La Justicia bonaerense “a ciegas”: no saben cuántas denuncias se archivan

No existe oficialmente ninguna estadística que dé cuenta de lo que pasa con las cientos de miles de investigaciones que inician cada año los fiscales bonaerenses por homicidios, robos, estafas, secuestros y demás delitos de índole penal.
Mientras otras provincias manejan precisas estadísticas sobre la evolución de las denuncias penales que llegan a sus fiscalías -lo que les permite saber cuántas de ellas se desestiman o se elevan a juicio, y qué porcentaje de éstas últimas alcanza finalmente sentencia- voceros de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense reconocen que no cuentan con ese tipo de información.
Para dar una idea de la magnitud de ese dato del que carece nuestro sistema judicial, basta considerar que en Tucumán -una de las provincias que llevan estadísticas  sobre la evolución de las denuncias penales-, la Suprema Corte acaba de reconocer que cerca de 80% de las 90 mil denuncias ingresadas a lo largo del año pasado terminaron archivadas por sus fiscalías de Instrucción. Según estiman jueces y abogados consultados, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje sería incluso mayor.
¿Qué significa que ocho de cada diez denuncias penales sean archivadas? Si bien muchas denuncias no llegan a juicio porque aluden a hechos que no configuran delitos o se refieren a actos formales (como una presentación por el extravío de una chequera), lo cierto es que en términos institucionales la denuncia “archivada” revela en general la imposibilidad de atender todos los casos con la estructura judicial disponible, por lo que se termina destinando los esfuerzos a avanzar sólo en aquellos relevantes para la política criminal.
En la provincia de Buenos Aires, donde cada año ingresa a los tribunales un número de denuncias penales siete veces mayor al de Tucumán, el destino de esas denuncias es algo que nadie conoce muy bien. Consultados por esta situación que lleva a la Justicia bonaerense a manejarse un poco “a ciegas”, voceros de la Procuración General adujeron la “imposibilidad de obtener esos datos” por cuestiones técnicas y aseguraron que la únicas estadísticas con que cuentan son las que surgen del SIMP.

Una estadística parcial
El SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público) es una herramienta digital incorporada por la Procuración General en 2014 que permite a los abogados acceder a información sobre la tramitación de procesos en los que intervienen. A través de él la Corte lleva una estadística de la cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas a lo largo del año en el Fuero Criminal y Correccional.
De esta forma se sabe, por ejemplo, que el año pasado se iniciaron en todo el territorio provincial 719.728 investigaciones penales preparatorias, casi la mitad con autor ignorado. Investigaciones iniciadas durante 2015 por las fiscalías bonaerenses fueron las amenazas (15,07%), las lesiones leves (10,54%), los robos (9,48%), las lesiones culposas (6,96%), los robos agravados por uso de arma (6,65%), los hurtos (5,86%) y los hurtos agravados de vehículos (5,03%).
Sin embargo los números que arroja el SIMP constituyen un corte parcial que no ofrece ninguna información sobre lo qué pasa con esas investigaciones preparatorias: cuántas llegan a elevarse a juicio, en qué plazo, o qué porcentaje de ellas concluyen en un fallo judicial; en suma, datos elementales para determinar en qué medida los cuantiosos recursos que se destinan a esclarecer delitos y condenar a los culpables dan finalmente frutos concretos a la comunidad.