Y EN EL SERVICIO PENINTENCIARIO
Rige emergencia por la seguridad
Con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, entró en vigencia ayer por doce meses la ley que dispone la emergencia en los ámbitos de Seguridad y Servicio Penitenciario (SPB) que permitirá al gobierno de María Eugenia Vidal, entre otros puntos y según el caso, acelerar partidas para compras y contrataciones, designar personal en forma directa, incorporar retirados y jubilar o pasar a agentes a retiro.
Se trata de la promulgación de la ley 14.806 -aprobada en la Legislatura el 14 de enero- que dispone, por un plazo de doce meses, la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria” en todo el territorio bonaerense “con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas”.
Alcances de la medida
En ese sentido, la norma faculta a los ministerios de Seguridad y de Justicia a “ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley” lo que implica, en la práctica, la posibilidad de acelerar partidas para realizar compras y contrataciones sin el trámite habitual por los organismos de control del Estado.
Asimismo, se faculta al ministerio de Seguridad a convocar a personal policial retirado a prestar servicios -con intervención de la Secretaría de Derechos Humanos- así como “reasignar funciones y destinos a todo el personal” de las policías bonaerenses y “resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio de acuerdo a lo normado por la legislación y reglamentación vigentes, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso”.
En tanto, la ley permite al ministro de Justicia, durante la vigencia de la emergencia, designar personal en forma directa en el SPB y “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios y extraordinarios del personal”. También se podrá convocar a agentes retirados del SPB.
Al mismo tiempo, la norma establece la creación de una Comisión Bicameral –integrada por tres diputados y tres senadores- que será “de carácter consultivo.
Se trata de la promulgación de la ley 14.806 -aprobada en la Legislatura el 14 de enero- que dispone, por un plazo de doce meses, la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria” en todo el territorio bonaerense “con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas”.
Alcances de la medida
En ese sentido, la norma faculta a los ministerios de Seguridad y de Justicia a “ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley” lo que implica, en la práctica, la posibilidad de acelerar partidas para realizar compras y contrataciones sin el trámite habitual por los organismos de control del Estado.
Asimismo, se faculta al ministerio de Seguridad a convocar a personal policial retirado a prestar servicios -con intervención de la Secretaría de Derechos Humanos- así como “reasignar funciones y destinos a todo el personal” de las policías bonaerenses y “resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio de acuerdo a lo normado por la legislación y reglamentación vigentes, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso”.
En tanto, la ley permite al ministro de Justicia, durante la vigencia de la emergencia, designar personal en forma directa en el SPB y “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios y extraordinarios del personal”. También se podrá convocar a agentes retirados del SPB.
Al mismo tiempo, la norma establece la creación de una Comisión Bicameral –integrada por tres diputados y tres senadores- que será “de carácter consultivo.