaron ternas para cubrir 46 cargos. En total suman 300”, indicó.
Dijo además que “ante demoras registradas en los últimos meses en el tratamiento de ternas se viene exhortando al cuerpo para que se expida al respecto”, pese a lo cual “no se obtuvieron la mayorías necesarias para que esto tenga lugar”.
En forma paralela, algunas fuentes anticiparon que sectores políticos analizan la posibilidad de efectuar una denuncia contra la titular del Ejecutivo y el ministro de Justicia, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ello porque el artículo 146 de la Constitución establece que la propuesta de funcionarios que requieren el acuerdo del Senado debe hacerse dentro de los 15 días de ocurrida la vacante.