Abandono de tareas, faltas graves que derivan en causas penales o incumplimiento de horarios. Esas son algunas de las causales que determinaron numerosos desplazamientos de personal en el Servicio Penitenciario. A principios de abril la purga alcanzaba a cerca de 850 agentes; ahora, ese número llega a casi 1.100. Y no se descarta que se amplíe en los próximos meses.
La cantidad impacta porque representa casi el 5% del total de 23.000 agentes con que arrancó la gestión de María Eugenia Vidal.
De acuerdo a lo indicado en la Auditoría del Servicio Penitenciario, la mayoría de los echados de la fuerza incurrieron en “abandono de servicio”. Esa causal se produce cuando los agentes faltan cinco días a su trabajo sin justificación. Del total, unos 100 casos fueron pedidos de baja del propio personal. “Varios de ellos eran profesionales que cuando se empezó a exigirles que fueran todos los días a trabajar y cumplieran horario, pidieron la baja”, añadieron.
Revisión general
La purga se sustancia en medio de una revisión general del sistema de recursos humanos del SPB. Por caso, la Provincia paga unos 23 mil sueldos, pero en el ministerio de Justicia afirman que falta personal en los establecimientos carcelarios para cuidar y atender a los cerca de 36 mil internos allí alojados.
Por eso, siguen adelante los traslados de personal administrativo a las cárceles. En la Auditoría describen esa situación general con un ejemplo reciente con que se toparon sus autoridades.
La idea que impera en el SPB no es salir a cubrir la totalidad de las 1.100 vacantes que se generaron, sino redistribuir personal, lo que no implica que no habrá nuevos ingresos. De hecho, ayer egresaron 279 guardias que empezarán a cumplir funciones en la cárcel de Magdalena.
Pero las convocatorias a ingresar al organismo serán acotadas para satisfacer las necesidades de personal en los penales.
Intervenido desde octubre
El Servicio Penitenciario está intervenido desde fines de octubre del año pasado. El Gobierno bonaerense tomó esa decisión luego de comprobar numerosas irregularidades en su funcionamiento. Quedó en manos de civiles. De hecho, su actual jefe es Juan Baric, mientras que a cargo de la Auditoría General quedó Fernando Rozas, hasta entonces asesor del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
Con la lupa puesta sobre el personal, los funcionarios de la Auditoría se toparon, por ejemplo, con que en el plantel de empleados había un decorador de interiores, tres chefs internacionales, un antropólogo y siete guías y técnicos en turismo, profesiones que tienen poco o nula relación con el organismo donde trabajan.
Más allá de esta cuestión, varios agentes echados o sumariados se quejan por “manejos arbitrarios” en relación a su situación laboral. Incluso algunos de ellos ya iniciaron trámites ante la Justicia contra la decisión de despedirlos.
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